Así de lapidaria es la interpretación de los involucrados directos en este escándalo que crece cada minuto que pasa. No parecen creerle al intendente que su contactos con el sospechado por estafador Pedro Bustos apenas es un intruso que se coló en las fotos, y no un viejo contacto suyo que hacía y deshacía a su antojo en el municipio, como lo sospechan desde hace meses y apuntala con espectacularidad la aparición de las escuchas por otra causa.
Tampoco parecen bancarlo demasiado las estructuras políticas que lo pusieron en el lugar que está. Al basualdismo le cuesta cada vez más defenderlo y ya está dando señales que lo acompañará sólo hasta el filo del precipicio. Y los concejales que le responden en el Deliberante caucetero, 4 de 7, ya están sintiendo el peso de las evidencias contra el intendente y hay al menos uno que ya se muestra distante, mientras los otros tres posiblemente irán reduciendo respaldo a medida que avancen los mecanismos. Se verá cuando se pongan en marcha las eventuales reacciones institucionales: o un juicio político o una intervención provincial. O en ese orden.
Lo que no parecen estar creyéndole a Julián Gil, ni los ciudadanos de Caucete ni mucho menos los que deben acompañarlo o controlarlo desde las instituciones del departamento, es la increíble sucesión de coincidencias con las que el mandatario justifica los momentos en que aparece pegado a Pedro Bustos.
Se trata éste último de un sujeto de reciente irrupción en el municipio en condición de contratista, que manejaba desde servicios municipales como la seguridad en la Fiesta de la Uva y el Vino y el alquiler de topadoras, hasta trabajos de bacheo o la instalación de una pantalla led con la que el municipio hizo gala de productora publicitaria. Lo hizo con su empresa PyR servicio, que en el municipio aseguran que apareció como contratista desde el inicio de Gil como intendente (al menos con ese nombre, abren el paraguas).
Incluyendo en ese raid el uso -legal o apócrifo, está por verse- de sellos arrogándose la condición de secretario de Obras municipal para alquilar vehículos que luego tampoco pagaría. Hasta aparecer la semana pasada en permanente conversación con uno de los ideólogos de la supuesta red delictiva detectada en la AFIP por medio de facturas truchas y mecanismos de "blanqueo” de deudas desde el propio sistema informático del ente recaudador.
En esas escuchas, Bustos aparece pidiendo a Olmos –el primer detenido de esa red que operaba desde la sede en el edificio Torres de Cuyo- facturas apócrifas para presentar en Caucete, presumiblemente para justificar el pago de los "servicios” que el propio Bustos "prestaba”. Completito: de mínima, una estafa fenomenal al fisco nacional, defraudado en la presentación de comprobantes falsos (incluso ya habría constancia de que se pagaron facturas truchas en el caso de dos empresas ficticias), pero también la potencialidad de una estafa al propio municipio si es que esos servicios no se concretaban, o esos insumos no se entregaban. Delito que ya no sería federal porque no estaría el fisco de por medio, sino que tramitaría en algún juzgado ordinario de la provincia si es que algún fiscal lee los diarios y presenta un requerimiento de oficio ante la posible comisión de un delito como el que se deduce de esas escuchas. Por ejemplo, cuando el sujeto Bustos le pide a Olmos que le ponga por una cantidad de ladrillones que luego corrije a su antojo, y termina diciéndole que redondee una cifra, que era la supuestamente acordada en el municipio. ¿Cuántos ladrillones eran?, ¿así los compraba?
El eje de este dilema es que ahora el intendente insiste por todos los medios con que no conoce a Bustos, tanto como Boudou afirma no conocer a Vanderbroele o Aníbal a Pérez Corradi. En su caso, hay demasiadas "coincidencias” extrañas que la gente parece no estar digiriendo.
Una de ellas tiene que ver con el origen del escándalo, el alquiler en la concesionaria France Motors que encendió la mecha. Ocurrió que Bustos fue a la sede la casa de venta de autos con un sello que supuestamente lo acreditaba como "director de Obras y Servicios” municipal para alquilar una camioneta. Que retiró y nunca devolvió.
El 7 de abril pasado, la firma France Motors presentó un reclamo formal por nota ante el municipio comunicando la situación: que Bustos, a nombre del municipio, se les había quedado con una unidad. Es decir que desde ese momento, el intendente Gil tiene registro del problema. O era verdad que era un funcionario municipal, o era un fabulador.
Lo que agrega la gente de la concesionaria de manera informal, fuera de la nota de queja, es que se la dieron porque conocían a Bustos de una vez anterior, cuando había ido a la misma concesionaria junto al hermano del intendente Gil –Marcial Gil, jefe de compras- a retirar la unidad que fue sorteada en la Fiesta de la Uva y el Vino en febrero. Habían ido juntos, dijeron.
Pese a eso, Gil siguió encerrado en que no conoce a Bustos. Y cuando le preguntaron qué hacía el susudicho acompañando al hermano jefe de compras, el intendente respondió que se encontraron en la puerta. Primera coincidencia.
