Este próximo 21 de octubre se conocerá la sentencia del juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea y, en ese marco, Tiempo de San Juan recopiló los hechos más importantes del caso que sacudió a los sanjuaninos y que, tras conocer el fallo de la Justicia Federal, marcará la historia judicial de la provincia. Es que la causa del ingeniero desaparecido el 28 de septiembre de 2004 fue la primera en investigarse -como desaparición forzada- en tiempos de democracia.
A la espera de la resolución del tribunal integrado por las juezas Eliana Rattá como presidenta, y sus pares de la provincia de San Luis, Gretel Diamante y María Carolina Pereira, la cronología de una desaparición.
Los que se sientan en el banquillo de los acusados son: Luis Moyano (miembro de la comisión ejecutiva de la Mutual del Personal de la UNSJ y secretario de Promoción Social del gobierno de José Luis Gioja), Miguel del Castillo (exintegrante de la mutual de la UNSJ), Eduardo Oro (exintegrante de la mutual), Luis Alonso (exintegrante de la mutual), Miguel González (exjefe de la Policía de San Juan), Mario León (exjefe de Seguridad Personal de la Policía), Alberto Flores (expolicía exonerado de la fuerza) y Aurora Ahumada (empleada de la Mutual).
Los primeros siete afrontan la prisión perpetua, mientras que la octava procesada podría recibir 10 años de cárcel. Por su parte, Juan Marcelo Cachi (exsecretario del Consejo de la UNSJ) y Sebastián Cortés Páez (supuesto arrepentido), resultarían absueltos luego de que fiscalía y querella desistan de pedir penas para ambos.
El comienzo
El 28 de septiembre de 2004 se perdió el rastro de Raúl Félix Tellechea en Desamparados, tras regresar de una cena con su pareja. La misteriosa desaparición encendió las alarmas de su entorno inmediato, ya que el hombre dejó en su vivienda objetos de uso diario vitales, como su bicicleta, anteojos, billetera y la insulina que requería para su tratamiento médico. Ante este escenario, al día siguiente, su familia radicó la denuncia formal; de inmediato, su hijo Gonzalo apuntó directamente contra los directivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), institución con la que Tellechea había mantenido severas discusiones previas.
La respuesta de la Mutual no tardó en llegar: apenas 24 horas después de la denuncia familiar, los directivos de la entidad acusaron penalmente al desaparecido por una presunta defraudación económica. Esta maniobra desvió inicialmente el foco de la investigación, permitiendo que la Policía y diversos medios de comunicación instalaran con fuerza la hipótesis de una fuga voluntaria con fondos robados. El conflicto judicial escaló el 12 de octubre de ese mismo año, cuando el juez Leopoldo Zaballa Pringles ordenó la captura nacional de Tellechea, una decisión que las fuentes judiciales de la época catalogaron como una "medida formal y necesaria" ante la presunta estafa.
En medio del desvío institucional de la causa, la presión social y las pistas alternativas comenzaron a emerger. A mediados de noviembre, un joven llamado Sebastián Cortez Páez se comunicó con el hijo de la víctima para asegurarle que su padre había sido secuestrado y enterrado en Ullum. Paralelamente, entre octubre y diciembre de 2004, la indignación popular dio origen al colectivo "Todos x Raúl", un movimiento de familiares y amigos que copó las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo exigiendo su aparición con vida y denunciando que la justicia se ensañaba con la víctima en lugar de investigar a la Mutual. El complejo panorama legal forzó un giro procedimental el 11 de febrero de 2005, cuando el juez Eduardo Gil se declaró incompetente, provocando que el caso pasara al Juzgado de Instrucción N.º 2 y que el juez Zavalla Pringles unificara finalmente las causas de desaparición y presunto fraude.
Vericuetos de la investigación
Entre octubre y noviembre de 2005, la investigación por la desaparición de Raúl Tellechea experimentó un fuerte sacudida con la reaparición de Sebastián Cortez Páez. El denominado "arrepentido" amplió su declaración ante las autoridades judiciales, ratificó su relato inicial y aportó croquis específicos sobre el supuesto entierro del ingeniero en Ullum, señalando además a los presuntos autores del hecho; sin embargo, los rastrillajes volvieron a arrojar resultados negativos. Ante la gravedad de sus propias afirmaciones, el 14 de diciembre de ese año, el juez Leopoldo Zavalla Pringles procesó a Cortez Páez por homicidio agravado por alevosía y participación criminal, ordenando su inmediato traslado y detención en el Penal de Chimbas.
La situación del único detenido dio un vuelco drástico un año después, el 6 de diciembre de 2006, cuando la Sala I de la Cámara Penal, conformada por los magistrados Diego Molina y Raúl José Iglesias, anuló su procesamiento por falta de mérito y fundamentos, otorgándole la libertad aunque manteniéndolo imputado. Apenas 24 horas después de salir de prisión, Cortez Páez encendió la polémica al confesar en una entrevista con el Diario de Cuyo que había mentido en sus declaraciones iniciales, alegando que su versión del secuestro había sido inducida por terceros vinculados a la Mutual de la UNSJ. Esta retractación, que lo ligaba estrechamente con figuras como Miguel del Castillo y Luis Moyano, fue denunciada inmediatamente por la familia de Tellechea como una burda maniobra de encubrimiento.
