Fracasó un juicio por un violento caso tras la confesión del acusado: "Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice"

El acusado, identificado como Franco Jorge Maurín Vargas, compareció ante las autoridades con el objetivo de convalidar un acuerdo que le fijaría la pena de 1 año de prisión efectiva y pagar $300.000 de reparación por daño. Sin embargo, el procedimiento se desmoronó por completo cuando el procesado tomó la palabra para prestar su consentimiento.

“Yo me voy a hacer cargo de algo que no hice, pero acepto el acuerdo”, lanzó Maurín Vargas frente al estrado, sembrando el desconcierto en la sala.

Acto seguido, el imputado buscó dividir su responsabilidad penal frente a los distintos expedientes que penalizan su situación: “Lo de la tobillera es verdad y me hago cargo, pero en lo demás no hice nada, yo no estuve en eso que dicen de la cancha de San Martín”. Visiblemente desgastado por la extensión de las medidas cautelares en su contra, justificó su frustrada confesión en el factor temporal: “Desde hace 8 meses que vengo con la prórroga y más prórrogas para nada. Ya quiero aceptar esto para ya cumplir e irme tranquilo a mi casa”.

Ante la contradicción y la evidente falta de voluntariedad, el juez de Garantías, Diego Sanz, interrumpió de inmediato el interrogatorio de rigor establecido en estos casos. Tras dictar un breve cuarto intermedio para analizar la situación, el magistrado resolvió no hacer lugar al juicio abreviado, fundamentando que el encartado no reconoció de manera íntegra, libre y voluntaria la plataforma fáctica atribuida por el Ministerio Público Fiscal.

Cabe destacar que el convenio implicaba la unificación de diferentes legajos por tres delitos:

-Daño agravado: por haber destruido el dispositivo de monitoreo electrónico (tobillera) mientras cumplía detención domiciliaria.
-Daño y lesiones: en el marco de un enfrentamiento entre dos facciones de la barra de San Martín de San Juan.
-Lesiones leves: derivado de una feroz balacera -donde se efectuaron alrededor de 30 disparos contra una vivienda- en la cual resultó herido un ciudadano con un impacto de bala que demandó diez días de curación.

Revés para la Fiscalía y prórroga de la preventiva

Tras el acuerdo caído, la UFI Genérica, representada en la audiencia por el fiscal Alejandro Mattar, solicitó formalmente la prórroga de la prisión preventiva de Maurín Vargas, cuyo vencimiento operaba el próximo 21 de mayo. Tanto la querella, bajo la asistencia legal del letrado Agustín Idemi, como la defensa técnica, ejercida por el Adolfo Holeywell, no formularon oposición al requerimiento.

Si bien el juez Sanz hizo lugar a la extensión de la medida de coerción por el plazo de 30 días, el tramo final de la audiencia reservó un duro llamado de atención para los representantes del Ministerio Público. El magistrado advirtió severas deficiencias metodológicas y conceptuales en el relato de los hechos y las calificaciones legales presentadas por la fiscalía. En consecuencia, instó formalmente a la UFI Genérica a adecuar las calificaciones jurídicas en un plazo perentorio y a solicitar la correspondiente audiencia de control de acusación.