Adorni sobre la línea de 500 kV: si no hay capacidad, quien quiera ingresar deberá invertir

En el marco de su informe anual de gestión presentado el miércoles 29 de abril en el Congreso, se conoció que Adorni respondió además por escrito preguntas formuladas por diputados -entre ellas, las del bloque Unión por la Patria- en torno al esquema que hoy otorga prioridad sobre la línea de alta tensión a Vicuña, y el conflicto que esto desató en organismos provinciales, municipales y otras mineras.

Allí el funcionario sostuvo que el principio de libre acceso a la red eléctrica se mantiene vigente, pero introdujo una condición clave: cuando no exista capacidad remanente, cualquier actor que quiera ingresar deberá realizar las inversiones necesarias para su conexión.

En otras palabras, no se bloquea el ingreso de nuevos proyectos, pero la mirada nacional es que el costo de ampliar o adaptar la infraestructura correrá por cuenta de quien quiera usar la energía.

La postura de otras mineras

El planteo no es menor porque responde directamente a uno de los principales cuestionamientos que surgieron en San Juan y La Rioja, donde distintos actores advirtieron que la asignación de prioridad podría traducirse en un virtual monopolio sobre la capacidad de transporte eléctrico. Es un golpe para proyectos como Los Azules, Casposo y Hualilán que han presentado reparos en ese sentido.

Adorni dio un dato concreto: al día de hoy, no existen en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) solicitudes formales de otros proyectos productivos o mineros para utilizar esa misma infraestructura. La ausencia de pedidos, en la lectura oficial, relativiza el argumento de una demanda insatisfecha inmediata.

La inversión, sin costo para el usuario

En paralelo, el Ejecutivo reforzó la defensa del esquema aplicado en favor de Vicuña. Según detalló, la inversión necesaria para la obra será afrontada en su totalidad por la empresa Vicuña, “sin que existan subsidios cruzados ni traslados de costos al sistema eléctrico”.

Agregó que “esto implica que la ampliación no tendrá impacto en las tarifas que pagan los usuarios, un punto sensible en cualquier discusión energética. La Resolución ENRE N° 79/2026, que encuadra el proceso, se dictó —según explicaron— tras analizar tanto los aspectos técnicos como los riesgos regulatorios y energéticos asociados al otorgamiento de prioridad de acceso.

Para ese análisis, el organismo regulador tomó en cuenta informes elaborados por CAMMESA y por TRANSENER S.A., que evaluaron la factibilidad del proyecto y su impacto en el sistema. Desde la mirada oficial, la obra no solo acompaña el desarrollo de un emprendimiento minero de gran escala, sino que además es considerada de interés público porque permitirá expandir la red de transporte eléctrico, mejorar la interconexión con el norte sanjuanino y fortalecer el vínculo con la provincia de La Rioja.

La audiencia pública, un gesto

Otro de los ejes que abordó Adorni tiene que ver con el procedimiento administrativo y las críticas por la falta de instancias de consulta. En ese punto, el Gobierno aclaró que la normativa vigente —en particular la Resolución ENRE N° 65/2024 y los procedimientos de CAMMESA— no establece un mecanismo de consulta previa obligatoria con el Gobierno de San Juan ni con el EPRE.

Sin embargo, remarcó que tanto las autoridades provinciales como otros actores tienen la posibilidad de presentar oposiciones formales, algo que efectivamente ocurrió en este caso. Remarcó que Resolución ENRE N° 79/2026 prevé un esquema de publicidad y participación, que fue difundida en los canales oficiales y en medios de circulación local, y abrió un plazo para que cualquier interesado pudiera plantear objeciones fundadas.

A partir de esas presentaciones el ENRE convocó a audiencia pública, para conocer los argumentos a favor y en contra antes de definir el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública. Aunque no lo dice el escrito, esa audiencia será el próximo 3 de junio.

Prioridad nacional

Pese a que habrá audiencia pública, Adorni recordó que la decisión final será de la Nación. Recordó que la regulación del sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión es una competencia exclusiva de la Nación, en función de lo establecido por la Ley N° 15.336. Y que las provincias, en cambio, tienen jurisdicción sobre la distribución eléctrica local.

La aclaración le marca la cancha al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que reclaman mayor injerencia en la decisión, bajo el argumento de que la actual línea fue financiada además de la Nación, con fondos provinciales y de los sanjuaninos en la boleta de luz.

En resumen, el mensaje del Jefe de Gabinete va anticipando los argumentos con que la Nación defenderá el otorgamiento de la ampliación y control de la línea de 500 kV en San Juan. En ese escenario, el frente de resistencia de las mineras, además del Epre, los municipios de Calingasta, Iglesia y Jáchal, y hasta la Secretaria de Energía de La Rioja que han interpuesto reparos al mecanismo concedido a Vicuña, no la tendrán fácil en la audiencia pública.