Por la mañana del jueves hubo una reunión en la Fiscalía
General de la Corte de Justicia. Luego recibieron las denuncias de cuatro de los padres de las niñas que habrían
sido abusadas por el profesor de Tecnología. Y en horas del mediodía la fiscal
de instrucción en turno, Ana Lía Larrea, ya había hecho el requerimiento y el
pedido de detención. De ahí en más, el futuro de Jorge Roberto Plaza dependía
de él mismo. Y pasó de largo, respecto de su libertad.
Pasó de largo porque no se presentó a la justicia
voluntariamente. Como no tiene antecedentes, al menos ninguna condena, si se
presentaba y pedía ser eximido de prisión, le iban a tener que permitir estar
libre porque el delito por el que fue denunciado permite legalmente que tenga
ese beneficio.
La tradición judicial en San Juan para darle la libertad a un
sospechoso se basa en dos pilares: que no haya riesgo de fuga y que el
sospechoso no entorpezca la investigación (en este caso la principal prueba
será el testimonio de las niñas abusadas y los compañeros que pudieron ver algo
en la escuela).
Al evadirse de los tres domicilios donde normalmente
habitaba, y al ser de estado público que era buscado y así y todo no se
presentó en la Justicia, Jorge Roberto Plaza ya violó el primero de esos
pilares: el riesgo de fuga se transformó en un hecho y el mensaje que envió a
la Justicia es que no tiente voluntad de colaborar.
Ahora el juez Martín Heredia Zaldo, del Cuarto Juzgado de Instrucción,
tendrá motivo suficiente para negarle un futuro pedido de eximición de prisión,
en el caso de que un abogado del profesor lo solicite.
El escándalo estalló el miércoles, cuando el ministro de
Educación, Felipe de los Ríos, confirmó públicamente que había separado a un
profesor de la Escuela de Enología porque los padres les habían dicho que sus
hijas habían sido manoseadas.
De manera que el profesor Plaza ya estaba sabiendo de lo que
se le venía.