Con una denuncia, piden frenar el ascenso de policías en San Juan

Acorde señalaron fuentes allegadas al caso, habría un grupo de uniformados que estarían bajo la lupa de la investigación interna que se inició a partir de la denuncia de Oscar Vanetti, quien manifestó que dichos efectivos no deberían ser beneficiados mientras carguen con las sospechas sobre sus hombros, de acuerdo con las leyes de ética que rigen en la Policía.

A través de una presentación en el ente que indaga sobre el accionar policial, el hombre que estuvo al frente de la Tesorería solicitó que se le informara sobre el avance del sumario administrativo, como así también se suspendan los ascensos previstos del personal superior y subalterno involucrado en la denuncia que se radicó el 23 de abril de 2024.

La sospecha que sembró, la que contó con documentación para respaldar sus afirmaciones, representó un sacudón dentro de la Policía dado el escándalo que podría desatarse, de resultar ciertas las acusaciones. En aquella oportunidad, además, apuntó contra el exjefe del Departamento de Administración y contra Luis Walter Martínez, el ex Jefe de la Policía.

Las fuentes indicaron que los argumentos de Vanetti corresponden a lo dispuesto por los decretos que regulan a la Fuerza, que -entre tantas cuestiones- establecen que una vez "producida la propuesta de ascensos por la Jefatura de Policía y antes de su elevación al Poder Ejecutivo, la Dirección de Personal D-1 procederá a revisar la situación de inhabilidad de ascenso de todos y cada uno de los policías propuestos, ya sea por causales surgidas antes, durante o después del tratamiento de Junta.. Para el caso de personal policial bajo sumario judicial, el D-1 deberá requerir información actualizada al Juzgado interviniente sobre el estado procesal del policía a los efectos de obrar en consecuencia".

El planteo del ex jefe policial condenado, además, recalcó que la legislación impone sustituir al postulante al ascenso que se encuentra en medio de una causa judicial y, por ello, enfatizó: "Detectada la causal de inhabilidad que pesare sobre alguno de los candidatos, la propuesta volverá a la Jefatura de Policía para que, en base a los antecedentes elaborados por la Junta, proceda a sustituir al desplazado y, previa intervención de la D-1, formule la nueva propuesta de ascensos. A los efectos precedentes, todo policía a quien se le impute la comisión de un delito doloso, deberá comunicar inmediatamente esta novedad".

Haciendo mención a la Ética Pública que se pondera en la reglamentación, recordó el objeto de la reglamentación de establecer normas y pautas relacionadas al buen desempeño de todos los funcionarios que presenten servicios remunerados o no remunerados, que constituyan una función pública, en dependencias centralizadas, descentralizadas y autárquicas del Estado Provincial".

En ese marco, advirtió que "para el caso de silencio, ambigüedad o evasivas al presente formal requerimiento se formula expresa reserva de derechos a interponer las denuncias penales por el presunto delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, por cuanto se trata de una omisión que consiste en la inobservancia de la ley el no hacer, no ejecutar, no cumplir con lo que la ley manda expresamente".

Fuentes vinculadas al caso comentaron que algunos de los efectivos implicados y que estarían posicionados para ascender serían la Comisario Mayor Mabel Molina (ex jefe de administración), el Comisario Mayor Jorge Santoni ( ex jefe del área de compras y seguros del D-4), como así también el Comisario Mayor Antonio Salinas ( ex jefe de taller de policía, por sustracción combustible y autopartes de del taller de policía).

Lo que Vanetti denunció, junto a su abogado Marcelo Sandez Luján, supone un perjuicio millonario a la Administración Pública. La denuncia apuntaba, entre otros, contra el comisario general Marcelo Fabián Carrizo, su exjefe en Tesorería, y el exjefe de la Policía, el comisario general (r) Luis Walter Martínez, confirmó una alta fuente ligada al caso.

En la misma aseveró que se dispuso dinero para la adquisición de alrededor de 150 computadoras destinadas a las comisarías. También detalló presuntas maniobras para desviar fondos por ésta y otras compras que no llegaron a concretarse.

Tras la denuncia, el actual cabecilla de la Policía de San Juan Eduardo Ramón Lirola confirmó cambios en la Tesorería, aunque aclaró que no estaban relacionados con la sospecha, sino que se debieron a un ciclo cumplido en la función. Mientras tanto, la UFI de Delitos Especiales inició una investigación en la justicia penal, encabezada por el fiscal Nicolás Schiattino, quien solicitó que pasara al fuero de la Justicia Federal por su naturaleza.

El representante del Ministerio Público realizó las actuaciones y, como los fondos que habrían sido malversado por autores desconocidos, consideró que la competencia era de la Justicia Federal. Por ese motivo, realizó el pedido de declaración de incompetencia al juez de Garantía que intervenía para que definiera si la causa debe ser derivada o no. Hasta allí hubo novedad en el caso, que reflotó con los pedidos de Vanetti.