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SUSCRIBITE Tras las cuatro primeras denuncias que se radicaron en la Justicia contra STOTAC por presunta estafa con las viviendas que financia el IPV, fuentes allegadas confirmaron que en una semana y media se sumaron otras dos denuncias que componen la causa que investiga el Segundo Juzgado de Instrucción y que tiene en la mira a las autoridades gremiales, que por el momento se mantienen en silencio.
Sin comunicado oficial ni respuestas por parte de los titulares del sindicato de camioneros en la provincia, ante las consultas realizadas por este medio, desde la Justicia confirmaron que el fiscal titular de la Fiscalía Nº 2, Alejandro Mattar, requirió la instrucción del caso y desde el juzgado de la jueza Mabel Moya ya se ocupan del tema.
Con 6 denuncias formales en total, se sumarían otras 5 denuncias según comentó el abogado que representa a esas familias, Leonardo Miranda, quien advirtió que se acumularían en el mismo expediente. Sin embargo, altas fuentes confirmaron que la presentación que advierte el letrado aún no sucede.
Voceros judiciales informaron que se solicitó un informe al IPV para que colabore con la investigación y ponga en conocimiento a la Justicia sobre el accionar que tuvo STOTAC en la situación. Los denunciantes aseguraron que a pesar de haber pagado durante años una carpeta para conseguir su casa propia, a través del gremio de los camioneros, ni siquiera están registrados en el Instituto Provincial de la Vivienda.
"Sabemos que el IPV no tiene ninguna responsabilidad sobre esto, que ellos reciben un listado con los nombres de los adjudicatarios y en función de ello se organizan para la entrega", indicaron.
Según explicaron desde la parte denunciante, en abril de este año comenzaron las sospechas cuando la entrega del barrio de STOTAC fue anunciada. "Los que habíamos estado pagando las carpetas y que todos los años éramos llamados para actualizar el papeleo fuimos a averiguar al sindicato cuál era el estado de situación de nuestros trámites, pero siempre encontraban alguna excusa para no atendernos", contó uno de los denunciantes.
Después de insistir en varias oportunidades y no obtener ninguna respuesta de parte del gremio, dijeron que consultaron en el IPV el listado de adjudicatarios que recibiría las viviendas y ahí constataron que no figuraban. A partir de entonces comenzó el desfile de cartas documentos y cartas notariales que no habrían sido contestadas.
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