Para monitorear que aquellos condenados que gozan de prisión domiciliaria estén cumpliendo efectivamente y no salgan de sus hogares se puede recurrir tanto al control policial o a las tobilleras electrónicas. Trascendió que hubo un runrún en la Justicia porque habrían pedido la colocación de una pulsera a un detenido con respuesta negativa del Ejecutivo. Desde la Secretaria de Seguridad informaron que hay tres pulseras disponibles, que siempre hubo, pero que solo pueden usarse cuando el condenado tiene un teléfono o señal en la zona ya que de este modo se ejerce el monitoreo. Al mismo tiempo, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, informó que en los próximos días llegarán 40 pulseras más, que se suman al stock.
Desde Seguridad no dudaron en afirmar que siempre hubo pulseras disponibles para cuando la Justicia lo requiera. Lo que sucede es que no todos los condenados con prisión domiciliaria reúnen los requisitos para poder usar una. El monitoreo se hace a personas que cuenten con un teléfono celular o una conexión de telefonía fija en sus hogares con Internet. Es requisito excluyente que haya señal para poder realizar a través del CISEM el correspondiente rastreo.
El Ministerio de Justicia de la Nación enviará 40 pulseras electrónicas más, que se sumarán a las 30 que hay en la actualidad, de las cuales 27 están en uso. La inversión en la compra la hizo el estado nacional.
En un principio solo eran colocadas a condenados por abuso sexual, pero ahora su uso se extendió. En marzo del 2021 al represor Jorge Antonio Olivera le fue otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria y la Justicia Federal dispuso la colocación de una tobillera para monitorear que cumpla con la prisión domiciliaria, más al considerar el antecedente de fuga que tiene.
Sobre el funcionamiento de las pulseras, ante cualquier manipulación que se realice sobre ellas, se activa automáticamente una alerta. Dentro del domicilio, se fija un anillo de seguridad dentro del cual la persona puede moverse. Si lo incumple, se activa la alerta y desde el CISEM se envían móviles policiales para que vayan a verificar. Al mismo tiempo, se da aviso a las autoridades judiciales del caso. Hasta ahora, no hay antecedentes en San Juan de algún preso con tobillera que se haya intentado escapar.
