Desde octubre hasta junio próximo, al menos, los empleados públicos provinciales tendrán un aporte adicional en sus ingresos y podrán funcionar como locomotora de la actividad económica hasta que se verifique una mejoría general en el escenario económico general.
Ese es el sentido del plan que vino elaborando en silencio y hasta últimas horas de la noche del día anterior al anuncio el funcionariado del ministro Roberto Gattoni a pedido del propio gobernador Sergio Uñac. Presentado en sociedad el martes pasado anterior al miércoles del sorpresivo impacto por el derrame en Veladero: justamente por esa razón quedó en un segundo plano y ahora, pasada la polvareda, vale desempolvarlo para el análisis.
Con esta herramienta, la administración pública funcionará como agregado de circulante todos los meses desde aquí hasta mitad de año próximo. En octubre y en noviembre operan las dos primeras cuotas del plus adicional de fin de año de $5.600 en total. En diciembre, se pagará el medio aguinaldo, lo que ocurre todos los años antes de las fiestas y para este año será igual. En enero y febrero quedan las restantes dos cuotas del plus de fin de año. Y en marzo se negociará la paritaria, que definirá un incremento escalonado y podría ser en tres tandas hasta junio.
De ese modo, todos los meses desde octubre a pasado marzo los empleados públicos tendrán dinero extra en los bolsillos respecto lo que marcan sus salarios actuales. Una noticia que no sólo esperan los beneficiarios directos –es decir empleados de planta y contratados de la administración pública provincia, muy probablemente de los municipios también además de legislativos y judiciales- sino también los habitantes de la diaria en la calle, deseosa de una inyección de recursos que tonifique la plaza económica en tiempos complicados.
La mejor herramienta de la que dispone la administración provincial es la de regular el flujo de recursos de la manera que lo considere más apropiada. Y de ese flujo, el de mayor impacto es el de los empleados públicos. Así las cosas, la provincia decidió salir a operar fuerte en la plaza mediante un plan que le demandará algo más de 200 millones extra, pero que reforzará el movimiento en la plaza comercial. Esto, teniendo en cuenta que son recursos que vuelven a rodar en el circuito íntegramente: casi nadie lo ahora, menos lo fuga al exterior, sino lo gasta en el almacén o en útiles para la escuela, por citar apenas dos cortes de consumo masivo.
Más allá de la dimensión económica que el equipo de Gattoni debió calibrar para diseñar el plan de plus a fin de año, hubo también otra dimensión: es la política, dirigida por el gobernador Uñac, que debió contener también alguna visión respecto de la oportunidad y el contexto.
Tal vez el mayor mérito fue el de anticiparse a una discusión que ya se venía orejeando. Y antes de que comenzaran a sonar los pedidos de los gremios –que a su vez sienten de cerca el aliento en la nuca de sus bases ante un tablero que asoma turbulento para la misión de llegar a fin de mes- la administración provincial primereó y, de paso, cerró la discusión con una determinación del alcance de lo posible.
No les dejó tiempo a los representantes gremiales ni a presentar expectativas, que cuando se dieron cuenta ya tenían la resolución vigente encima. Allí estuvo su mayor destreza en el manejo del timming para llegar en el momento apropiado. La otra, nada menor, tiene que ver con la manera en que fue presentada. Dijo el gobernador que se trató de un esfuerzo y que tiene claro que no se trata de "lo ideal”. "Lo ideal –amplió- sería que baje la inflación. Esto es un bálsamo”.
Nuevamente, la definición le resultó útil para volver a ganar de mano y para sacarle punta al lápiz de las definiciones política. El anticipo tiene que ver con el hecho de pronunciar una palabra –bálsamo o paliativo- que desde ese momento ya no podrá ser empleada en formato de reclamo. El resto, por deducción: el grueso de una posible mejora económica que pueda percibir la gente deberá provenir de las medidas macro del gobierno nacional, caso excluyente la inflación. Mientras se espera que eso efectivamente ocurra, un complejo de aspirinas para mejorar los síntomas.
El hecho de haber visto el tema con anticipación le permitirá a la administración de Sergio Uñac contemplar cómo se salda el mismo dilema en otras provincias del país a las que el mismo fantasma llegará más temprano que tarde. Incluso, podrá valerle el hecho de ser tomado como ejemplo en su abordaje temprano y su creativa resolución escalonada para no superponerse con otras erogaciones extra que afrontará la provincia –como el aguinaldo- para que no pierdan efectividad.
En especial, cuando los gremios del sector público no dejan de levantar la voz cada vez con mayores decibeles para que sea reabierta la paritaria, como también lo hacen los sindicatos con patronales privadas. La decisión que tomó la provincia clausura el capítulo, y lo hace con un saldo de un importante nivel de aceptación.
Los gremialistas, de San Juan y de todas partes, si de algo conocen es de no comer vidrio. Por eso, habiendo sido sorprendidos por el anuncio o habiendo sido advertidos con algo de margen, recibieron de manos abiertas tanto la cifra como el diseño escalonado. No quiere decir que no lo maquillen con algún pedido, como que la suma no sufra descuentos, como el caso de ATSA. Incluso la misma bandera de la reapertura de paritaria, como el caso de ATE, tal vez como síntoma de un alineamiento nacional en un punto sobre el que no puede ceder. Denominador común: todos conformes.
Al día siguiente de esa presentación llegó el vendaval de Veladero, pero apenas comenzaron a apaciguarse las aguas, el tándem Uñac-Gattoni volvió a activarse por cuestiones político-financieras, ésta vez con asiento en Buenos Aires.
Fue durante la reunión de gobernadores y legisladores justicialistas que elaboraron en el CFI una propuesta a la Nación para aumentar el flujo de fondos a la provincia. Contempla, en decreciente nivel de interés, una prórroga en los vencimientos de la deuda que las provincias –entre ellas San Juan- tienen con la Nación. Y reclama una revisión de la repartija del impuesto al cheque, que hoy es del 70-30 para la Nación y que las provincias piden que sea distribuible al 100%.
Si estas cosas avanzan, el saldo para San Juan podría ser de unos $4.500 millones. ¿Y tiene chances de prosperar? Respuesta: en un clima de diálogo y entendimiento recíproco como desde ambos lados se pregona (provincia y Nación, oficialistas y opositores), debería ocurrir. Aunque haga falta mucha saliva.
