En un dictamen eminentemente técnico, la procuradora general
de la Nación, Alejandra Gils Carbó, asestará hoy el primer revés jurídico sobre
el tarifazo, en la recta final para el fallo definitivo en el que trabaja la
Corte Suprema de Justicia por los aumentos de gas, con miras a resolver mañana.
Con especial recaudo en asignar al Poder Ejecutivo la potestad de fijar la
política tarifaria, lo que puede ser leído como un guiño al Poder Ejecutivo, la
jefa de los fiscales hará especial énfasis en la ausencia de audiencias
públicas previas a disponer los nuevos cuadros tarifarios y se limitará a un
control de legalidad sobre los requisitos genéricos en cuanto al procedimiento
elegido por la administración de Mauricio Macri para llevar adelante las subas.
Retomará antecedentes de jurisprudencia y la opinión de una decena de dictámenes
fiscales que otorgaron cautelares a favor de los usuarios y consumidores.
Un día antes del plazo límite fijado por el máximo Tribunal,
Gils Carbó presentará hoy -antes del mediodía- los argumentos de su dictamen
(no vinculante en la decisión final) que será el paso previo imprescindible
para la ambición del Gobierno de obtener un fallo favorable de la Corte. Ayer,
en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, arriesgaban que salvo detalles,
los jueces intentaban llegar a una decisión consensuada que permita un voto
mayoritario. Después de recibir ese escrito, los jueces Ricardo Lorenzetti,
Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti quedarán
habilitados para tomar una decisión que, de postergarse, podría incluir como
quinto voto a Carlos Rosenkrantz, próximo a asumir el lunes.
El eje central sobre el que se apoyará la opinión de Gils
Carbó será el artículo 46 de la Ley 24.076 que regula que las modificaciones de
cargos que requieren la convocatoria a audiencia pública, algo sustentado
además en el artículo 42 de la propia Constitución nacional, como mecanismo
participativo de los ciudadanos. Lo mismo se señala por los antecedentes
sentados por el Ejecutivo en el Decreto 367/2016 que regula el procedimiento de
renegociación de los contratos de obras y servicios públicos del artículo
noveno de la Ley 25.561. Su acápite 5 ata modificaciones tarifarias al
Reglamento General de Audiencias Públicas que data de diciembre de 2003. Las
audiencias no sólo implican participación en la decisión y una vía
administrativa para la eventual impugnación -algo recalcado por varios fiscales
en sus dictámenes-, sino que aporta una "garantía de razonabilidad"
para los usuarios y una garantía de transparencia del procedimiento.
El principio de unidad de acción del Ministerio Público
Fiscal es otro de los vértices sobre el que se desarrollará el dictamen
técnico, a partir de considerar que la cabeza del organismo debe sostener la
opinión de los fiscales de instancias inferiores que se pronunciaron por declarar
improcedente la suba en Santa Cruz, Mar del Plata y otras ocho jurisdicciones
clave.
En ese sentido, y pese a aclarar los límites del control
judicial sobre la potestad del Gobierno en materia de determinación de tarifas
(quizás uno de los pocos puntos a favor de la administración de Macri), se
recordará que la propia Corte generó jurisprudencia en ese sentido. El amparo
en la causa "Prodelco c/Poder Ejecutivo Nacional" menciona la
revisión judicial cuando exista alguna violación normativa del Ejecutivo y esté
en duda la razonabilidad de los actos administrativos a través de un caso, como
el elevado a la Corte por la Cámara Federal de La Plata.
Otros antecedentes de peso se basan en fallos del máximo
tribunal como "Maruba SCA" y "Fernández", ambos de 1998, en
los que se asignaba la responsabilidad de fijación de las tarifas en la
administración central, pero ponderando el interés público en el resguardo de
la prestación de servicio y la protección del usuario. Ese equilibrio es en el
que Gils Carbó aspira a moverse. Aun así, el impedimento de definir ajustes
unilateralmente tiene el objetivo de mitigar el impacto económico y social que
puedan tener.
Hasta anoche se discutía la inclusión de algún guiño al
Ejecutivo en el argumento sobre el porcentaje del aumento en "boca de
pozo", uno de los principales justificativos en defensa de los nuevos
cuadros por parte del oficialismo. La presentación del dictamen de la
procuradora, despejará el camino para que todos los ojos sólo miren a la Corte.
