Mantener un taxi o un remís en las calles de San Juan se convirtió en una tarea de supervivencia, según aseguran quienes los conducen. Con ingresos que no alcanzan para cubrir gastos básicos, vehículos cada vez más difíciles de renovar y una competencia feroz con las plataformas digitales, los trabajadores del transporte de pasajeros en la provincia aseguran que atraviesan el momento más crítico de las últimas décadas. Mientras esperan la implementación de la nueva Ley de Transporte, la incertidumbre se suma a una realidad que, según describen, los obliga a hacer equilibrio todos los días para sostener su fuente laboral tratando de que les alcance el sueldo, pero sin perder pasajeros.
Joaquín lleva 31 años trabajando arriba de un taxi. En más de tres décadas recorriendo las calles sanjuaninas atravesó crisis económicas, cambios de gobierno y distintas transformaciones del sector. Sin embargo, asegura que nada se compara con la situación actual. “Nunca hemos estado tan complicados como hoy. Nunca he vivido lo que estoy viviendo ahora”, resume.
Según explica, el principal problema es una ecuación que ya no cierra. Los costos de mantenimiento aumentan constantemente mientras la cantidad de viajes y la rentabilidad disminuyen. “Se te rompe el auto y son 100.000 pesos para arriba cualquier cosita. Y no trabajamos lo suficiente como para solventar esos gastos”, lamenta.
La suba del combustible, los repuestos y los servicios vinculados al vehículo golpean directamente a quienes dependen del auto para generar ingresos. En ese escenario, cualquier desperfecto mecánico puede transformarse en un problema difícil de afrontar.
La competencia de las aplicaciones y el dilema de las tarifas
En paralelo, para los taxistas y remiseros tradicionales, la irrupción de plataformas como Uber y DiDi modificó por completo el mercado. Joaquín sostiene que los valores que ofrecen las aplicaciones son demasiado bajos para quienes deben afrontar todos los costos operativos de manera exclusiva. “Yo no soy chofer de aplicaciones. Sinceramente no me conviene hacer un gasto grande por dos o tres monedas que uno se lleva a su casa”, afirma.
La situación genera un dilema permanente. Los trabajadores reconocen que necesitan actualizar tarifas para compensar el incremento de los gastos, pero advierten que hacerlo podría alejarlos todavía más de los pasajeros. “Si subimos la tarifa, realmente no viajamos nada. Pero tampoco podemos seguir trabajando con estos costos. No nos queda más que tratar de hacer equilibrio”, explica.
Renovar el auto, una meta cada vez más lejana
La crisis también impacta en uno de los aspectos fundamentales de la actividad: la renovación de las unidades. Un remisero con 22 años de experiencia en el rubro asegura que reemplazar un vehículo hoy es prácticamente imposible. “Imaginate, 40 millones de pesos vale un auto. Nosotros estamos al borde de que se nos venza el plazo del modelo del vehículo. ¿Y de dónde sacamos si no tenemos seguridad de trabajo?”, cuestiona.
El trabajador señala que las exigencias para operar legalmente continúan siendo elevadas, mientras la rentabilidad disminuye. “Son muchas exigencias para ser legal y cuesta. Nosotros tenemos que tenerlas todas. Todo lo de la ley para nosotros, pero la ley con nosotros no está”, afirma.
La consecuencia, según explica, es que cada vez más trabajadores quedan atrapados entre la necesidad de renovar sus vehículos y la imposibilidad económica de hacerlo.
Otro de los reclamos recurrentes apunta a las diferencias regulatorias entre los servicios tradicionales y las plataformas digitales. Un taxista consultado asegura que la competencia no se desarrolla bajo las mismas reglas. “La aplicación trabaja con un precio al cual a ellos no les exigen carnet, no les exigen seguro, no les exigen control. Nosotros tenemos mil exigencias”, expresa.
Según su visión, muchos de los conductores que trabajan mediante aplicaciones cuentan con otras fuentes de ingresos y utilizan esos viajes como un complemento económico. “Sólo el 10 por ciento vive exclusivamente de eso. El otro 90 por ciento tiene otro trabajo y maneja como un extra”, asegura.
Los trabajadores también advierten sobre un cambio en la percepción social de la actividad. Afirman que muchos usuarios consideran que las tarifas son excesivas, aunque remarcan que los valores no son definidos por los propios choferes. “La gente viene y te pregunta cuánto sale el viaje. Cuando le decís, te responde que con la aplicación le cobran más barato”, cuenta uno de ellos.
Lejos de cuestionar a los pasajeros, aseguran comprender el contexto económico que atraviesan las familias sanjuaninas. “Yo entiendo a la gente. Los bolsillos no están para derrochar plata. Pero nadie nos entiende a nosotros”, sostiene.
La espera de la nueva ley
La expectativa por la puesta en marcha de la nueva Ley de Transporte también divide opiniones dentro del sector. Mientras algunos esperan que la normativa genere reglas más claras para todos los actores, otros se muestran escépticos.
“Va a ser lo mismo de siempre. Aquí nunca arreglaron nada. Siguen aumentando los coches y siguen rompiendo la fuente de trabajo”, sostiene uno de los entrevistados. La sensación predominante es que las soluciones llegan tarde frente a una crisis que se profundiza mes tras mes.
Mientras tanto, la implementación de la nueva Ley de Transporte de San Juan continúa demorada. La normativa, aprobada en diciembre de 2025, propone una transformación profunda del sistema al integrar bajo un mismo marco regulatorio a taxis, remises, colectivos y plataformas digitales como Uber y DiDi.
Uno de los cambios más importantes será la creación del Registro de Transporte de la Provincia (REPROT), un sistema digital abierto que reemplazará el antiguo esquema de licencias y cupos. Todos los prestadores deberán reinscribirse cuando el registro quede habilitado.
Además, la ley mantiene requisitos como la licencia profesional, la Revisión Técnica Obligatoria, el seguro específico para la actividad y una antigüedad máxima de diez años para los vehículos.
Sin embargo, la reglamentación aún no entra en vigencia debido a inconvenientes técnicos vinculados con la integración de datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Desde el Gobierno provincial aseguran que la reglamentación se encuentra en su etapa final y estiman que el nuevo sistema podría comenzar a funcionar en lo que resta de junio y julio próximo.