El estancamiento de la pista del "arrepentido" abrió paso a definiciones cruciales en la tipificación legal del caso. El 19 de septiembre de 2007, el juez Zavalla Pringles dictó el sobreseimiento definitivo de Raúl Tellechea en la causa por defraudación, al no registrarse pruebas en su contra ni reclamos por parte de la Mutual. Con la falsa acusación de robo desestimada, el magistrado dio un giro histórico a la investigación el 23 de abril de 2008, al modificar formalmente la carátula de la causa a "Desaparición Forzada". Finalmente, el 28 de septiembre de 2011, al cumplirse siete años del hecho, la familia Tellechea y su abogado, Conrado Suárez Jofré, dieron un paso estratégico definitivo al solicitar el pase del expediente al fuero federal para que continúe la búsqueda bajo dicha figura penal internacional.
Camino en la Justicia Federal
El derrotero judicial del caso Raúl Tellechea alcanzó un hito clave el 10 de mayo de 2012, luego de que la Cámara Federal de Mendoza revirtiera la incompetencia dictada en primera instancia y aceptara el pase del expediente al fuero federal. La causa quedó bajo la tutela del juez Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado, abriendo un extenso período de instrucción entre 2012 y 2014 centrado en la producción de pruebas bajo un estricto secreto de sumario. Esta etapa de recolección probatoria culminó formalmente el 28 de septiembre de 2015, cuando el juez Rago Gallo dictó el procesamiento de Luis Moyano, Eduardo Oro, Miguel del Castillo, Luis Alonso, Alberto Flores y Sebastián Cortez Páez, señalados como los principales responsables del hecho, mientras que benefició a Juan Marcelo Cachi con la falta de mérito.
La resolución judicial generó una inmediata reacción de las defensas, quienes en octubre de 2015 apelaron el fallo que los acusaba de haber secuestrado y hecho desaparecer al ingeniero para encubrir una trama de fraude dentro de la Mutual de la UNSJ; no obstante, la hipótesis firme de la resolución sostenía que los imputados planificaron de manera coordinada "callar al ingeniero". Lejos de enfriarse, la causa sumó un "pedido explosivo" el 22 de septiembre de 2016, cuando el abogado querellante Conrado Suárez solicitó formalmente la indagatoria del exjefe de la Policía de San Juan, Miguel Ángel González, y del exjefe de la División de Seguridad Personal, Mario León, sembrando sospechas directas sobre la cúpula policial de la época.
El entramado de complicidades institucionales terminó de consolidarse en los meses siguientes. El 6 de febrero de 2017, la Cámara Federal de Mendoza ratificó los procesamientos de los civiles implicados, e incluso el juez Roberto Nacif consideró de manera contundente que los imputados debían permanecer bajo prisión preventiva dada la extrema gravedad del delito. Finalmente, el 14 de septiembre de 2017, el fiscal Maldonado dio curso a las sospechas sobre el aparato estatal y solicitó indagar formalmente al exjefe González, al exsecretario de Seguridad, Mario León, y a la empleada Aurora Ahumada por los delitos de encubrimiento y manipulación de pruebas, lo que obligó al juez Rago Gallo a ampliar definitivamente el alcance de la investigación.
El juicio y su final
Tras sostener el reclamo en las calles de San Juan entre 2018 y 2021 mediante masivas marchas cada 28 de septiembre, la familia de Raúl Tellechea y el colectivo "Todos x Raúl" lograron un hito institucional sin precedentes el 12 de diciembre de 2022. En esa fecha clave, el Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado por las juezas Eliana Ratta, Gretel Diamante y Carolina Pereira, dio inicio al debate oral y público, constituyendo el primer juicio por desaparición forzada en democracia ocurrido en la provincia. El debate se extendió a lo largo de casi tres años mediante transmisiones en vivo por streaming, un proceso de enorme complejidad que sentó en el banquillo de los acusados a 10 imputados, entre ellos cuatro antiguos funcionarios públicos, y contó con la declaración de 238 testigos.
La fase de resoluciones definitivas se aceleró en el primer semestre de 2025 con la presentación de los alegatos de clausura. El 25 de marzo de ese año, el abogado querellante Conrado Suárez Jofré abrió la ronda exigiendo la pena de prisión perpetua para siete de los procesados (Moyano, Del Castillo, Alonso, Oro, Flores, González y León), mientras que solicitó 10 años de prisión para Aurora Ahumada y desistió de avanzar contra Sebastián Cortez Páez y Juan Marcelo Cachi. Esta postura acusatoria fue ratificada plenamente el 7 de abril por el fiscal Francisco Maldonado, quien coincidió en el pedido de perpetua para el núcleo principal de los sospechosos y la pena menor para la empleada infiel.
Posteriormente, entre abril y octubre de 2025, el tribunal escuchó las pretensiones y los descargos de las defensas de los 10 imputados en una extenuante etapa que se prolongó durante seis meses. La histórica cronología judicial de más de dos décadas de impunidad y búsqueda cerró su capítulo definitivo el 21 de octubre de 2025. Tras evaluar los duros alegatos de la fiscalía y la querella, el tribunal se dispuso a dictar la sentencia final, con una alta expectativa de un fallo condenatorio para 8 de los implicados en la desaparición del ingeniero sanjuanino.