miércoles 3 de junio 2026
en vivo Energía y minería en San Juan

Cuatro mineras cuestionaron con fuerza la prioridad otorgada a Vicuña sobre la línea de 500 kV

Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias durante la audiencia pública convocada por el ENReGE.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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Cuatro empresas mineras que operan en San Juan se opusieron o condicionaron este miércoles la resolución nacional que otorga el acceso de la línea de 500 kV a la empresa Vicuña, para su primera fase de producción de cobre, Josemaria.

Esto ocurrió en la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad (ENReGE) para analizar la prioridad de uso y la ampliación de la capacidad de transporte de la línea de 500 kV para el proyecto Vicuña.

Los cuestionamientos vinieron de parte del proyecto de cobre Los Azules, y las minas de oro Hualilán, Gualcamayo y Barrick. Todas tienen en común que sus representantes apuntaron a la falta de sustento técnico en los cálculos de capacidad del organismo nacional, también advirtieron algunas empresas la posible violación del principio de "acceso abierto", y el uso de infraestructura estratégica que fue financiada por el Estado, algunas de las mineras y los usuarios sanjuaninos.

Los planteos de las mineras

Miguel Gil, representante del proyecto de cobre Los Azules fue uno de los que presentó la oposición más enérgica, calificando la resolución como un acto sin sustento técnico verificable. Cuestionó que la prioridad de uso de 545,7 MW –que finalmente se le otorga a Vicuña sobre la línea de 500 kV que ya está construida -se basa en "simplificaciones".

También criticó que a pesar de que con posterioridad la resolución rectificó que la demanda no era para Vicuña en su totalidad, sino solo para Josemaría, no se corrigió la prioridad de uso. Gil además advirtió que conceder una reserva privada por 25 años sobre infraestructura pública es una "barrera estructural" para otros interesados como Los Azules.

Otro fuerte cuestionamiento fue el de Sonia Delgado, presidenta de la mina de oro Hualilán. Manifestó que la prioridad otorgada a Vicuña puede comprometer la viabilidad de su mina proyecto, que prevé una demanda de 15 MVA para 2028 y 40 MVA para 2030, con un cronograma de conexión efectiva que es anterior al de la empresa beneficiada por la resolución.

Denunció que se pretende otorgar exclusividad sobre una infraestructura preexistente financiada con fondos públicos, basándose en modelos de "potencia infinita" que no se ajustan a la realidad del sistema.

Otras dos minas de oro

La minera Barrick, que tiene en Iglesia la mina Veladero estuvo representada por Ariadna Rodríguez, quien expresó un apoyo general a conceder lo solicitado por Vicuña en relación a la línea de 500 kV, pero supeditado a la protección de su derecho a acceder a 250 MW de capacidad, basándose en su calificación como "beneficiario iniciador" establecida en acuerdos que datan de 2006.

Además, destacó que están amparados en la Ley provincial 1181-A que reconoce explícitamente que los aportes financieros de las empresas les otorgan el derecho de uso de la infraestructura hasta la potencia mencionada de 250 MW.

También destacó que las empresas realizaron un aporte concreto de 55 millones de dólares para la línea Nueva San Juan-Rodeo y solicitó 30 días para coordinar soluciones respecto a la resolución y encontrar salidas que eviten la congestión de la red.

Sorprendió también la intervención en la audiencia de la Mina Gualcamayo, quien, a través de Juan Pablo García, condicionó su apoyo a la resolución para Vicuña, a que se respete formalmente su reserva de 30 MW, derecho consolidado al igual que citó Veladero, por la Ley Provincial 1181 e inversiones históricas. García recordó que la empresa financió el 100% de obras como las líneas Jáchal-Huaco y la estación transformadora de Huaco.

La última intervención de Vicuña

Al cierre de la audiencia, Adriel Rizzeto, el representante de Vicuña que ya había realizado una defensa de los porqués la minera necesita la prioridad de uso de la línea de 500 kV y las ampliaciones de obra, pidió 5 minutos extra para aclarar algunos de los puntos cuestionados.

Dijo que la prioridad solicitada recae solo sobre la "capacidad incremental" que generará la energización en 500 kV y no sobre la capacidad preexistente, y aseguró que la obra no impone costos al Estado ni a los usuarios.

También destacó que no se quedará con la propiedad de la obra, sino que pasará al SADI, por lo que "no hay control, exclusividad ni propiedad alguna para Vicuña".

