Apenas una semana después del anuncio del Plan ARMA —el programa oficial destinado a la modernización de las fuerzas militares—, el Gobierno oficializó, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, un recorte de casi $49.000 millones en las partidas de Defensa. Este ajuste financiero, equivalente a unos 35 millones de dólares, genera una contradicción directa con los objetivos de reequipamiento planteados inicialmente.
El Gobierno aplicó un fuerte recorte en el presupuesto de Defensa
Con una ajuste de 49.000 millones de pesos, se frenó abruptamente la publicitada modernización de las fuerzas de defensa nacionales, a solo una semana del lanzamiento del plan ARMA.
Desglose del recorte por fuerza
El ajuste ha afectado de manera desigual, pero profunda, a las tres ramas de las Fuerzas Armadas:
- Fuerza Aérea Argentina: Es la fuerza más golpeada en términos nominales. Perdió $16.500 millones de su programa de alistamiento operativo, afectando principalmente bienes de uso, equipos militares y herramientas. Este recorte se produce en un momento crítico, coincidiendo con la incorporación de los primeros seis aviones F-16 adquiridos a Dinamarca.
- Armada Argentina: Sufrió una disminución neta de $15.220 millones en su presupuesto de alistamiento. Entre las consecuencias más notables se encuentra la eliminación de una partida de crédito externo de $10.620 millones destinada a la compra de cuatro helicópteros navales livianos AW109M, un proyecto de adquisición clave para la Base Naval Puerto Belgrano.
- Ejército Argentino: Registró una quita de $12.622 millones que estaban destinados a maquinaria de producción militar, equipos de comunicaciones y transporte.
Afectación en áreas críticas y logística
El ajuste también ha alcanzado la logística antártica, con recortes en las partidas de combustibles y lubricantes necesarios para la campaña en el continente blanco. Por el contrario, la única área que recibió un refuerzo fue la sanidad militar, con un aumento de $4.000 millones para insumos médicos, lo cual refleja la crisis que atraviesa la obra social de las fuerzas, aunque no aporta a las capacidades operativas de combate.Un deterioro estructural y legalEl contexto general del sector Defensa muestra una tendencia de deterioro de dos décadas. Actualmente, el gasto en esta función se ubica en el 0,28% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años. Esta situación se ve agravada por dos factores fundamentales:
- Rigidez presupuestaria: Entre el 75% y el 90% del presupuesto de cada fuerza se destina exclusivamente al pago de salarios y pensiones, dejando un margen mínimo para inversión y funcionamiento.
- Eliminación del piso legal: El Presupuesto 2026 derogó la obligación de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento militar, eliminando así el único mecanismo formal de protección presupuestaria que tenía el sector.
Consecuencias operativas y de personal
Expertos advierten que esta brecha entre el equipamiento de alta tecnología y los bajos salarios genera una tensión creciente. Existe el riesgo de que el personal con alta formación —como pilotos de aviones de combate o comandos de fuerzas especiales— busque mejores horizontes económicos fuera de las fuerzas, ante la imposibilidad de sostener sus carreras en un contexto de desinversión.En definitiva, los recursos que el Plan ARMA preveía como adicionales para equipamiento terminan siendo utilizados, en la práctica, para intentar cubrir el vacío dejado por los recientes recortes ejecutados vía decreto.