Ocupación de terrenos VIP: revés judicial para el municipio de Capital

Así lo explicó el abogado que representa a unas de las 15 familias que habitan en los terrenos VIP, que cuentan con una ubicación envidiable. El Dr. Dante Robles Roca indicó que el juez federal Miguel Ángel Gálvez dictó una medida cautelar que le impide al municipio capitalino tomar cualquier tipo de acción. "Lo que resolvió es una 'prohibición de innovar' que está dirigida hacia el organismo público para que no haga nada que afecte los derechos de posesión de las personas que ahí viven", aseguró. 

Como en el fuero federal hay un juicio de las familias contra el Estado Nacional por esas tierras, el juez ordenó que no se haga nada hasta tanto no se dicte una sentencia, según manifestó el letrado que representa los intereses de los ocupantes del Barrio Ferroviario. "Existe una situación jurídica que se debe resolver y nada tiene que ver el municipio. Ellos están tramitando la prescripción adquisitiva, que es el proceso de hacer valer el derecho posesorio", detalló.

Hace unas semanas atrás, el intendente Emilio Baistrocchi había expresado que estaba todo encaminado para que Capital recuperara el terreno. Incluso había dicho que se había llegado a un acuerdo con al menos seis familias para que desalojaran el lugar. Con los que no se había arreglado nada, advertía un desalojo.

"Se procederá como ya se hizo oportunamente hace 5 ó 6 años cuando se recuperaron las tres primeras parcelas. Esto hay que tener en cuenta que son terrenos del Estado Municipal, que quienes son ocasionalmente funcionarios tenemos la obligación de cuidar ese patrimonio, que es de todos, que es el corazón de la ciudad, y que quienes están ahí si bien vienen estando, porque nunca han tenido, porque a lo mejor el padre o la madre fue, o porque ha ido de pasamano, lo cierto es que esas tierras son de dominio municipal. Tenemos la obligación y la necesidad de recuperarlos", había afirmado. 

Sin embargo, este fallo judicial que resulta un revés para el municipio lo obliga a no accionar por el momento. Esta situación podría promover alguna acción de parte del municipio, que podría presentar algún tipo de queja ante la Justicia Federal. 

Robles Roca manifestó que existen documentos tanto de Nación como de la Provincia que avalan la posesión de las casi 20 familias, descendientes de empleados del ferrocarril, que habitan el terreno situado entre Av. Ignacio de la Roza, Las Heras, Av. Córdoba y Suipacha. Señaló que, como hubo cierta desidia de parte de las familias que nunca escrituraron, "desde el municipio se tomaron la atribución de querer apropiarse de lo que nunca fue suyo". 

El argumento más fuerte que ofrece la resistencia es que hay un decreto provincial y otro nacional que respaldan a las familias y, en la contra parte, aseveran que hay una resolución de la Dirección de Catastro que contradice ambos dictámenes. En pocas palabras, sugieren que la decisión de una repartición menor del gobierno local no puede tener mayor peso que la de un gobernador e incluso de un presidente.   

A mediados de julio de este año, personal municipal y fuerzas de seguridad acudieron al lugar para iniciar un desalojo. A partir de ello, la puja volvió a salir a la luz.