La Cámara Federal de Casación Penal ordenó analizar distintos mecanismos de detención para los presos que se encuentran en el grupo de riesgo ante el avance del coronavirus en la Argentina.
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SUSCRIBITELa Cámara Federal de Casación Penal ordenó analizar distintos mecanismos de detención para los presos que se encuentran en el grupo de riesgo ante el avance del coronavirus en la Argentina.
Así, el máximo tribunal penal le pidió al resto de la justicia “evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.
La decisión fue firmada por la presidenta de la Cámara de Casación Angela Ledesma en consulta con los jueces Gustavo Hornos y Alejandro Slokar y “en atención a la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Así se apoyaron en uno de los argumentos de ese organismo e instaron a sus pares a “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19”.
¿Qué pasa en San Juan?
En San Juan son 110 presos los que son considerados pacientes de riesgo por lo dispuesto por Salud Pública. El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, afirmó que “por ahora siguen cumpliendo condena como se debe. La decisión depende de otros ámbitos, pero será la última medida que se tome. Por ahora van a estar cumpliendo la condena”, sostuvo de manera tajante.
Desde comienzos de marzo, apenas unos días antes de que la OMS declarara al coronavirus como una pandemia, Casación dejó planteado un nuevo criterio para otorgar arresto domiciliario a aquellas mujeres detenidas en cárceles que se encuentren embarazadas o tengan hijos menores de cinco años. La mayoría de los jueces aseguraron que esas recomendaciones están basadas en un tema humanitario y prioritario que involucra dos colectivos vulnerables y dentro de la existente emergencia carcelaria.
Pese a los líneamientos dictados por Casación, fueron pocos los tribunales orales o de instrucción que, hasta ahora, decidieron hacer lugar al pedido de distintas defensas para disponer libertades o prisiones domiciliaria.
Uno de ellos fue el fallo del Tribunal Oral Federal de 5 de San Martín, revelado por el diario Infobae, que concedió le permitió a un recientemente condenado por violación la prisión domiciliaria, bajo la condición del pago de una fianza de 100 mil pesos, la colocación de una tobillera electrónica y la orden de que el acusado vuelva a prisión a cumplir su pena cuando la pandemia termine.
La jueza que tuvo el voto clave en esa decisión tomó los argumentos que había destacado Casación y en particular destacó al juez Hornos, al citarlo expresamente diciendo que “las personas detenidas conservan todos sus derechos de los que no los priva su condición” y que "al igual que el resto de la población, las personas privadas de su libertad tienen el derecho al mayor y más oportuno acceso a través de los niveles sanitarios adecuados disponibles y deberá brindarse la oportuna asistencia médica integral, debiéndose respetar los principios de equivalencia e integración”.
Con información de Infobae.