La segunda coincidencia fue la de la foto de Punta Alta, donde aparece el contingente caucetero encabezado por el intendente y donde figura en una punta justamente Pedro Bustos. Nuevamente le preguntaron al intendente cómo es que asegura que no lo conoce si aparecen juntos en la delegación, a lo que Gil responsabilizó con una nueva coincidencia, conocido como es la cantidad de cauceteros que andan por esa zona cercana a Bahía Blanca.
Y la tercera coincidencia asombrosa fue la aparición de la camioneta patente NTH 937, que la municipalidad de Caucete asigna para la movilización de su intendente, parada en la puerta de la casa de Bustos. Otra vez lo mismo: le preguntaron al intendente por esta coincidencia y al fin terminó aceptando que era él quien había ido, pero sólo a reclamar por una deuda con el municipio porque es un proveedor. Un detalle: la casa de Bustos no está en Caucete porque el hombre no es un habitante del departamento ni se lo veía frecuentemente hasta la asunción de Gil, sino en Rivadavia. Pero cuando Gil tuvo que identificar la vivienda puso que estaba en otro departamento. Otro detalle: entonces sí conocía a Bustos.
La mayoría de las respuestas que dio Gil sobre su vínculo con Bustos fueron en la ya recordada interpelación del 8 de junio, cuando se presentó a dar respuestas a los ediles. Y cuando todavía no se conocían las escuchas a Olmos en las que el propio Bustos hablaba de Julián Gil como su amigo del alma. A esas dos cosas, el intendente las retruca con el mismo argumento: que se trata de un estafador, como tal también fabulador, capaz desde falsificar una tarjeta de presentación hasta de imaginar amistad con el intendente.
En esa interpelación se lo emplazó para que denunciara a Bustos, si es que fuera cierto que se trata de un estafador que invoca el nombre del municipio para sus tropelías. Y Gil lo hizo el 16 de junio, ocho días después de que el Deliberante se lo exigiera. Esa demora, no de los ocho días sino de los más de dos meses que tardó desde el 7 de abril que tuvo la primera notificación de las supuestas travesuras de Bustos –ese día entró al municipio la nota de France Motors-, es lo que según los ediles lo compromete. Lo relacionan con un silencio cómplice: por qué si supo desde principios de abril que había alguien que se hacía pasar como funcionario municipal sin serlo y estaba estafando gente, el municipio no actuó rápidamente y lo hizo recién después de ser intimado.
Esa sería la causal de un eventual pedido de juicio político en su contra. Entienden los concejales que su conducta puso en compromiso al patrimonio municipal, al punto que hace una semana presentaron y aprobaron una declaración para que cualquier deuda que haya surgido en ese lapso de dos meses sea con cargo para los ingresos del intendente Gil. Lo extraño es que fue votada por unanimidad, levantaron la mano tanto los opositores como los oficialistas.
¿Será ese un anticipo de lo que ocurriría si se abre la instancia de juicio político? Hasta acá, el mapa político caucetero indica que el Deliberante se divide en 4 oficialistas (Cepeda, Caselles, Gimenez y Varela), dos del FpV y uno de la UCR. De los 4 oficialistas, uno de ellos (Varela) es el que está manejando mayor distancia, mientras los otros 3 aún resisten. Claro, cada vez con menos convicción.
El intendente Gil cuestionó en los últimos días la conformación de las salas Acusadora y Juzgadora, anticipándose a lo que pudiera ocurrir. Pero su suerte no debería estar comprometida si es que lo defienden los concejales que entraron en él en la boleta en diciembre último, aunque eso resulte cada vez más dudoso. Para que la acusación prospere hacen falta los votos de la mitad más uno, es decir 4 concejales. Que la oposición departamental no junta por sí sola. Y para que la Juzgadora lo desplace hacen falta dos tercios de los votos, sobre lo que operaría el mismo resultado. La inquietud de Gil por la integración de salas es un indicativo de que no hay certezas en su propia tropa, y la tendencia va acorde a la opinión de los ciudadanos encuestados. El citado 8 a 2.
Eso se vería en los papeles si se completa todo el proceso con la destitución, luego de no menos 4 meses fijados por la carta orgánica municipal, que serían de tires y aflojes (40 días para admitir la acusación, 10 días para la defensa, 3 para el fallo, 20 para la producción de pruebas de la acusación, 30 días más para juzgar). En ese caso, el resultado debe ser validado por un plebiscito para que la gente indique si está de acuerdo o no.
Un camino largo y espinoso, que de todas maneras no es el único posible. Hay casos en que se produce un desenlace apenas se presenta la denuncia y el apuntado suele poner condiciones para el retiro, si el panorama es de nubarrones. Otros, en los que se agita el clima social y se hace oportuna la intervención provincial.
Algún chispazo de este tipo pudo haber saltado esta semana si prosperaba una supuesta convocatoria de una marcha en defensa del intendente, cosa que no ocurrió y que hubiera habilitado a otra en contra, y en consecuencia a una convulsión que podría perjudicar al propio jefe comunal.
El tiempo dirá cómo siguen los próximos capítulos de un escándalo que surgió también por casualidad, cuando apareció una camioneta que iba hasta Bermejo con el cartel de uso oficial y un reclamo de su dueño contra un tal Pedro Bustos. Y que a partir de allí fue enhebrando nuevas casualidades y han dejado al intendente contra las cuerdas.
