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SUSCRIBITE El caso es polémico. Un juez denunció que un abogado falsificó su firma para favorecer a una persona a la que se la declaró en quiebra y que habría recibido una indemnización por parte del Estado de forma incorrecta. Quien radicó la acusación penal fue el magistrado titular del Juzgado Comercial, Javier Vázquez, y sindicó al letrado Francisco Constantini Conti como el responsable del delito.
Después de que Vázquez denunciara que su firma fuera falsificada en un oficio dentro de un proceso concursal, la causa que ahora investiga el Tercer Juzgado de Instrucción y que recayó en la Fiscalía de turno, la Nº 3, tuvo la inhibición de Carlos Rodríguez y pasó a manos de Daniel Galvani. Amparado en el artículo 71 del Código Procesal Penal, por tener amistad personal con el abogado implicado y por la afectación a la imparcialidad que ello pudiera existir, el fiscal dio un paso al costado.
El favorecido es Julio Eduardo Coria, que con la rúbrica de dudosa procedencia se le enajenaron bienes de la quiebra. Ahora será el juez penal Guillermo Adárvez el que investigue en qué circunstancias se procedió con la presunta falsificación. En ese sentido, el proceso de quiebra no sufrirá cambios y Vázquez podrá ponerlos en remate.
El presunto damnificado señaló que en diciembre de 2008 falló la quiebra de Cori y esta decisión fue apelado; en 2017, la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de quiebra. Tras la actuación de segunda instancia, Constantini Conti sustrajo el expediente para hacer copias en noviembre de 2017 y lo devolvió recién en junio del 2018, es decir, siete meses después.
Este es el cierre del documento que el juez Vázquez presentó en la justicia penal contra Constantini Conti, solicitando investigación criminal de los hechos denunciados, ofreciendo pruebas contundentes y pidiendo "severo rigor legal":
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