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en la mira de la justicia

Médicos sanjuaninos provida zafaban de una pena, pero se la cambiaron del palo a último momento

Los dos ginecólogos y la abogada acusados de varios delitos por intentar impedir un aborto en 2018 fueron absueltos por el juez de la causa, pero la fiscal apeló el fallo y ahora todo se definirá en un tribunal superior.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Después de un año y siete meses de investigar a los médicos sanjuaninos y a la abogada que intentaron impedir un aborto a una menor con discapacidad víctima de una violación, contemplado en la ley, el juez que investigó la causa -Matías Parrón- tomó la decisión de absolverlos por los delitos que se los acusaba: falsa denuncia, violación a la intimidad y usurpación de funciones. Por ese motivo, la fiscal que entendió en el expediente apeló la decisión y ahora será la Cámara de Apelaciones la que definirá la situación procesal de los imputados.  

En agosto de 2018, el caso trascendió en los medios cuando la justicia comprobó que una niña de 14 años había sido abusada sexualmente y producto de ello había quedado embarazada. Por esa razón se activó el protocolo de Salud Pública para llevar adelante la interrupción legal del embarazo, pero antes de que se practicara el aborto no punible hubo tres personas intentaron que no sucediera: los médicos Federico Bazán, Federico Antequeda y la abogada Paola Miers.

Con la menor internada en el Hospital Rawson, en el área de Pediatría, Antequeda -que desarrolla tareas en el Servicio de Ginecología- accedió a la historia clínica sin autorización y con el ecógrafo -propiedad del Estado- le realizó una ecografía. Todo esto ocurrió ante la presencia de Bazán y Miers, quienes no sólo tomaron conocimiento del cuadro de salud de la nena sino que también hablaron con ella y su madre, con intenciones de convencerlas de que desistieran del aborto, según indicaron fuentes judiciales. 

Finalmente la menor fue sometida a la intervención quirúrgica el 25 de agosto, por lo que los profesionales provida iniciaron acciones legales contra las autoridades del Rawson y denunciaron la ilegalidad del aborto un día después, en el Segundo Juzgado de Instrucción. El entonces fiscal Daniel Galvani pidió que esa acusación se desestimara y solicitó al magistrado en turno que investigara a los denunciantes. "Los presuntos delitos cometidos por los denunciantes deben ponerse en conocimiento de la fiscalía correccional de turno para investigarlos", sostuvo.

Así, la causa fue remitida al Quinto Juzgado Correccional y contó con la intervención de la representante del Ministerio Público Silvina Gerarduzzi, quien ahora se opuso al fallo del juez Parrón. Si bien el magistrado no los encontró responsables de los delitos que se les achacaba, para Gerarduzzi hubo una valoración parcializada de las pruebas y una interpretación errónea del derecho por parte de su señoría. 

Miers y Bazán, personas  ajenas a la planta de personal del Hospital Rawson, en compañía del doctor Antequeda, ajeno este último al servicio de Pediatría de dicho nosocomio, habrían irrumpido en la habitación donde estaba la menor y habrían hablado con la madre de ella, reconociendo que verificaron la existencia de un gel en la mesa de luz de la habitación, así también consultando la foja de la paciente. Esto quedaría corroborado por las propias filmaciones presentadas como prueba por los denunciantes.Por esto son Bazán y Miers están acusados de violar la intimidad. 

Por el estudio que le realizaron a la niña, según fiscalía debieron, sin autorización, transportar el equipo de una área a otra. Por eso es que Antequeda es cuestionado por usurpación de funciones. 

En cuanto a la presunta falsa denuncia, para la fiscalía, los denunciantes llevaron datos que no existieron o que sucedieron de otro modo, que tergiversaron la realidad pretendiendo colocar a las autoridades hospitalarias en una situación distinta a la función que ejercen. Y que los denunciantes tienen plena conciencia de saber que lo que denuncian es falso. 

 

 

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