Santiago Graffigna, el multiprocesado abogado en el mayor escándalo de presunta corruptela judicial que se recuerde en la provincia, pudo votar sin obstáculos en el último comicio por el vice del Foro. Argumenta la entidad que dispone del gobierno de la matrícula –y de las correspondientes sanciones por inconducta- que no pesa sobre Graffigna ninguna sentencia firme como para accionar disciplinariamente en su contra, principio que contradice la misma historia de sanciones de la misma entidad. Tal vez sea ese caso un paradigma de las visiones bifurcadas que atraviesa la profesión en la provincia, con Foro y Caja ahora en el eje de la tormenta.
Empezando cronológicamente, habrá que iniciar con el destino de la Caja Previsional como el primer caso testigo que expuso la grieta de letrados sanjuaninos. Que no es una sola grieta, sino varias: allí confluyen visiones más individualistas de aportantes en dificultades por sobre los comunes de tener un reaseguro jubilatorio sólido; visiones generacionales de quienes ven lejos a su retiro por otros en los que se lo tiene muy inminente; visiones de quienes enfocan al organismo como una mera financiera dedicada a complacer intereses non sanctos contra los que lo perciben como una asistencia necesaria; visiones de los entienden a la Caja como un escondite de burócratas contra otros que lo ven con ojos de generosos y vocacionales.
Triunfó con holgura la variante más condenatoria hacia esta entidad que retiene cuotas de $1.000 pesos a los abogados matriculados, que son arriba de los 2.000. Que en una proporción mayor al 50% no pagan, y que ha motivado trámites de embargos: abogados contra abogados. Los que no pasan por ventanilla argumentan que no pueden hacerlo porque arrecian los tiempos de crisis, y que en realidad la entidad no sirve para nada, excepto por complacer a los profesionales amigos con generosos préstamos. Se juramentaron ir contra la entidad y, ya con la cara embetunada, repartieron acusaciones cuanto mínimas, de negligentes.
El resultado que obtuvieron en los comicios motorizados por el Foro de Abogados para conocer la opinión de los colegas es el disparador de innumerables conclusiones sobre esa grieta que no deja de supurar veneno cruzado. La más rotunda, que los letrados no quieren pagar, sin que de esa conclusión pueda deducirse si hay algo que pagarían gustosos. Al menos, esto no.
Hay una pregunta inquietante rondando por ahí: ¿es posible que la insatisfacción con una entidad claramente ineficiente motorice un salto al vacío? Porque en el caso que se materialice la voluntad expresada por los abogados –y recogida por la actual conducción del Foro, tema sobre el que se volverá-, no aparece claramente qué será del futuro previsional de los abogados. La Caja no, ¿entonces qué?
Hasta se bordea con la posibilidad de borrar de un plumazo con derechos adquiridos. Pongamos por ejemplo el de un abogado con 20 años de aporte a la Caja y que se está por jubilar, pero de un día para otro le dicen que esos aportes no sólo ya no están más, sino que también han sido borrados los años necesarios por la ley general para pasar a retiro. Salvo que alguien acarree con ese muerto -¿alguien como quién?- parece difícil contener la posible furia desatada por los posibles afectados. Que encima, litigan gratis en tanto matriculados, y por eso podrían producir centenas de amparos ante esta posible "eliminación”. Muchos ya lo han hecho saber.
La única manera en que esto se produzca sería si efectivamente se elimina la Caja, acción que debe correr por cuenta de la Legislatura provincial. Y hay que caminar bastante para encontrar a algún legislador provincial –oficialista u opositor- dispuesto a meter las patas en ese barro. No ocurrirá, casi con certeza, lo que dejaría a medio camino la consulta que a toda pompa impulsó el Foro.
Por carril paralelo, corre el otro condimento electoral que mantuvo movidito el universo de los letrados provinciales. El flamante vicepresidente, elegido por holgado margen el martes pasado, anunció que luchará denodadamente por la eliminación de la Caja. Hacerlo implicará convencer a la mayoría de los legisladores que tomen el guante de la expresión de las urnas letradas. Y no sólo eso: que les saquen de encima lo que consideran un problema y que de rebote se liguen un coletazo de dimensiones desconocidas, pero muy sencillo de comprender. Las quejas de los supuestos afectados irían contra el Estado y hasta en contra de los diputados que levanten la mano, al igual que la obligación de liquidar patrimonio, deudas, acreencias.
