Por la mega causa de estafa a la AFIP en San Juan, en la que una banda delictiva se encargaba del borrado de deudas y pagaba coimas, lo que concretó un histórico fraude al fisco en la provincia que se calcula superó los 30 millones de pesos, los 14 imputados llegaron a un acuerdo y evitaron el juicio oral que podría haber abierto la Caja de Pandora. Es que los acusados habrían estado obligados a detallar de qué forma operaban y, en ese caso, nuevos nombres podrían haber aparecido. Sin embargo, los involucrados coincidieron y aceptaron su culpabilidad.
Si bien la primera audiencia del debate estaba programada para este miércoles a las 9 de la mañana, en el Tribunal Oral Federal, los tiempos se extendieron hasta después de las 10.30 cuando el fiscal Francisco Maldonado dio a conocer la resolución y el acuerdo entre las partes. Prestando conformidad y aceptando la responsabilidad de los delitos cometidos, hubo condena para todos: uno recibió 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, otros tres obtuvieron penas en suspenso y el resto consiguió 3 años y 6 meses de cárcel.
Eduardo Cristian Olmos fue el que recibió la mayor pena por ser considerado la cabeza de la organización que concretó la estafa cuya causa está caratulada como "fraude a la administración pública, formar parte de una asociación ilícita y adulterar documentos públicos”. Los empresarios, contadores y empleados de la AFIP, cada uno de con grado de responsabilidad por los delitos imputados, salvo las condenas en suspenso, quedaron detenidos hasta cumplir con el tiempo de gozar beneficios.
Acorde a lo señalado por la investigación, Olmos realizaba el "borrado” desde una base que se montó en el edificio Torres de Cuyo, ubicado en calle Mendoza entre Mitre y Santa Fé. Los ex empleados de la AFIP Manuel Montivero Miranda, Rubén Darío Falcón y Walter Privadera fueron condenados por manipular el sistema informático.
Por su parte, Julio Ayala y Raúl Peña fueron acusados por vender facturas truchas mientras que Luis Alberto Alé y Fernando Jolivot fue penado por ser el encargado de ofrecer el servicio de “limpieza de deudas impositivas”.
Ahora, el Tribunal tendrá que admitir el acuerdo y, una vez que eso haya sucedido, en el plazo de 10 días se dictará la sentencia de la mega causa que tuvo una ardua investigación por parte de la justicia federal, con 40 expedientes y 5 cajas de escuchas y tras una fallo histórico del juez Leopoldo Rago Gallo que los procesó y luego la Cámara Federal lo ratificó.
