Chile legisla el uso del agua desalinizada en su mar y abre un nuevo escenario: ¿cómo impacta en la minería de San Juan?

En San Juan, el tema no es ajeno: la discusión impacta de lleno en proyectos mineros como el gigante Vicuña –el proyecto de cobre ubicado en Iglesia- que ha indicado su intención de abastecerse con agua proveniente del lado chileno para una segunda etapa de producción.

La norma que se ha sancionado en Chile crea una Estrategia Nacional de Desalinización, introduce una concesión marítima especial y exige evaluaciones más claras sobre impacto hídrico, territorial y ambiental.

También fija un punto sensible: hasta el 5% del agua producida podrá ser exigido para consumo humano o saneamiento, incluso en proyectos cuyo objetivo principal no sea ese, por ejemplo, las mineras.

Hasta ahora, la industria de agua desalinizada operaba en Chile en una zona gris de permisos que podían tardar más de 11 años en concretarse. Un punto clave de esta legislación es que declara el agua desalinizada de interés público. Por eso la obligatoriedad de proveer un porcentaje de los producido a la comunidad chilena donde se ubique la planta o ducto.

Chile ya cuenta con 32 plantas desaladoras en operación, más de 50 proyectos en carpeta y una inversión que supera los 24.000 millones de dólares. La minería del cobre explica el 85% de esa capacidad.

En paralelo, la minería chilena avanza hacia un cambio estructural: el uso de agua de mar pasará de representar el 40,7% del consumo en 2024 al 67,6% en 2034.

El dato clave para San Juan

Ese giro político sobre este recurso no solo impacta en Chile. También reabre una pregunta que en San Juan ya circula en voz baja: cómo impactará en proyectos como Vicuña que y si el agua desalinizada puede cruzar la cordillera.

Vicuña integra los proyectos mineros Josemaría y Filo del sol. Este último proyecto cruza la cordillera y por eso Vicuña es considerado binacional.

Una de sus operadoras, Lundin (la otra es BHP) anunció el año pasado que el tema hídrico es central, y ante la falta de agua en San Juan deslizó el objetivo de abastecerse desde Chile aparece como una alternativa concreta. La duda es si la nueva ley de desalinización chilena cerrara esa puerta. O lejos de eso, podría reordenarla.

Las miradas sobre el tema

Desde el entorno oficial relativizan cualquier efecto negativo. “Por lo que hablamos con las autoridades de Vicuña, no afecta. Al contrario. Han definido que el 5% de lo que produzcan deben donarlo a uso público”, señalaron fuentes del Gobierno provincial ante la consulta sobre el impacto de la ley chilena.

Sobre el punto más sensible -si es posible traer agua desde otro país- las fuentes indicaron que hay señales políticas que indican que sí. “Tanto la ministra anterior que era socialista como el actual ministro de Economía y Minería se han mostrado y declarado públicamente que se puede y están de acuerdo”, indicaron.

Al respecto, semanas atrás el doble ministro chileno Daniel Mas Vásquez realizó declaraciones a Diario de Cuyo y fue directo: “Podemos hacer muchas cosas en conjunto. Podemos entregar agua, podemos salir por nuestros puertos”, dijo.

En la misma línea, fuentes oficiales indicaron que hubo consultas directas a la empresa vinculada al proyecto Vicuña y que la respuesta fue clara: la nueva legislación chilena no altera sus planes.

Mario Capello, Ex Diputado Nacional y ex Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, no vio frenos en el horizonte: "no creo que haya problemas. Es lógico: apuntan a usar el agua desalinizada en todo tipo de producciones. Además, el recurso es prácticamente inagotable —no como el continental— y es un negocio: no es gratis para las mineras". Agregó que Tratado Binacional puede ayudar, igual que (el presidente) Kast. Y hay un dato clave: van a necesitar el gas argentino de Vaca Muerta."

Por eso no debería haber mayores inconvenientes.

Más reglas, no necesariamente más trabas

Aunque el mensaje político es favorable, el nuevo escenario no es automático. La propia lógica de la ley chilena introduce más capas de regulación: será necesario contar con evaluación ambiental específica, coordinación institucional y definición de prioridades de uso.

A eso se suma un punto menos visible pero clave: cualquier esquema de provisión de agua entre países deberá encuadrarse en el derecho internacional, el Tratado Minero argentino-chileno y la nueva normativa sectorial.

Eso implica que no aparece un freno, pero sí un sistema más exigente. Un analista técnico con un pie en Chile y en Argentina dijo a Tiempo de San Juan que la lectura que se debe dar debe ser prudente: no hay impedimentos estructurales, pero sí un escenario que exige mayor ingeniería jurídica y política.

En definitiva, la posibilidad de traer agua desde Chile sigue en pie, pero dependerá de acuerdos binacionales, condiciones regulatorias y definiciones comerciales que todavía no están cerradas.

La nueva ley chilena indica que el agua desalinizada no será solo un insumo privado como hasta ahora, sino un recurso con interés público. Y ese cambio de enfoque puede reconfigurar negociaciones, especialmente en zonas donde la minería depende de grandes volúmenes de agua.

Para San Juan, entonces la pregunta ya no es solo si puede acceder a ese recurso, sino en qué condiciones, con qué costos y bajo qué reglas.