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Adriel Rizzeto, de Vicuña, pidió 5 minutos extra para decir que "la capacidad incremental pasará a formar parte del SADI y será operada por la transportista concesionaria, por lo tanto, destacó que no hay control, exclusividad, transferencia ni propiedad alguna para Vicuña"

Afirmó que los estudios de acceso fueron evaluados y aprobados por Transener, Cammesa y el ENRE, cumpliendo con todos los procedimientos legales. Aclaró que la prioridad solicitada recae exclusivamente sobre la nueva capacidad que generará la energización en 500 kV de la línea Nueva San Juan-Rodeo, y no sobre la capacidad que ya existía en el sistema. Añadió que la obra no impone cargos a otros usuarios ni al Estado, ya que todos los costos derivados de su solicitud son asumidos íntegramente por Vicuña, y explicó que la infraestructura pasará a formar parte del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y será operada por Transener. Sostuvo que mo se impedirá el acceso ni la interconexión de otros interesados, ni afectará el suministro de los hogares o las posibles obras de vinculación con La Rioja. Y manifestó que la minera esta dispuesta a celebrar acuerdos bajo leyes provinciales y para ello ya estan trabajando con el gobierno provincial y el EPRE.

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Sonia Delgado, presidenta de la mina Hualilán, presentó una fuerte oposición:

La presidenta de la mina Hualilán se opuso a la Resolución 79, argumentando que la prioridad otorgada a Vicuña Argentina S.A. compromete la viabilidad de su proyecto y viola los principios del marco regulatorio eléctrico.

Precisó que Hualilan, ya en producción y tiene una planificación de demanda de 15 MVA para 2028 y 40 MVA para 2030, con un cronograma de conexión efectiva que es anterior al de Vicuña.

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Denunció que el tramo Nueva San Juan-Rodeo no es una obra nueva, sino una infraestructura preexistente financiada con fondos públicos (nacionales y provinciales), por lo que otorgar el 90% de su capacidad remanente a un privado por 25 años es inapropiado. Y señaló que la reserva de 545,7 MW otorgada duplica la demanda real de la peticionante (260 MW) y se basa en modelos teóricos de "potencia infinita" que la propia Cammesa reconoce como no ajustados a la realidad actual del sistema. Tambien dijo que se omiten mecanismos de revisión y liberación de capacidad no utilizada, transformando una prioridad en una "exclusividad" que bloquea a otros usuarios legítimos y viola la Ley 24.065. Por eso pidió que se revoque o ajuste la resolución.

"¿Puede una infraestructura troncal construida por los usuarios públicos y estratégica para el desarrollo de los sanjuaninos ser reservada por el 90% durante un cuarto de siglo, en favor de un único agente privado, sobre la base de una capacidad teórica que el propio operador del mercado califica como no ajustada a la condición actual del sistema?" "¿Puede una infraestructura troncal construida por los usuarios públicos y estratégica para el desarrollo de los sanjuaninos ser reservada por el 90% durante un cuarto de siglo, en favor de un único agente privado, sobre la base de una capacidad teórica que el propio operador del mercado califica como no ajustada a la condición actual del sistema?"

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La impugnación del Diputado Mario Herrero: "posición privilegiada"

El diputado provincial giogista Mario Herrero impugnó la resolución al considerar que otorga una "posición privilegiada" a una empresa privada sobre una infraestructura financiada con 90 millones de dólares aportados por los ciudadanos de San Juan. Además, denunció que la reserva de potencia solicitada de 260 MW es errónea, ya que el acuerdo ambiental original solo autoriza 230 MW, exigiendo que se respete el bienestar común y el marco normativo provincial.

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"Si esta solicitud se consolidara... se otorgaría una posición privilegiada, inequitativa y distorsiva respecto del régimen". "Si esta solicitud se consolidara... se otorgaría una posición privilegiada, inequitativa y distorsiva respecto del régimen".

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Ariadna Rodríguez, en representación de Barrick (Veladero) manifestó su apoyo general al proyecto de Vicuña Argentina S.A., pero condicionó esta postura a la protección de los derechos de transporte que la empresa adquirió mediante inversiones históricas.

Dijo que la línea Nueva San Juan-Rodeo (línea de 500 kV) no se financió solo con fondos públicos; ya que las empresas realizaron un aporte concreto de 55 millones de dólares para hacer posible la obra. Reclamó que se respete el derecho de Barrick a acceder a una capacidad de 250 MW, basándose en su calificación como "beneficiario iniciador" establecida en acuerdos que datan de 2006, y en base a la Ley Provincial 1181-A que los avala. También solicitó la apertura de un plazo de 30 días para coordinar soluciones técnicas y legales que eviten congestiones en la red y protejan los derechos de los usuarios actuales.

