Caso 'Fusión Gastronómica': el dueño la sacó barata, deberá pagar $100.000 y trabajar gratis

Pacheco Tozzi solo pagará una reparación simbólica de 100.000 pesos para merenderos, hará 60 horas -en el plazo de 5 meses- de trabajos comunitarios en la Municipalidad de Capital y un plazo de 1 año de suspensión de juicio a prueba por el delito de adulteración peligrosa de sustancias alimenticias cometido con negligencia en perjuicio de la administración pública.

La fiscalía representada por Adrián Riveros y Emiliano Pugliese expresaron que más de 30 personas se intoxicaron con alimentos que fueron enviados a través de “Pedidos Ya” de los cocales ‘Fusión Gastronómica’ ubicados en Capital y Rivadavia. Muchos tuvieron síntomas de intoxicación, pero varios tuvieron que ser hospitalizados ya que corrió riesgo su vida.

También demostraron que parte de los alimentos pudieron ser recuperados por Saneamiento, se le hizo un análisis y encontraron en ella las bacterias de sulfato reductoras anaeróbicas y salmonella. El estudio hecho por las autoridades sanitarias determinó que los alimentos fueron los causantes de estas intoxicaciones por el elevado número de baterías que se encontró en ellas.

Las comidas en mal estado fueron el 80% por tacos, 2 denuncias por pachatas en mal estado y 1 en ensaladas. Los síntomas que sintieron las personas perjudicadas fue fiebre, diarrea, calambres en las extremidades, cefalea, vómitos, entre otros.

Con la investigación se pudo determinar que el local ubicado en Capital, por Avenida Córdoba (clausurado el 13 de octubre) estaba habilitado por Salud Pública. Pero el local de Rivadavia por Avenida Libertador no estaba habilitado, es más, hay un acta del 8 de septiembre que se debía presentar de forma urgente la habilitación del lugar si no iba a ser clausurado, cabe aclarar que está con las puertas cerradas desde el 17 de octubre por disposición de Salud Pública.

Los fundamentos de fiscalía para llegar a este acuerdo de probation para Pacheco Tozzi fue porque no cuenta con antecedentes penales y por consecuencia no ha sido condenado. Por tal razón el fiscal prestó su consentimiento para llegar a este acuerdo. La defensa a cargo de Franco Montes, dio a lugar a lo dicho por la fiscalía y estuvo de acuerdo ante lo expuesto.

Finalmente, el juez de Garantías, Andrés Abelin Cottonaro dio a lugar y resolvió otorgarle la suspensión de juicio a prueba a este hombre por el término de 1 año, las tareas comunitarias y la reparación simbólica de 100.000 pesos que deberá pagar en 2 cuotas, una entre el 1 al 10 de enero de 2023 y la otra del 1 al 10 de febrero del mismo año.