Marcelo Orrego, flamante gobernador de San Juan, tomó decisiones firmes para el cumplimiento estricto del artículo 46 de la Constitución Provincial, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Ley de Emergencia Económica, que establecen la prohibición de realizar nombramientos en los seis meses previos al término del mandato, habida cuenta de la situación económica que atraviesa el país y del que nuestra provincia es parte. El Estado no puede incorporar miles de personas a la administración pública, incrementando el gasto y poniendo en riesgo las finanzas de la provincia.
En consonancia con la reducción del 30% de los cargos políticos anunciado en su asunción del domingo, estas nuevas medidas consisten en la baja de contrataciones, renovaciones y pases a planta permanente de personal contratado realizadas en los últimos meses del mandato anterior.
A continuación, se detallan las medidas implementadas:
- Anulación de Nombramientos Recientes: Se revocan los actos administrativos que resultaron en nombramientos en planta permanente de la administración pública en los seis meses previos.
- Revisión de la Continuidad del Servicio: Se invalidan los nombramientos de aquellos agentes que, aunque designados en los últimos nueve meses, no cumplieron con un mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo.
- Cese de Funciones: Los empleados afectados por estas disposiciones cesarán en sus cargos de forma inmediata.
- Anulación de extensiones de contrato: Se da de baja la extensión de contratos administrativos de servicio de colaboración del año 2023, realizadas por el gobierno anterior.
- Evaluaciones Puntuales: Se constituye una Comisión Evaluadora, para casos puntuales que puedan cumplir con los requisitos de contratación a fin de garantizar los derechos de los mismos.
Orrego reafirma de esta manera el compromiso del Gobierno de San Juan con la austeridad, responsabilidad y eficiencia en la administración pública.