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"Nuestra participación no busca cuestionar el desarrollo de nuevos proyectos mineros... sino asegurar que cualquier solución regulatoria contemple los derechos derivados de los aportes que hicieron posible esta infraestructura". "Nuestra participación no busca cuestionar el desarrollo de nuevos proyectos mineros... sino asegurar que cualquier solución regulatoria contemple los derechos derivados de los aportes que hicieron posible esta infraestructura".

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Miguel Federico Gil Pugliese, representante de Andes Corp., operadora del proyecto Los Azules:

Presentó la oposición más enérgica, denunciando que la resolución es un "atropello" técnico y legal. Sus 5 puntos clave son:

  • Cálculos irreales: La capacidad asignada se basa en "simplificaciones" que no reflejan las condiciones reales de la red.
  • Reserva inflada: Se mantiene la misma potencia (545,7 MW) a pesar de que se eliminó uno de los dos proyectos mineros originales: en lugar de Josemaria y Filo del Sol, se corrigió y quedó solo el primero.
  • Falta de auditoría: El ENRE no realizó un análisis propio y aplicó criterios contradictorios para favorecer a la peticionante.
  • Bloqueo a otros usuarios: Viola el principio de "acceso abierto" al no considerar a otros interesados legítimos.
  • Ilegalidad del plazo: Es jurídicamente incompatible otorgar una reserva privada por 25 años sobre infraestructura financiada por el Estado.
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"Asignar el 90% de un 71% de un número que no fue auditado... por 25 años no es regulación, es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable" "Asignar el 90% de un 71% de un número que no fue auditado... por 25 años no es regulación, es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable"

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Gualcamayo pide el resguardo de su potencia energética:

Juan Pablo García, representante de Minas Argentinas (mina Gualcamayo), condicionó su apoyo a nuevos proyectos energéticos a que se respete la reserva de 30 MW de capacidad de transporte para la mina Gualcamayo. Explicó que este derecho no es una simple petición, sino que está consolidado por la Ley Provincial 1181 y por la inversión histórica que la empresa realizó en la infraestructura eléctrica de la provincia.

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La empresa fundamenta su postura en haber financiado el 100% de la construcción de obras clave, como las líneas Jáchal-Huaco y la estación transformadora de Huaco, además de hacerse cargo de sus costos de operación y mantenimiento. Por este motivo, solicitó que cualquier resolución sobre nuevas ampliaciones de red resguarde formalmente la potencia que por ley les corresponde para su operación minera. "Este reconocimiento legal no es una mera expectativa, es la consagración normativa de una situación jurídica preexistente y consolidada"

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Matias Espejo desde Jáchal: "La prioridad energética minera no puede implicar deterioro en la calidad o disponibilidad del servicio para la comunidad"

El intendente de Jáchal, Matias Espejo respaldó el proyecto minero Josemaria como una oportunidad histórica de crecimiento, pero condicionó su apoyo a la solicitud de prioridad de la Linea de 500 kV a que haya prioridad para trabajadores y proveedores locales. Asimismo, exigió un monitoreo ambiental participativo y garantías técnicas para asegurar que la demanda energética de la mina no afecte el suministro de los vecinos y productores de Jáchal. "La prioridad energética minera no puede implicar deterioro en la calidad o disponibilidad del servicio para la comunidad. En ese sentido, también planteamos una serie de compensaciones o afectaciones territoriales”, dijo.

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Toma la palabra Iglesia:

El intendente de iglesia, Jorge Espejo respaldó la inversión minera y la seguridad jurídica del RIGI, aunque señaló la contradicción de que Iglesia sea un gran productor minero y sufra fallas frecuentes en el servicio. Por ello, exigió que las obras mejoren el circuito eléctrico interno y garanticen la disponibilidad de transporte para los usuarios locales: "no queremos tampoco quedar de alguna manera fuera de todas estas inversiones sin aprovechar mejorar internamente nuestro circuito... para que se respeten todos estos derechos de usuarios, pero también se garantice el federalismo de nuestra provincia" , dijo.

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Hugo Pérez: la prioridad de la distribuidora es garantizar un servicio "seguro, continuo y de calidad"

Hugo Pérez, en representación de Naturgy San Juan, destacó que la prioridad de la distribuidora es garantizar un servicio "seguro, continuo y de calidad" ante el crecimiento de la demanda en la provincia. Dijo que es indispensable que al energizar la línea eléctrica a 500 kV se deberán colocar elementos que manejen la alta variabilidad y el impacto que tendrá la demanda minera en la red. También, por seguridad, pidió colocar aparatos automáticos de control y despeje de carga/generación para mantener la estabilidad operativa ante posibles fallas o contingencias.

