Desde un iPhone distribuyó pornografía infantil y fue condenado, pero no irá al Penal de Chimbas

La investigación comenzó a través de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, remitió el caso a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas en virtud de un informe del CyberTipline NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). De acuerdo con los detalles del informe, se determinó que el usuario "Santiagola01", con nombre real Santiago Marcelo Lavado Pérez y vinculado al correo electrónico cruehead2001@gmail.com, había compartido 5 archivos con material ilícito que involucraban abuso y explotación infantil. Los archivos encuadran en los delitos tipificados por el Art. 128 del Código Penal de la Nación, en sus párrafos 1 y 2, referentes a la distribución y tenencia de representaciones de menores de dieciocho años dedicados a actividades sexuales explícitas.

En cuanto a la investigación, se constató que la IP utilizada en los hechos corresponde a la firma Interredes S.A., prestataria del servicio de internet, con el cliente registrado como Marcelo Lavado, cuyo domicilio se encuentra en Barrio Las Marías. Además, la empresa de telefonía AMX Argentina informó que un número de teléfono que pertenece al padre del investigado.

Mediante la verificación del número IMEI, se identificó que el dispositivo utilizado en el momento de los hechos era un teléfono móvil Apple iPhone 13 Pro Max, cuyo IMEI fue consultado a través de la página pública IMEI.info. En el momento del allanamiento, se secuestró un dispositivo de este modelo en posesión del imputado, lo que reforzó las pruebas en su contra.

En consecuencia, y en virtud de las pruebas presentadas, se llegó a un acuerdo de juicio abreviado, que resultó en la declaración de culpabilidad de Lavado Pérez. El imputado fue condenado a una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por su autoría material en la distribución y tenencia de material de abuso infantil, conforme al Art. 128, primer y segundo párrafo del Código Penal. También se le impuso la obligación de pagar las costas del juicio y cumplir con varias condiciones durante dos años, como constituir un domicilio real, someterse al control del Patronato correspondiente, y abstenerse del uso de estupefacientes y el consumo abusivo de bebidas alcohólicas.

El condenado mantendrá su libertad en el proceso, sin perjuicio de quedar a disposición de cualquier otra autoridad judicial que lo requiera.