Este miércoles, el Tribunal Oral Federal dictó una condena de tres años de prisión en suspenso contra Romeo Isidoro Saavedra, un puntero político del PJ en Chimbas, junto a su hija Sol Araceli Saavedra y su hermano Juan José Saavedra. Este hecho ocurrió en el marco de una causa por el manejo irregular de planes sociales nacionales, entre ellos el programa Progresar.
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La Justicia Federal fijó penas condicionales tras el reconocimiento de los hechos. La causa se originó hace nueve años con el hallazgo de decenas de tarjetas sociales en poder de uno de los acusados.
La resolución fue firmada por el juez Hugo Echegaray, quien además dispuso una serie de reglas de conducta para los tres condenados: deberán fijar residencia, someterse al control del Patronato y realizar trabajos comunitarios. En el caso de Juan José Saavedra, también se le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El fallo marcó un giro respecto del pedido de la Fiscalía Federal, que había solicitado una pena de cumplimiento efectivo. Sin embargo, el tribunal resolvió que la condena fuera condicional debido a que los imputados no registraban antecedentes penales.
El caso tiene su origen en un escándalo que salió a la luz hace nueve años, cuando Romeo Saavedra fue detenido en la sede del Banco Hipotecario con 51 tarjetas sociales en su poder. Según la investigación, intentaba cobrar distintos beneficios sociales -cuyos montos en ese momento oscilaban entre los 1.850 y los 8.000 pesos- que no le correspondían, lo que permitió destapar una maniobra más amplia.
A partir de ese episodio, la Justicia avanzó sobre una presunta estructura delictiva vinculada a la utilización fraudulenta de programas sociales, en perjuicio de la Administración Pública Nacional. La causa, que comenzó en el ámbito provincial, pasó luego al fuero federal por la naturaleza de los delitos investigados.
En mayo de este año, durante el proceso judicial, los tres imputados admitieron su responsabilidad en los hechos en el marco de un juicio abreviado. Allí reconocieron los delitos de estafa y asociación ilícita, mientras que a Juan José Saavedra -quien se desempeñaba en la Gerencia de Empleo de la Nación- también se le atribuyó el incumplimiento de los deberes de funcionario público.