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SUSCRIBITEEs hijo de una familia adinerada. Los defensores oficiales piden que lo declaren inimputable y de esa manera zafaría de la grave acusación. Para la fiscalía es consciente de sus actos.
Imagen ilustrativa
Se alarga la decisión en torno al hijo de un abogado y una bioquímica que está sospechado de distribuir videos de niños víctimas de abusos sexuales y a quien intentan salvar del proceso penal por una supuesta enfermedad mental. El fiscal sostiene que es consciente de sus actos y puede afrontar el proceso penal, pero los defensores oficiales presentaron distintas objeciones para frenar la causa. Así pasaron cinco meses y este viernes podría haber novedades.
Por orden de la jueza de garantías María Carolina Parra y por pedido del ayudante Javier Quiroga y la defensora oficial Cecilia Mut, se prohibió divulgar la identidad y la imagen del joven de 21 años, hijo de una familia adinera que recurrió a los servicios gratuitos de Ministerio Público de la Defensa. Esto a diferencia otros casos similares y más graves, en donde se permite a la prensa tomar registro de imágenes y datos personales del imputado en las audiencias que son públicas.
El caso estalló a fines de julio o agosto cuando el personal de UFI Delitos Informáticos y Estafa recibió los reportes que revelaron el tráfico de material de pornografía infantil desde la cuenta de este joven. Según fuentes judiciales, se descubrió que el muchacho distribuyó un video con imágenes de abuso y explotación sexual infantil a 17 personas por medio de la aplicación de WhatsApp. También compartió un video prohibido de la misma característica a otro de sus contactos, agregaron.
Para los investigadores, no es sencillo tomar contactos con los pedófilos que hacen circular estos videos o ingresar a las plataformas clandestinas en las que comparten estos materiales. Por eso se cree que el muchacho sabía lo que hacía.
En base a esas pruebas, el fiscal Eduardo Gallastegui pidió la audiencia para imputar formalmente al joven y someterlo a la investigación por distribución de pornografía infantil, pero desde el inicio la defensoría oficial se opuso. La audiencia de formalización fue suspendida una y otra vez por los planteos de la defensa, que sostiene que el muchacho padece de problemas de salud mental.
La jueza Carolina Parra ordenó que una junta médica de la Corte de Justicia le practicara exámenes. Ahora bien, fuentes judiciales aseguraron que ese informe reveló que el joven, que cursa el nivel secundario en una escuela de adultos y presenta un leve retraso madurativo, puede comprender sus acciones y someterse al proceso penal. La defensa hace otra interpretación de las conclusiones de los médicos y sostienen lo contrario. Desde hace meses se sigue dando vueltas sobre el mismo punto y la Defensoría Oficial, a instancia de la familia, busca hacer zafar al joven.
El martes último hubo otra audiencia y el contrapunto entre las partes continuó. Fue así que la juez Parra pidió que otra junta médica practique nuevos exámenes al joven y corrió la próxima audiencia para este viernes. Mientras tanto el joven sigue en su casa desde hace cinco meses.