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Causa de explotación en Sarmiento: confirmaron cómo operaban y hay tres procesados

En la lista de imputados está el matrimonio boliviano que daba asilo a los trabajadores golondrinas en Sarmiento y un facilitador que hacía de nexo en Salta. Las pruebas señalan que hubo trata de personas y una situación de vulnerabilidad para 11 personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Finalmente la Justicia Federal procesó al matrimonio denunciado de explotar laboralmente y apropiarse de los documentos de identidad de 11 trabajadores rurales en Sarmiento. Se trata de Ricardo Guzmán Cruz y Flora Choque Villalobo, ambos oriundos de Bolivia que se dedicaban a juntar cuadrillas de trabajadores golondrinas para empresas de renombre en el cultivo de aceituna. Fue el juez Leopoldo Rago Gallo quien reunió todas las pruebas presentadas y llegó a la conclusión de procesar a la pareja por considerarlos coatuores de trata de personas, agravada por la cantidad y la situación de vulnerabilidad de las víctimas, sumado al delito de explotación. Además hay un tercer procesado, el salteño Iván Alberto Herrera, que fue apuntado como presunto nexo para conseguir a las personas procedentes del norte argentino. 

La resolución trascendió el pasado miércoles y el procesamiento fue sin prisión preventiva porque el juez entendió que no hay riesgo que se fuguen. De todas maneras los delitos que les imputan son complejos, y en caso que se los encuentre culpables, las penas van de 8 a 12 años de cárcel por el agravante de la consumación de la explotación.
El hecho salió a la luz en marzo pasado por la denuncia de una mujer de Salta que señaló las precarias condiciones en las que vivían y otros inconvenientes que se daban en el trato con los empleadores.  

Estas declaraciones junto al resto de las pruebas confirmaron que el matrimonio boliviano se contactó con Herrera para traer a 11 trabajadores de Salta pagándole los pasajes a San Juan con el incentivo de una tentadora oferta laboral. También les prometieron hospedaje, pero una vez arribados, descubrieron que tenían que costear el alquiler, los pasajes de ida, la comida y conseguir el agua. Además les retuvieron los documentos de identidad como garantía de pago por si alguno desistía y se quería marchar, antes de hacerlo, tenía que irse pagando las deudas contraídas. El juez también encontró pruebas firmes que los trabajadores eran  sometidos a extensas horas laborales y que el pago por cajón de aceituna era de 150 pesos. Por otra parte, le suministraron pocas herramientas, aclarando que,  si las rompían, se las iban a descontar de la paga. También avalaron que los trabajadores convivían en condiciones por demás precarias y que no existía ninguna medida para evitar los contagios de coronavirus. 

Con todos esos elementos, Rago Gallo destacó que Guzmán y Choque recibieron a los trabajadores en las instalaciones de su casa para sacar un "beneficio económico". Ya que el primero, además, era el que los trasladaba hacia la finca San Juan Del Sol y  obtenía el 5 por ciento de cada caja que cosecharan.

Por otra parte, este es el segundo caso de trata laboral en un estado avanzado de investigación, ya que el primero está a punto de tratarse en un juicio oral y público. Será en el segundo semestre de este año que se llevará un juicio similar en el Tribunal Oral Federal, bajo la presidencia de Eliana Rattá. Los acusados son el productor Jorge Carrascosa y el cuadrillero Julio Córdoba. El primero está señalado de explotar laboralmente a unos 25 trabajadores golondrinas de Tucumán y someterlos a pésimas condiciones de empleo y alojamiento en dos fincas y una casa de su propiedad. El segundo se encuentra bajo la sospecha de ser el encargado de captar a seis de esas víctimas y trasladarlas a San Juan a través de engaños. El caso estalló el 18 de noviembre de 2014 tras operativos en Albardón.

Establecimiento de Domingo Rodríguez en Sarmiento. 

Además queda pendiente un tercer caso de presunta explotación laboral que surgió en la misma semana de marzo donde allanaron la vivienda del matrimonio boliviano. Y es que a pocos kilómetros detectaron lo que sería "el caso más crítico de explotación laboral", en palabras de Oscar Bernard del RENATRE cuando señaló el establecimiento de un salteño llamado Domingo Rodríguez. El mismo tenía en boxes numerados a 120 trabajadores rurales procedentes del norte argentino y otras provincias en condiciones de vida deplorables.  

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