Javier Milei avanza con el ajuste en el Estado: "3x1", duración limitada de contratos y sin contrataciones

Por medio de los decretos 1148/2024 y 1149/2024 que llevan la firma de Javier Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, publicados el último día hábil del 2024, se estableció un nuevo régimen de contrataciones en el ámbito nacional. Entre otras cosas, se prohibieron nuevas contrataciones, fijaron la duración máxima de los contratos y se confirmó que para acceder a un puesto en el Estado será obligatorio acreditar a aprobación del examen de idoneidad.

El primer decreto suspende el ingreso de nuevos agentes al consignar que "las jurisdicciones y entidades del sector público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza". La limitación alcanza a contrataciones para las plantas transitorias o por tiempo indeterminado, así como también a los denominados "monotributistas" regidos por los contratos.

No obstante, la reglamentación fijó una serie de excepciones para estas restricciones entre las que se encuentran "las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las Universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud", entre otras.

También establece un requisito para validar nuevos ingresos: se podrá "disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal". Será la estrategia del "3x1".

La segunda reglamentación estableció que como un paso ineludible para el ingreso de nuevos agentes que éstos pasen el denominado examen de idoneidad.

"Deberá acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024", sostiene. Y delimitó que las contrataciones del sector público nacional "no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025", indicó.

En el marco del recorte de empleos públicos, 21.408 personas perdieron su trabajo en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 fueron echados de sus funciones como personal Militar y de Seguridad, y 11.951 que trabajaban en empresas del Estado.

El funcionario celebró la cifra de empleados desafectados y sostuvo que "siempre menos gasto público son menos impuestos, y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras, es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños".

En diciembre último, en tanto, se sumaron unos 2.200 despidos en el ámbito del ministerio de Justicia -la mayoría de los famosos "contratos ACARA"- y de más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público, un organismo creado por la denominada Ley de Medios al que ahora el Ejecutivo anticipó su intención de eliminar.

Fuente: El Economista