Dos frases pronunció en los últimos días Sergio Uñac para definir su espíritu ante la incomodidad de un impacto desmedido por el aumento de las tarifas: "No descartamos”, para referirse a la apelación de la vía judicial, y "es insuficiente” para referirse al tope fijado por la Nación la semana pasada en un modesto 400%.
Pero en el sector privado sanjuanino los ánimos son otros, en especial luego del impacto de la boleta de gas. Y será la Cámara de Expendedores de Combustibles –junto con el gremio del sector- la que presentará su queja ante los tribunales, según lo acaba de acordar en la semana que termina.
Surge nítido el ánimo del gobernador ante un problema disparado fuera de su órbita, pero que no le es ajeno: esperar un tiempo, no de brazos cruzados. Ni aguardar que las cosas transcurran sin hacerse escuchar. Es claro que el tarifazo energético –de electricidad y gas, básicamente- fue una determinación ajena, tomada por el gobierno nacional. También lo es que golpea en la línea de flotación de empresas –gigantes, grandes y más modestas- de San Juan y defenderlas en ese terreno es una atribución que le compete.
Fue clara su postura hasta ahora, mientras orejea de reojo el menú de herramientas a disposición. No empleará el recurso judicial al que ya han empleado otros distritos –vecinos algunos-, con relativo éxito. Pero sí respaldará cualquier acción que provenga del sector privado, los más afectados en San Juan.
Hasta acá, Uñac prefiere darle un tiempo extra a la racionalidad: es decir, que se comprenda que aún en la sensibilidad de entender que no se puede establecer de un día para otro un incremento de un 400%, aparezca al fin la noción de hacer necesario un aumento gradual.
Lo viene pronunciando con voz argentina el mandatario sanjuanino: que no es que no se entienda que hace falta actualizar las tarifas, pero lo que se pretende es que ese ajuste sea gradual y no de un plumazo. No lo dice, pero también se apuesta a que el margen resulte digerible. Y un 400% -la concesión más generosa del tándem Frigerio-Aranguren- no parece serlo.
Esta semana, Uñac volvió a explicar que se seguirán negociando, y que una alternativa judicial "no está entre las prioridades”. En esa apuesta a la calma y al diálogo que ha dejado buenos réditos a la provincia y a la Nación hasta ahora, es que prefiere no desenfundar el sable, como ya lo hicieron algunos distritos. Incluso, los amigables con el gobierno de Mauricio Macri. Pero que sin embargo se sintieron asfixiados por el impacto del sacudón tarifario y dejaron un ratito de lado las simpatías políticas para simpatizar de manera prioritaria con la necesidad de sus electores. Fueron a la justicia y consiguieron amparos que frenaron la aplicación de los incrementos.
Son los casos de Mendoza o Chubut, por citar a los más alineados con la Rosada. Los mendocinos son uno de los 4 distritos gobernador por funcionarios provinciales de Cambiemos (los otros son Capital, Bs. As y Corrientes). El gobernador Alfredo Cornejo es un delfín dilecto de Julio Cobos, a su vez comprendido en el armado del radicalismo a favor de Macri. Nada de eso impidió que alguien llevara hasta los tribunales federales una petición para que se declare en la zona Sur del Valle de Uco la no aplicabilidad momentánea del aumento de tarifas del gas, que su señoría aceptó diligentemente.
No fue el actor de la demanda el gobierno mendocino, atendiendo a las razones políticas que se podrán comprender: una provincia litigando contra un gobierno nacional afín. Nadie podrá suponer, de todos modos, que la acción judicial no estuvo amparada por el visto bueno oficial mendocino. Ni que al ser puesta en marcha tan rápidamente no pueda generar un rápido efecto imitación. Que por ahora no se produce, pero que seguramente se desencadenará si no aparece una solución de fondo de parte de la Nación que baje el umbral del 400% de la semana pasada.
En la región, también está el caso de San Luis, donde la Corte de esa provincia se pronunció por ponerle un límite de un 70% a la tarifa de gas sobre la que se cobraba anteriormente. Fallo que el gobierno puntano comunicó a la Nación, sin que hasta ahora trascendiera qué ocurrirá con eso.
O el caso de Chubut, provincia conducida por Mario Das Neves, quien luego de hacer navegar su nave por el peronismo clásico y el Frente Renovador, ancló en las costas de Macri presidente y fue uno de los primeros en visitarlo en la Rosada. Son beneficiarios Das Neves y Chubut de un acuerdo petrolero cuyo costo deben pagar el resto de los argentinos cada vez que pasan por el surtidor. Igualmente fueron contra el incremento de tarifas, que así como golpea en todo el país lo hace con más violencia en las familias de zonas frías que demandan calefacción a gas 10 de los 12 meses del año.
También lo hicieron algunos reductos del peronismo opositor, como Santa Cruz y el poderoso distrito del conurbano bonaerense La Matanza, en manos de la intensa jefa comunal Verónica Magario.
Sergio Uñac le da un tiempo más al acuerdo civilizado y sin intervención judicial ni miradas de pertenencias políticas, pero no deja de mirar de cerca lo que ocurre alrededor.
La semana anterior dio una señal clarísima cuando fue consultado sobre si acudiría a la justicia igual que algunos de sus colegas. Dijo que por ahora no lo tiene decidido –justo cuando Elías Álvarez, el funcionario del área de defensa al consumidor, había dicho que era posible-, pero que no se descarta hacerlo. Es claramente una apuesta a una solución desprovista de fallos judiciales, como debería ser por naturaleza. Pero que para perdurar reclama que aparezcan las soluciones de fondo al problema.
El propio mandatario sanjuanino también dejó claro que no considera que sea esa solución el resultado de la reunión de la semana pasada en la Capital Federal, donde se juntaron los gobernadores junto al padre de la criatura (el ministro Juan José Aranguren) escoltado por su colega Rogelio Frigerio, quien se consolida como el más capacitado del gabinete para conectar políticamente con el tapiz nacional.
De allí surgió esa suma tope del 400%, más un 20% de descuento adicional para la industria sin que quede claro a qué industria corresponde, más una dispensa a los clubes con menos de 2000 socios, es decir casi todos en San Juan. De allí salió también la frase del sanjuanino celebrando el gesto de considerar el problema en una mesa de diálogo, pero situando a sus resultados muy lejos de sus pretensiones: "es insuficiente”, lo rotuló.
Se esperan en San Juan nuevas instancias. Que se baje el umbral del aumento y se disponga un incremento gradual, por ejemplo. También, que se aclare la situación del sector industrial, que fue sacudido con incrementos que fueron incluso más allá del 400% y que fueron premiados con un retroceso del 20%. Es decir, que se dieron 40 pasos adelante y que ahora se deben conformar con 2 pasos para atrás.
Incluso el caso de la gran industria es un tema. Como el de la EMA, que inicialmente pareció estar contemplada en ese 20% porque se difundió que era para las electrointensivas, pero que finalmente se conoció que no era su caso (además de que un 20% es apenas un paliativo menor en su caso). La EMA representa el trabajo para 400 familias sanjuaninas.
Motivos hay de sobra para recalar ante la justicia, los argumentos son imposibles de pasar por alto por cuanto juez se encuentre en su escritorio con un expediente semejante. En general, los que ya se han expedido lo hicieron ante el carácter confiscatorio de una medida tan contundente, o ante la falta de apego a la mecánica de los aumentos, que exige previamente una audiencia pública con la participación de todos los sectores afectados y resolución del ente de control (en este caso el EPRE, que acaba de renovar sus autoridades).
Todo eso hay del lado de acción judicial. En San Juan, la esperanza radica en que no haga falta.
