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SUSCRIBITE Los siete policías de la Comisaría 5ta y Comando Radioeléctrico, que la semana pasada participaron de la detención de una menor en el Skate Park de Capital, afrontan una grave acusación y, como consecuencia, serán imputados por al menos cuatro delitos: por privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones y ocultamiento de pruebas.
En ese sentido, cada uno de los uniformados -si la investigación judicial así lo revela- deberá asumir su responsabilidad dentro del procedimiento que generó polémica y no sólo se debate en el ámbito penal sino que también causó revuelo puertas adentro, pues se iniciaron sumarios administrativos contra 8 efectivos y removieron a los jefes de las jurisdicciones implicadas.
La pena que podrían recibir por privación ilegítima de la libertad, según estipula el artículo 143 del Código Penal Argentino, oscila de uno a tres años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo.
Por otra parte, por el delito de apremios ilegales, que figura en el artículo 144 bis, los policías podrían ser reprimidos con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo. Acorde el CP, esa pena podría aplicarse si se comprueban cualquiera de las siguientes situaciones:
"El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privase a alguno de su libertad personal;
el funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales;
el funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones, o apremios ilegales".
Según indica el Sistema Argentino de Información Jurídica, el ocultamiento de pruebas o destrucción de las mismas con entidad delictual debe ser maliciosa, es decir, provocada con la finalidad de privar, ante una eventual investigación de cualquier carácter, a la autoridad de elementos de convicción para el evento investigado.
En el Código Procesal Penal de la provincia, en su artículo 546, señala que el funcionario público, particular o grupo de éstos que incumpliere los requerimientos del Juez del hábeas corpus o lo hiciere fuera de los términos fijados, se impondrá al denunciante multa de hasta diez (10) veces el salario mínimo del escalafón judicial o arresto de uno (1) a cinco (5) días.
La versión de la presunta víctima
La menor involucrada denunció que fue agredida y maltratada por policías que la detuvieron. La chica de 15 años aseguró que los uniformados la tiraron al piso, que la golpearon, que después la desvistieron en la comisaría y le hicieron firmar un acta en la que señalaban que no presentaba lesiones, según fuentes judiciales.
Aseguró que se estaba yendo cuando vio que detuvieron a otra chica, que entonces regresó a ver qué pasaba y los uniformados le pidieron su DNI, según fuentes del caso. La adolescente indicó que ante eso ella decidió marcharse, que ahí una mujer policía le puso una zancadilla y la tumbó al suelo. Que se levantó y quiso correr, en ese momento un policía se le tiró encima y la arrojó de nuevo al piso, según las versiones. Y que mientras estaba tendida, la golpearon y forcejearon con ella hasta que la esposaron, de acuerdo al relato.
Contó que luego la subieron a un patrullero y no dejaron que su madre -que llegó minutos más tarde- se la llevara a su casa. Al rato la trasladaron en la Seccional 5ta y la hicieron pasar a un sector frente a los calabozos, donde la obligaron a quitarse la remera y el pantalón para ver si tenía heridas, contó en su declaración. También denunció que los uniformados le hicieron firmar un acta en la que escribieron que no presentaba lesiones, siendo que tenía moretones producto de la agresión. Esto último fue acreditado por un médico legista.