Todos los jueces y/o fiscales que este cronista se cruzó en esta semana, la posterior al cisma ocasionado por la durísima calificación del abogado Rubén Pontoriero, tomaron el lance con una sonrisa y aseguraron como en un coro que "a mí no me toca porque no soy un juez de mierda”.
De generalizarse esa apreciación, podría establecerse una seria presunción de que la onda expansiva de las feroces definiciones del experimentado letrado sólo afectó a la línea de un determinado ambiente judicial: el encuadrado en la conducción del Colegio de Magistrados, habitualmente alejados de los padecimientos y pensamientos de la media entre los jueces. También de las mayorías.
Se cruzaron duro Pontoriero y el Colegio por la vía de las solicitadas, mecanismo que resguarda el lenguaje leguleyo con los que los letrados se tratan en sus escritos de Tribunales. Mirando de afuera, la controversia parece estar en la palabra mierda empleada por el abogado para referirse a la calidad de los magistrados locales, pero desempolvando un poquito se podrá descubrir que subyace un dilema más de fondo, más enraizado, más neurálgico. Algo así como una grieta –acepción de moda- fundada en la matriz.
Pontoriero es efectivamente un abogado vehemente –como lo definió su colega Oscar Cuadros en el debate ad hoc planteado en Paren las Rotativas el domingo pasado-, incluso una persona vehemente. Término que no condena ni elogia, sino define. Mismo efecto que la definición que empleó Pontoriero para dar su opinión sobre los jueces: "Es sólo la opinión de un abogado con 34 años de ejercicio de la profesión, ni está ni bien ni mal”.
Aquella palabra maldita –mierda- fue pronunciada por Pontoriero en una nota con Tiempo de San Juan en la que les requirió opinión sobre los efectos de la Constitución Provincial en su aniversario número 30, de cuya sanción fue protagonista. A trazo grueso, allí valoró la letra del texto y mostró padecimiento por quienes deben aplicarlo, con el condimento del vocablo que desató la tormenta.
Con furia fue repelido por el colegio del sector agraviado, el de Magistrados de la provincia. Le dedicaron la calificación de injurias a esa bendita palabra que figura en el diccionario de la lengua, que se emplea con frecuente asiduidad en cualquier adoquín que se quiera pisar, pero que aún conserva cierto halo despectivo. De ahí a injurias, será cuestión de sus señorías, justamente el colectivo que se alzó airado contra la calificación. Y que sin expediente judicial en marcha, lo rotuló bajo tipología delictiva. Si ellos lo dicen.
También consideran al vehemente y experimentado letrado incurso en contradicción a una serie de artículos de la ley 127A, lo que sería un menoscabo a instituciones y organismos de la democracia. Todo ello sin acudir a algún juez –es decir, ellos mismos- para que sea reparada esa supuesta falta, si es que la hubiera ocurrido como lo consideran. ¿No habrá sido obligación mínimamente moral la de un organismo integrado por jueces y fiscales denunciar una supuesta acción delictiva como la que declaran haberse cometido en su contra?
Pontoriero respondió con cierta ironía, de algún modo descartando haber incurrido en injuria y dedicando su carta a "los colegas que también son jueces”, antes que a los magistrados que lo habían emplazado anteriormente.
Lamenta no haber empleado un "lenguaje forense” sino una "expresión ordinaria”, ratifica el alcance de la nota y particulariza su enfoque contra el Consejo de la Magistratura ("no debe existir una institución que sólo se dedique a elegir a los Jueces, llamados a resolver sobre la libertad, fortuna y honor de todos los habitantes, y luego se olvide de ellos dejándolos a su suerte”) o contra las condiciones en las que trabajan los magistrados. Y remata con que "los términos representan mi opinión como expresión de mi pensamiento y como tales no son verdaderos ni falsos. Es tan solo y nada más que la opinión de un abogado con 34 años de ejercicio”.
De algún modo, le tira al organismo corporativo con la defensa de sus afiliados que debería desempeñar. Parece contar Pontoriero con que el favor mayoritario de los jueces no figura suscripto a la entidad que formalmente los representa, los que no consideran groseras a las expresiones, ni se escudan en el formal planteo de un "ataque a la investidura”.
Y es ahí donde está el punto. Porque desde hace tiempo, el Colegio de Magistrados representa a la extracción más academicista de la profesión de juez, una actividad cuya alcurnia quedó arrasada en los últimos tiempos por la irrupción de magistrados provenientes de la plebe –si es posible metaforizar con semejante corte de clases- que lo siguieron siendo aún después de haber llegado a las alturas de una magistratura.
Ya no es, entonces, el ejercicio de juez privativo de los altos círculos, ni del resguardo de la investidura a ultranza, pose que ha sido afortunadamente desplazada por personas de carne y hueso con responsabilidades excepcionales como la de dictar justicia. Esa grieta –por emplear un término bien de moda- es la que figura bien dibujada entre los magistrados provinciales. Divide a dos aguas ya no la mirada ideológica de cada magistrado –que siempre existe- sino la manera de encuadrar a la profesión.
La que ensaya el colegio es desde la lógica de la familia judicial y la preservación de los signos de identidad más tradicionales como la actividad social y el proverbio de sólo hablar con el mundo por medio de las sentencias. Las sucesivas integraciones de la comisión directiva de la entidad –cuya nómina no resultó sencilla en los últimos turnos- ha mostrado ese designio y se mantiene en su ejercicio.
Lo puso en blanco sobre negro el escándalo de las expropiaciones, tal vez el delito más cuantioso e insólitamente cometido en el propio intestino del palacio de Justicia, cuya ebullición fue dividiendo las voluntades de los magistrados. Los hubo escandalizados y espantados por el tamaño de la investigación y sus alcances, los hubo también quienes ejercieron la opción corporativa para preservar a la familia judicial por encima de cualquier otra cosa.
Entre éstos últimos se ubicó la conducción del Colegio de Magistrados en esos tormentosos episodios en los que dos de sus miembros cayeron bajo las acusaciones, uno finalmente destituido y otra renunciada. Los casos de Carlos Macchi y Rosalba Marún de Sobelvio –los dos magistrados a quienes arrastró la investigación- fueron un ejemplo sobre el manejo del colegio en el asunto, ejerciendo ante todo presión corporativa antes que la más natural conducta de no interponer obstáculos a los sumarios. Especialmente, entre jueces.
Implicó también esa polvareda el alejamiento de quien fuera indiscutible conductor del espacio, el camarista Roberto Pagés, y un costoso mecanismo para completar la nueva comisión. Mientras se sucedían tácitos y explícitos mecanismos para defender a los magistrados "atacados”, que por la otra ventanilla alejaban a los jueces neutrales a esos movimientos. Los que no entendían que en aquellos procesos había un ataque encubierto a la magistratura sino investigaciones por conductas particulares.
Justamente Pontoriero reportó en aquel cisma del otro lado del Colegio y ahora se volvieron a cruzar los sables con la entidad. Nuevo episodio, con una discusión de fondo parecida que en lugar de preocupación ya provoca una sonrisa.
