miércoles 4 de diciembre 2024

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo en puerta

Una familia adinerada sanjuanina busca evitar que su hijo sea investigado por pornografía infantil e impide dar su nombre

Tiene 21 años. Detectaron que compartió videos de abuso sexual infantil con 17 personas. El caso fue denunciado en octubre, pero hasta la fecha no pueden formalizar la investigación porque sostienen que es inimputable.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Distribuyó un video con imágenes de niños abusados sexualmente a 17 personas y después compartió otro material similar a uno de sus contactos. Por esto y mucho menos, investigaron sin distinción a posibles autores de estos delitos y muchos casos los enviaron a la cárcel. Sin embargo, desde agosto pasado la UFI Delitos Informáticos y Estafas tiene frenada la causa penal contra el hijo de una familia adinerada de San Juan porque su defensa presenta recursos y sostiene que el joven es un enfermo mental. Hasta consiguió que una jueza ordene a la prensa no divulgar su identidad y la de sus padres, como tampoco publicar fotos de ellos.

La medida fue ordenada por la jueza de garantías María Carolina Parra, quien hizo lugar al insólito pedido del ayudante Javier Quiroga y la defensora oficial Cecilia Mut de prohibir cualquier información que permita identificar al sospechoso, con el argumento de que puede vulnerarse el estado del joven por su supuesta inimputabilidad. Por el contrario, el fiscal Eduardo Gallastegui insiste en que puede someterse al proceso y hay un informe médico que revela que el muchacho de 21 años posee una dificultad, pero es consciente de sus actos.

La discusión gira en torno a si es o no un enfermo mental. La familia del joven pretende impedir que se lo investigue por un delito tan aberrante como la distribución de material de abuso y explotación sexual infantil.

Partes.jpg
La defensora oficial Cecilia Mut y el ayudante Javier Quiroga. A la derecha, el fiscal Eduardo Gallastegui y su ayudante, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La defensora oficial Cecilia Mut y el ayudante Javier Quiroga. A la derecha, el fiscal Eduardo Gallastegui y su ayudante, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El muchacho tiene 21 años y cursa sus estudios en una escuela para adultos. Según fuentes judiciales, el padre es abogado y la madre, una profesional de la medicina. La familia es de Rivadavia, es conocida en San Juan y posee una holgada posición económica, afirmaron. Sin embargo, recurrieron a los servicios gratuitos de la Defensoría Oficial para asistir a su hijo. Habitualmente, el asesoramiento o la representación de los defensores oficiales está reservado para las personas pobres o que no cuentan recursos.

El caso es polémico porque a diferencia de otros del Sistema Acusatorio que se avanza y resuelve en cuestión días, esta causa lleva ya cuatro meses y la fiscalía no consigue siquiera que se pueda formalizar para habilitar la investigación penal preparatoria. Mientras tanto, la familia del joven, por medio de la defensoría oficial, consiguió que la jueza Parra le concediera la prisión domiciliaria.

Esto empezó en agosto pasado cuando el personal de UFI Delitos Informáticos y Estafa recibió los reportes a través de los cuales detectaron el tráfico de material de pornografía infantil desde la cuenta de este joven. En ese informe señalaron que se descubrió que el muchacho distribuyó un video con imágenes de abuso y explotación sexual infantil a 17 personas por medio de la aplicación de WhatsApp, según fuentes judicial. Después compartió un video prohibido de la misma característica a otro de sus contactos.

La jueza.jpg
La jueza de garantías María Carolina Parra.

La jueza de garantías María Carolina Parra.

Fuentes judiciales afirmaron que no es fácil tomar contactos con los pedófilos que hacen circular estos videos o ingresar a las plataformas clandestinas en las que comparten estos materiales. Por esa razón sostienen que el joven sabía lo que hacía, más allá que pueda tener un posible trastorno o un problema de madurez.

En base a esas pruebas, la fiscalía pidió la audiencia para imputar formalmente al joven y someterlo a la investigación, pero la misma viene siendo interrumpida una y otra vez. Desde el primer momento los defensores oficiales presentaron documentación para demostrar que el joven tiene problemas de salud mental, pero el fiscal entiende que el informe de una junta médica de la Corte reveló que sí puede ser sometido a proceso.

La defensoría sostiene que ese informe oficial es ambiguo e insiste en que el joven es inimputable. Lo cierto es que pasaron varias audiencias en donde se escuchó a psicólogos y psiquiatras y la jueza aún no resuelve. Mientras tanto su familia logró que se prohíba difundir su identidad e imágenes suyas.

La próxima audiencia se realizará la semana que viene y se supone que habrá una resolución con relación al joven, cuya familia adinerada buscan hacerlo zafar de la Justicia en una causa por demás aberrante.

Tiempo de San Juan

Suplementos

Contenido especial

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video del violento asalto en un hotel alojamiento en capital: paseo a la empleada con un arma en la cabeza

Las Más Leídas

Casi 600 kilómetros a pie por amor al Verdinegro: la loca travesía de cuatro amigos para alentar a San Martín en la final
Alberto Hensel, el denunciante.
Juan Gallerano, con el micrófono en mano, tomando la palabra ante el juez de Garantías. En el medio de la audiencia, uno de los imputados de la mega estafa con lotes decidió hablar. video
Alejandro Pedro Bulgheroni y Eduardo Eurnekian, dos de los más ricos y con inversiones en San Juan.
El triángulo de hierro de Carlos Munisaga en Rawson

Te Puede Interesar