Un informe de Tiempo de San Juan de la semana pasada indicó que hay créditos otorgados por más de 17 millones, y un patrimonio de la entidad de $132 millones compuesto por más de $34 millones que son deudas de los propios abogados. Con una entidad que, una vez disuelta, ¿a quién le va a cobrar?.
La Caja fue creada en 1993, en tiempos en que el ministro Domingo Cavallo comenzó a fijar nuevas normas para el encuadramiento de los abogados, que hasta ese momento facturaban casi todo en negro. Fue la mejor solución, para evitar caer en el régimen de autónomos que les exigía aportes mucho más altos: hoy pagan –o deberían pagar- $1.000 por mes para garantizarse un aporte previsional. Pero muy pocos son los que pagan. Hay quienes se quejan porque no pueden, otros porque ya hacen esos aportes por otra vía porque son empleados públicos o funcionarios, otros porque no se les presta la función de obra social, otros porque consideran a la entidad una "financiera”. Como insinúan los números y como le disparó impiadosa la abogada Mabel Ríos (de la organización de Abogados independientes, que ganó con su postulado de disolución) a Rubén Lloveras, representante de la Caja, en el debate de Paren las Rotativas (Telesol, domingos a las 20,30).
Pero allí mismo surgió una nueva grieta a la superficie: ¿qué hace el Foro de Abogados embanderado con la opción de eliminar la Caja de Jubilaciones, si es que se trata de un organismo (el Foro) representativo de todo el universo doctoral, y no exclusivamente de los que no quieren pagar $1.000 por una prestación jubilatoria minúscula?.
Se lo disparó a bocajarro Lloveras al presidente del Foro, Alejandro Mergó, quien pocos minutos antes había admitido que estaba por la eliminación. Aclaró que su postura es a nivel personal, pero la diferencia entre eso y la acción institucional es muy finita y vidriosa. No ayudó en nada con él que su nuevo vicepresidente, Eduardo Delgado, postulara como primer objetivo apenas electo la lucha por la disolución de la Caja. O en el Foro hay una sumatoria de posturas personales puestas en el mismo foco, o la postura ya es la de la institución.
¿Y por qué es importante semejante disquisición? Porque el ámbito de representación, admitido por el propio Foro, no incluye una postura sobre un particular en que los representados tienen miradas diversas. Pasto para la grieta, ahora en materia de las funciones del Foro y los cuestionamientos que viene recibiendo sobre si hace bien o mal su trabajo.
Hay quienes son implacables en la percepción de que se trata de un organismo antidemocrático. Sobresale la visión de un abogado que ya supo alborotar el avispero pegando un garrotazo al panal con sus críticas furiosas al Colegio de Magistrado. Sostiene ahora que el hecho de no contar con representación de las minorías –dispone de un sistema de winner takes all, es decir que el que gana se queda con todos los cargos en la comisión directiva- lo pone haciendo agua en el ejercicio de pluralidad típico de un sistema democrático. Y redobla la apuesta con un clásico en materia de objeciones: la falta de un código de ética y el bendito tribunal de disciplina, capaz de permitir conductas detestables entre los matriculados –tales como estafar y quedarse con dinero de los clientes- que abre la puerta a unos y se las cierra a otros.
Nada de eso excluye las torpezas en el manejo de la Caja. Una entidad que dispone de una comisión directiva muy cuestionada, que se renueva en asambleas en las que parece como si se convocaran por mensaje de texto entre ellos. Que, lejos de calmar las grietas, las alimenta. Y que recién por obra de los galletazos recibidos parece haberse decidido a salir a dar la cara.
La profundidad del pozo en el que cayeron hizo, como sucede siempre en casos similares, que ya no haya grises posibles: la vida o la muerte, la gloria o Devoto.
La complejidad de la profesión y la entidad que la regula (el Foro), también: hay unos 3.000 abogados en San Juan, pocos pueden vivir de los suyo, y dos facultades siguen sacando profesionales como pan caliente. Encima, todos peleados.
