Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl joven deberá cumplir una pena de tres años de prisión condicional y someterse a un tratamiento integral.
Con la cara bruleada durante el proceso judicial por orden de la Justicia.
En una audiencia llevada a cabo este 30 de diciembre, la jueza Ana Carolina Parra condenó a Juan Ignacio Raso Lloveras, de 24 años, por el delito de distribución y tenencia de material de abuso y explotación infantil. La pena impuesta fue de tres años de prisión condicional, junto con el cumplimiento de estrictas reglas de conducta y tratamiento psicológico y psiquiátrico.
El caso comenzó con un reporte internacional recibido por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, que detectó la distribución de videos ilegales a través de WhatsApp. La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui, vinculó dichas actividades a Raso Lloveras, quien residía en el barrio Profesional, en Rivadavia.
Durante el proceso judicial, la defensa, encabezada por Cecilia Mut, argumentó la inimputabilidad del acusado, basándose en su estado mental. Sin embargo, tras varias juntas médicas y análisis psicológicos, se determinó que el joven es imputable y que su edad mental es equivalente a la de un adulto.
En un juicio abreviado, Raso Lloveras admitió los hechos y aceptó las condiciones de la condena. Además de la pena condicional, deberá fijar domicilio, abstenerse de consumir sustancias prohibidas o abusar del alcohol, y comenzar un tratamiento integral antes del 15 de febrero de 2025, bajo supervisión del Patronato de Liberados.
El caso generó conmoción en San Juan, ya que el acusado pertenece a una familia reconocida -conformada por un conocido abogado y una médica bioquímica- y con importantes recursos económicos. Las autoridades recalcaron que la investigación se realizó con la cooperación de organismos internacionales y con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas, que permanecen sin identificar.
La jueza también ordenó la sanitización de los dispositivos electrónicos secuestrados en la investigación, en un intento de garantizar la eliminación definitiva del material ilegal.