Tras la feria se decidirá qué juez tomará la denuncia de Nisman

Según consigna una nota publicada hoy en el diario La Nación, es probable que el fiscal de la causa, Ramiro González, considere que se trata de un hecho nuevo y recomiende que la causa vaya a sorteo. De todos modos, en caso de realizarte el sorteo, el nuevo juez designado puede rechazar el expediente al entender que le corresponde al juez Lijo, por lo que la decisión final debería ser resuelta por la Cámara Federal.

Por su parte, el juez Lijo ordenó desgrabar las más de 5 mil horas de escuchas telefónicas que presentó el fiscal fallecido. En ese mismo sentido, ninguna otra medida se tomará hasta que la feria judicial culmine, en el próximo mes de febrero. 

La jueza María Servini de Cubría, magistrada que quedó a cargo del juzgado que preside Lijo, entendió que la presentación de Nisman no ameritaba levantar la feria, por lo que se decidió que se trataría recién en febrero. De todos modos, una vez conocida la noticia de la muerte del fiscal, el juez Lijo interrumpió sus vacaciones y ya retomó el mando en su juzgado. 

Una denuncia endeble 

En primer lugar, el corazón de la denuncia apuntaba a que el Memorándum de Entendimiento se había hecho con la intencionalidad oculta de intercambiar impunidad para los funcionarios iraníes que habían sido acusados por el atentado, por un aumento del intercambio comercial con el país asiático. Dicho más llanamente, la acusación era que se había cambiado impunidad por petróleo.

Ahora bien, si eso hubiera sido así, debería notarse un incremento del intercambio comercial entre ambos países una vez firmado el Memorándum, pero el problema de esta hipótesis es que esto no fue así. El año de mayor intercambio comercial de Argentina con Irán fue 2008. 

Una segunda acusación era que en el acuerdo Argentina se había comprometido a trabajar para que Interpol levantara los alertas rojos que impedían que funcionarios iraníes acusados como autores del atentado pudieran salir de Irán. Sin embargo, hay una carta del canciller Timerman, que se hizo pública en estos días, en la que, dos semanas después de firmado el acuerdo, le dice dos veces al secretario general de Interpol que la firma del acuerdo no cambiaba las alertas rojas sobre los funcionarios iraníes y que el juez de la causa, Canicoba Corral, era el único que estaba habilitado a formular algún cambio al respecto. Esta carta fue contestada, dos meses después por Interpol, confirmando que las alertas no se iban a modificar.

Otra de las acusaciones era que en 2012, un ex juez, al que Nisman sindicó como miembro del Servicio de Inteligencia, se había reunido con un miembro de la dirigencia comunitaria iraní en Argentina para acordar la confección de una pista falsa sobre grupos de ultraderecha locales como autores del atentado y así desviar la investigación sobre Irán. Sobre este punto las inconsistencias son varias. La primera y más inmediata es que esta denuncia para supuestamente desviar la investigación nunca se hizo en ningún juzgado, de modo que no hay delito de encubrimiento ni siquiera en grado de tentativa. Incluso, en el caso de que se pudiera probar que tal reunión existió y que allí se acordó lo de la pista local, se estaría solamente ante la preparación de un delito que no es una conducta punible, toda vez que solo quedó en eso.

Por otro lado, a pedido del juez Lijo, la Secretaría de Inteligencia por intermedio de su Secretario, Oscar Parrilli, informó que Ramón Allan Héctor Bogado (mencionado como quien estaba en contacto con Khalil) y el ex juez Héctor Yrimia (mencionado como quien participó en el supuesto armado de una pista local), sindicados ambos por Nisman como miembros de SI "no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio".