El futuro negro que se le viene a los seis policías presos por droga
El comisario Rodolfo Andrada, el cabo Martín Tello, el agente Juan Figueroa, el agente Juan Poblete, el oficial inspector Fernando Fabián Olivero y el oficial ayudante Franco Cristofaletti sumarían delitos graves en la justicia local por "plantar” un arma en un homicidio e intentar engañar al juez y al fiscal en la causa penal.
Así, los seis efectivos de la Policía de San Juan detenidos no solo deberán afrontar la causa por delitos federales.
Aún no se confirmó oficialmente qué delitos les imputaron en el Juzgado Federal. El juez Leopoldo Rago Gallo los detuvo con la Gendarmería Nacional tras allanar la Seccional 17 de Chimbas, encontrar droga que no había sido remitida a la justicia y que no pertenecía a ningún procedimiento informado.
El juez federal llegó a esa decisión por las escuchas telefónicas que se les venía haciendo desde abril del año pasado, cuando cayeron otros policías de San Juan vinculados al narcotráfico.
De esas escuchas el juez federal presume que los policías liberaban zonas para la venta de droga y que pagaban con droga a los informantes.
Por esos delitos, los seis efectivos de la Seccional 17 podrían ser imputados por asociación ilícita y por delitos estipulados en la ley de drogas ilegales, como la tenencia y la comercialización.
La suma de esos delitos federales haría que, de ser encontrados culpables en el juicio, tendrían una pena no excarcelable. Por eso se ordenó detenerlos.
A raíz de las escuchas telefónicas saltó que, además de sus vínculos con el narcotráfico, los policías de la Seccional 17 habrían cometido gravísimas irregularidades en la investigación del homicidio de María Bugueño, la mujer que murió a los días de recibir un disparo en medio del corso del carnaval de Chimbas.
El caso se destapó cuando el juez federal Rago Gallo hizo una copia de las escuchas, tanto en audio como de las descripciones, y las envió al juez penal en turno, Pablo Flores, quien también es el que investiga el homicidio de María Bugueño.
De las escuchas queda en evidencia cómo los policías buscaron un arma y la vincularon al homicidio para intentar cerrar el caso con el hallazgo de la supuesta arma homicida.
Esas escuchas y esos audios ahora los tiene el fiscal Daniel Galvani.
Como en el fuero local el que investiga es el juez pero requiere de una acusación del ministerio público, ahora el fiscal Galvani es quien dirá si acusa o no a los seis policías. Todo indica que así será.
En la práctica los fiscales locales no suelen especificar al juez qué delitos quiere que investigue, sino que suelen pedir una investigación en general y luego ver qué delitos imputa a la hora de indagar a los sospechosos.
Eso podría llegar a ocurrir con los seis policías.
Los delitos que podrían imputar a los policías son el de estafa procesal y el de falso testimonio agravado, además de una presunta asociación ilícita. Esos delitos, al tratarse de funcionarios públicos, tampoco son excarcelables.
De todas maneras, la confirmación llegará una vez que el juez Pablo Flores los cite a indagatoria, siempre que el fiscal Galvani requiera acusación.