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También dijo que, si bien la minería es una oportunidad, las obras deben integrarse en una planificación de largo plazo que no comprometa el abastecimiento de los usuarios actuales de San Juan, especialmente en un corredor eléctrico crítico como el de Mendoza-San Juan.

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Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE San Juan: “La conformidad del E.P.R.E. queda sujeta al cumplimiento de dos condiciones:

La suscripción de los Acuerdos previstos en la Ley Provincial N° 1181-A, por los cuales el proyecto minero internaliza los costos de mitigación de la demanda eléctrica que incorpora, aportando al desarrollo de la infraestructura provincial, comprendidas nuevas obras eléctricas.

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Que la capacidad de transporte que exceda las necesidades propias de Vicuña Argentina S.A., quede disponible para el resto de la actividad minera de la Provincia, en resguardo del acceso abierto a la red, evitando la asignación exclusiva o el bloqueo de la capacidad de transporte del corredor, que constituye un activo estratégico.

San Juan apoya el desarrollo minero, que debe ejecutarse en cumplimiento de la legislación provincial. Si se cumplen las condiciones señaladas, el EPRE prestará su conformidad al otorgamiento solicitado; de lo contrario, mantendrá su oposición.

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Las obras proyectadas

El ejecutivo describió las obras de infraestructura que quieren integrar plenamente el proyecto al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

  • Entre las principales obras previstas figura una línea de alta tensión de 220 kV de doble terna y aproximadamente 93 kilómetros de longitud, que conectará la futura Estación Transformadora Josemaría con la Estación Transformadora Chaparro.
  • A ello se sumará una nueva línea de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros que vinculará Chaparro con el nodo Rodeo.
  • También está prevista la construcción de la nueva Estación Transformadora Chaparro 500/220/33 kV, equipada con tecnología GIS indoor, una solución elegida debido a las condiciones de altura donde estará emplazada, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.
  • En Rodeo se proyecta una nueva playa de 500 kV que permitirá conectar las nuevas instalaciones con la infraestructura regional existente.
  • Mientras tanto, en la Estación Transformadora Nueva San Juan se prevén adecuaciones destinadas a posibilitar la energización en 500 kV de la línea que actualmente opera en 132 kV hacia Rodeo.

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La discusión por la prioridad de uso

Otro de los puntos abordados durante la exposición fue la polémica por la prioridad de acceso otorgada por el ENRE. Rizzeto aclaró que la solicitud presentada por Vicuña no implica control exclusivo sobre el sistema de transporte ni limita la posibilidad de futuras ampliaciones por parte de terceros.

Según explicó, el pedido de prioridad se refiere únicamente a la capacidad incremental generada por las obras que serán financiadas por la propia compañía. El objetivo, indicó, es garantizar el abastecimiento de la demanda que generará el proyecto a medida que avance su desarrollo.

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Una demanda que podría alcanzar los 700 MW

Rizzeto explicó que la solicitud presentada contempla inicialmente un acceso de 260 MW, aunque el esquema fue diseñado para acompañar el crecimiento progresivo de la demanda energética del proyecto, es decir, hasta incorporar Filo del Sol.

Según detalló, las ampliaciones previstas permitirían alcanzar consumos de hasta 400 MW en una segunda etapa y llegar eventualmente a los 700 MW en fases posteriores de desarrollo.

Un dato importante es que la minera solicitó formalmente al ENRE un plazo de 30 días corridos posteriores a la audiencia para incorporar información actualizada, en el marco del trabajo conjunto que la empresa viene desarrollando con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan. Las autoridades del ENGRE accedieron a la solicitud.

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Adriel Rizzeto : "No es una obra sólo para Josemaría"

Durante su intervención, el representante de la empresa remarcó que la aprobación del acceso solicitado y la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) constituyen un paso decisivo para avanzar desde la etapa preliminar hacia la fase ejecutiva del proyecto.

Según sostuvo Rizzeto, la ubicación cordillerana del proyecto y la magnitud de su demanda eléctrica requieren una solución de transporte robusta que la infraestructura actual no puede ofrecer por sí sola. Sin embargo, afirmó que las obras no fueron concebidas exclusivamente para abastecer a Josemaría.

De acuerdo con la presentación, la creación de la Estación Transformadora Chaparro permitirá consolidar un nuevo nodo energético estratégico en el norte de San Juan, con capacidad para acompañar futuros proyectos mineros y facilitar la incorporación de generación renovable al sistema.

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