Investigan una estafa con permisos de construcción en el municipio de Capital

Por ahora no se sabe si actuaba solo o hay más municipales involucrados. Ni tampoco se sabe cómo hacía para adulterar la documentación porque entregaba certificaciones oficiales.

El arquitecto Fabricio Alejandro Corallo es una de las personas que fue a tramitar un permiso y recibió la propuesta presuntamente ilegal realizó la denuncia en la Seccional Primera y originó una causa penal que está en el Cuarto Juzgado de Instrucción, donde es inminente el llamado a indagatoria del empleado sospechoso.

Hay otros dos casos que también fueron puestos en conocimiento de las autoridades de la municipalidad. Uno de ellos es un vecino de la ciudad identificado como Aitor Andrés Luluaga. Y el tercero fue con la empresa Panedille.

De inmediato, el intendente Franco Aranda ordenó un sumario administrativo para ver si hay más empleados municipales de planta involucrados. Ese trabajo está a cargo de la Asesoría Letrada que dirige Grace Ann Bridge.

Cuando finalice el sumario, lo que ocurrirá durante el mes de octubre como plazo máximo, el jefe comunal decidirá si amplía la denuncia penal o si se constituye como querellante ante la justicia, según fuentes oficiales de Capital.

El escándalo interno que ahora toma estado público por Tiempo de San Juan llevó a que el intendente Aranda sacara el decreto N° 1360 el 4 de agosto de 2016 para reorganizar toda el área Técnico Administrativa que quedó bajo un manto de sospecha.

El caso llenó de indignación a los empleados con más antigüedad del municipio capitalino, debido a que el sujeto en cuestión había sido ayudado en lo personal en reiteradas oportunidades y su presunto accionar delictivo ahora los pone a todos bajo sospecha y en el tapete público.

El empleado investigado penal y administrativamente está identificado en los documentos como "Miguel Ángel Agüero de la Vega, personal efectivo, agrupamiento profesional nivel F de la Secretaría de Planificación Urbana, Departamento Técnico Administrativo”.

En cuanto estalló el escándalo, el Coordinador de Gabinete y el Secretario de Planificación Urbana sacaron la resolución N° 2320 el 12 de julio de 2016 ordenando el traslado de Agüero a la Dirección de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobierno, la cual funciona en las inmediaciones del Centro Cívico.

"Allí cumple tareas administrativas y no tiene contacto con el dinero. Hasta octubre el municipio tiene tiempo legal para terminar el sumario y decidir qué va hacer con el empleado. Finalizado ese plazo, Agüero legalmente debería retornar nuevamente a la oficina donde se otorgan los permisos de construcción”, precisó una fuente oficial de Capital.

En el considerando del expediente 8625-C-2016 se dejó oficializado el primero de los hechos.

Allí dice que el arquitecto Corallo presentó una denuncia por una situación "de extrema irregularidad producida en el Municipio, en el Área Técnico Administrativo”.

Dice Corallo el documento que "al concurrir a la mencionada oficina para conocer el monto a pagar de Derecho de Edificación para dos viviendas es recepcionado por el Sr. Miguel Agüero, empleado del Municipio de Capital, quien le informa que el monto es de $ 13.880 aproximadamente por cada vivienda ($ 27.760 en total). Collado le dice que luego volvería y antes de retirarse Agüero le dijo