Sobreseyeron a la médica con Covid y a los implicados en el vuelo sanitario

Todo estalló en mayo de este año, cuando la mujer que encarnó el cuarto caso de coronavirus en la provincia -cuando todavía los contagios se contaban de a uno- quedó en el ojo de la tormenta. La profesional que desempeñaba tareas en el nosocomio estaba sospechada de haber incumplido con los protocolos sanitarios, tras mantener un supuesto contacto indebido con su hermano camionero que fue el tercer caso.   

Por esto, Salud Pública la denunció e inició una investigación en el Prime Juzgado Correccional que concluyó con el sobreseimiento de la mujer que fue duramente cuestionada, en aquel momento. 

El contagio de la reumatóloga obligó a poner la mirada en la conducta de dos funcionarios públicos y el vuelo sanitario que había traído a la provincia al tercer caso. El 4 de junio, los tres implicados en la causa recibieron el beneficio de la eximición de prisión aunque el juez Alberto Caballero confirmó su vinculación a la investigación. 

La profesional de la salud fue acusada por la presunta comisión de delitos en perjuicio de la salud y la administración pública, del mismo modo en que fueron sospechados Contreras y Porras. Estos dos últimos protagonizaron un escándalo después de que trascendieran los audios de las conversaciones que habían mantenido con la médica infectada para traer desde Buenos Aires a su familiar en un vuelo sanitario, a espaldas de las autoridades.

El viernes 22 de mayo fueron detenidos por las presuntas irregularidades que habrían cometido al hacer uso del avión del Estado para una cuestión particular, sus domicilios fueron allanados y sus teléfonos celulares secuestrados. El desencadenante había sido la seguidilla de mensajes de voz entre los tres implicados que llegaron de forma anónima a manos del fiscal Mallea. Por considerarlos importantes para la causa, el agente fiscal le pidió al juez que los detuviera y a las pocas horas de haber completado los procedimientos fueron liberados. En el medio hubo protestas de parte de médicos en contra de la orden judicial. 

Este martes, el magistrado notificó a los implicados de su resolución. De ella se desprende que la médica denunciada en primer término mantuvo contacto con su hermano, que había sido mal diagnosticado en el Hospital de Buenos Aires y que el ser sospechoso no tenía conocimiento del riesgo que existía al estar cerca de él. Por otra parte, señaló que ingresar a un área restringida puede ser una falta administrativa, pero no un delito tipificado en el Código Penal. 

En cuanto a los vinculados al vuelo, bajo la lupa por la presunta infracción de los delitos contenidos en los artículos 205 y 248 del Código Penal, en perjuicio de la Salud Pública y de la Administración Pública, el juez sostuvo que "no se presenta como una disposición irregular de bienes y recursos de la Administración Pública Provincial dado que el traslado tuvo como propósito, en primer término, la asistencia del paciente por razones Sanitarias y Humanitarias; y por otro lado, existe formalización del pedido de asistencia por parte del familiar, en fecha 1 de mayo de 2020, aspectos que no permiten tener por acreditado una desviación de los recursos del Estado".

Para Caballero ni siquiera hizo falta que los imputados se presentaran a la declaración indagatoria y, directamente, los desvinculó totalmente de las sospechas que formuló el fiscal Roberto Mallea.