Entre los 14 imputados por el escándalo de coimas, fraude y borrado de deudas con el fisco que se destapó hace 7 años, nadie quiere que se ventilen en un juicio oral los detalles de la operatoria descubierta.
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SUSCRIBITEEntre los 14 imputados por el escándalo de coimas, fraude y borrado de deudas con el fisco que se destapó hace 7 años, nadie quiere que se ventilen en un juicio oral los detalles de la operatoria descubierta.
Pero el proceso comienza este miércoles y aún no se ponen de acuerdo entre los involucrados para acordar un juicio abreviado y evitar que salgan a la luz todos esos escabrosos pormenores por una estafa que se calcula con un perjuicio de unos $30 millones al fisco. Tienen tiempo hasta las 9 de la mañana de este miércoles, cuando comience la primera audiencia en el Tribunal Oral Federal.
Luego de las confirmaciones de la Cámara Federal, quedaron 14 de los 17 apuntados originalmente en esta organización que se dedicaba según la justicia a borrar de los registros de la AFIP las deudas de empresas privadas. Entre ellos hay ex funcionarios de la AFIP, intermediarios recaudadores y empresarios, acusados por diferentes delitos que van desde el fraude al fisco y el cohecho, hasta asociación ilícita, falsificación de documento público, balances o estados contables, o adulteración de registros informáticos del fisco nacional.
Según la investigación, la banda operaba con un cabecilla que realizaba el trabajo de “borrado” (desde una base que originalmente se montó en el edificio Torres de Cuyo, sobre calle Mendoza entre Mitre y Santa Fé), llamado Cristian Olmos, junto a Daniel Fornari. Este último luego fue desvinculado.
Julio Ayala y Raúl Peña están acusado de vender facturas truchas en el marco también de esta causa. Luis Alberto Alé era el encargado de ofrecer el servicio de “limpieza de deudas impositivas”, según la acusación. Lo mismo hacía Fernando Jolivot, a quien se acusa del presunto vínculo con Edmundo Novelli, empresario dueño de las franquicias de las heladerías Grido en San Juan. Novelli también quedó procesado y en condiciones de ir a juicio oral.
Los otros acusados en esta causa -con 40 expedientes y 5 cajas de escuchas- que van a juicio oral son los ex empleados de la AFIP Manuel Montivero Miranda, Rubén Darío Falcón y Walter Privadera, a quienes se le adjudica responsabilidad en la manipulación del sistema informático. Y César Vignoli, otro presunto miembro de la banda.
A todos ellos los procesó el juez Leopoldo Rago Gallo y la Cámara Federal confirmó la medida, en algunos casos con ajustes en el encuadre. De acuerdo con los delitos que se le imputa, las penas van desde los 3 a los 6 años de prisión, pese a que de todos ellos sólo hay dos que permanecen detenidos: Olmos y Falcón.
Y ahora comienza el juicio oral en el que se conocerán todos los detalles de la operatoria, algo considerado inconveniente para la gran mayoría de los imputados, que no quieren que se ventile en un juicio oral cómo hacían para estafar al fisco con esa “limpieza de deudas”.
Tienen una manera de hacerlo y es acordar un juicio abreviado, para lo cual el requisito indispensable es que todos los imputados estén de acuerdo. Y allí radica el problema, porque no hay uniformidad en las expectativas de cada uno, en especial entre los detenidos que buscan la manera de recuperar la libertad.
Pero el principal escollo, de acuerdo con fuentes tribunalicias, es el caso del ex empleado de la AFIP y ex delegado gremial Motiveros, quien se resiste a suscribir un acuerdo con la fiscalía y el tribunal para que no se ventile el juicio oral y se opte por la modalidad de un juicio abreviado con acuerdo entre las partes.
A Montiveros lo defiende un defensor oficial, lo mismo que a Olmos, cuya defensa es reciente porque estaba en mano de un abogado que fue nombrado en un cargo judicial y debió apartarse. Igual siguen negociando y tienen tiempo hasta las 9 de la mañana de este miércoles, cuando abra la primera audiencia del Tribunal Oral Federal para ventilar este escándalo sin precedentes en la historia judicial de San Juan.
