La Comisión de Acusación del Concejo de la magistratura resolvió mantener activa una denuncia que tiene presentada contra los jueces federales de San Juan, Leopoldo Rago Gallo y Miguel, por su actuación en el marco de la fuga de los detenidos Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. En el análisis de la comisión, se analizó un proyecto del consejero Luis María Cabral (representante de los jueces) para archivar la denuncia, pero el senador sanjuanino Ruperto Godoy pidió que se siguiera investigando y eso fue lo que primó en la resolución final.
Mantienen una denuncia contra jueces sanjuaninos por la fuga de Olivera
Hoy se trató en comisión. Había un proyecto para mandarla a archivo, pero se resolvió seguir investigando e incluso citarlos.
La denuncia contra los magistrados sanjuaninos fue presentada por el fiscal general de Mendoza Dante Vega luego de la fuga en Buenos Aires de los detenidos que habían pedido autorización para tratarse desde San Juan por dolencias de salud al hospital Militar Central porteño, donde finalmente desaparecieron de manera misteriosa.
Tanto Rago Gallo como Galvez se defendieron en declaraciones periodísticas y declarando por escrito ante la comisión del Concejo luego de la denuncia diciendo que ellos hicieron su trabajo correctamente y no tienen ninguna responsabilidad en la increíble evasión por la que fue descabezado la conducción del Servicio Penitenciario en Buenos Aires.
Parece que eso no conformó al senador sanjuanino Godoy, quien fue designado a partir de este año para integrar el Concejo de la Magistratura en representación de los senadores del oficialismo y se encontró hoy con la resolución de la denuncia contra sus comprovincianos. Porque fue él quien pidió que no se archivara el sumario y que se solicitaran medidas, como la citación a declarar de los magistrados.
"Queremos analizar más exhaustivamente el expediente para determinar la responsabilidad de los jueces sanjuaninos en la tramitación del traslado de los represores al Hospital Militar de donde días después se fugaron”, explicó.
"Durante la última dictadura muchos jueces y fiscales tuvieron una actitud complaciente con el régimen militar y en muchos casos han obstaculizado sistemáticamente los juicios contra los genocidas”, señaló. "Producto de estas prácticas el juicio en el que se condenó a Olivera y De Marchi fue excesivamente largo, tardó un año y medio”, ejemplificó y resaltó "el rol activo del fiscal Vega durante el proceso judicial”.
La Comisión de Disciplina y Acusación tuvo hoy su primera reunión del año. Está integrada por los consejeros Jorge Candis (Presidente), Luis María Cabral (Vicepresidente), Julián Álvarez, Eduardo de Pedro, Adriana Donato, Ruperto Godoy, Leónidas Moldes, Héctor Recalde y Ángel Rozas.
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