justicia sanjuanina

El CAVIG se declaró incompetente de otra denuncia contra el médico imputado por abuso

Se trata de la causa de José Andrés Navarro, profesional que cumplía sus funciones en una clínica céntrica. El porqué de esta decisión.
miércoles, 16 de junio de 2021 · 18:00

En abril último, José Andrés Navarro -médico de la provincia y que tenía su consultorio en el CEAC- fue imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Su nombre y rostro se dieron a conocer en los diferentes medios y por esta razón, otra mujer fue al CAVIG y lo denunció por un hecho de las mismas características en 2018.

Tal como adelantó Tiempo de San Juan el pasado 21 de mayo, la UFI CAVIG se declaró incompetente a esta causa del 2018. Este caso recayó al Segundo Juzgado de Instrucción y por esta razón el CAVIG no puede investigarlo, porque la causa no puede ser pesquisada por dos fueros diferentes, así lo declaró el fiscal José Plaza del CAVIG.

La audiencia se realizó este miércoles por la mañana en la Sala V del Sistema Acusatorio. El pasado 21 de mayo no se realizó la audiencia porque hubo un problema de comunicación y el imputado -al igual que su defensa- no fueron debidamente notificados.

Sobre el hecho que ocurrió en 2018, se pudo saber que la paciente presuntamente abusada se sintió desprotegida e incomoda cuando aparentemente Navarro le estaba colocando una inyección en la cola. Ante esta situación fue a la Comisaría de la Mujer y radicó la denuncia.

En el último caso que está imputado este hombre, la jueza de garantías Gema Guerrero resolvió: formalizar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el plazo de un año e imputarlo por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Dictarle al acusado medidas coercitivas. La primera, prohibirle las salidas de la provincia sin autorización previa; segunda, prohibición de acercamiento a la víctima, la clínica CEAC y todo el personal con el que el imputado se vinculó en el día del hecho en un radio de 300 metros. Como así también, prohibición de todo tipo de contacto por cualquier medio (redes sociales, telefonía, entre otras) con un plazo de 60 días; tercera, ordenar una caución real de $100.000 la que deberá tramitarse a través de la OMA, previo a poner en libertad al imputado.

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