El control a los gimnasios, un nudo gordiano para el Estado

La historia de la normativa que regula los gimnasios se remonta a 2005. En noviembre de ese año se sancionó una ley que entre sus requisitos fijaba que estos lugares debían tener un profesor de educación física, un seguro civil, un sistema de emergencias y personal entrenado para practicar rehabilitación en casos de emergencia, entre otros puntos. 

Fue recién en 2010, cuando se conoció el caso del profesor de karate Osvaldo Arena, condenado a 40 años de prisión por abuso sexual de 4 de sus alumnas en el lugar donde enseñaba artes marciales, que el Gobierno implementó la ley 7469. Así, en marzo de 2011 se habilitó un registro para que voluntariamente los gimnasios se anotaran. Quien era secretario de Deportes en 2012, Gustavo Álvarez, dijo que no llegaban a 10 los locales que se habían registrado cuando se estimaba que había cerca de 1.000 funcionando, por lo que habían decidido cambiar el sistema, pidiendo a los municipios que informen a Deportes sobre los gimnasios que pedían habilitación municipal. También en ese entonces Álvarez aseguró que no tenían  supervisores ni vehículos para poder controlar.   

El antecedente: un muerto en Rawson

El 2012 fue una bisagra para el control de los locales de actividades deportivas, porque se dio una tragedia. En marzo de ese año Juan Javier Montaño, de 37 años, murió de un ataque cardíaco mientras caminaba en una cinta de un gimnasio ubicado en Quiroga y España, en Rawson.  Su hermano declaró en la Seccional Sexta que la víctima tenía problemas cardíacos. En agosto de ese año se reglamentó la nueva ley 8281, que se había sancionado el 5 de julio de 2012. Esta especifica para los gimnasios, centros deportivos, institutos y academias, entre otros requerimientos la obligación de contar con la cobertura de un servicio de emergencias médicas, privado o público según corresponda, que asegure la atención inmediata. Además, profesionales y personal capacitados en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y de primeros auxilios, con certificación de organismos reconocidos por Salud Pública de la Provincia, debiendo poseer además un botiquín de primeros auxilios en el lugar. 

Por otro lado, la normativa fija que “toda persona que realice algún tipo de actividad física en los establecimientos o espacios autorizados por la presente ley, debe presentar al profesional a cargo de la Dirección o Supervisión del establecimiento o lugar autorizado, un certificado médico que determine su aptitud física para la actividad a desarrollar, el que será archivado en el lugar autorizado, junto a su ficha personal, con validez de un año”. 

La autoridad de aplicación y el registro de las entidades comprendidas en la ley –les daban 180 días corridos para inscribirse- quedaron a cargo de la Secretaría de Deportes.
Cuando se puso en vigencia esta última ley, desde la Cámara de Gimnasios de San Juan, hoy disuelta, salieron a poner el grito en el cielo especialmente por  el costo de contar obligatoriamente con profesionales de la salud, y declararon no haber sido consultados para la gestación de la normativa. 

Control complejo
Los gimnasios y otros centros que tienen que ver con la estética se modernizan y ofrecen cada vez más servicios basados en las nuevas tecnologías. Según dijo el director de Regulación y Control de Gestión de Salud Pública, Jorge Quiroga, estos centros requieren de habilitaciones especiales de su área cuando sus servicios impliquen prestaciones médicas o prácticas con aparatología de incumbencia médica, con acceso al cuerpo humano. Si no prestan estos servicios especiales, los locales deben contar sólo con la habilitación de Saneamiento de Salud Pública que es básica además de Bomberos, Planeamiento y la comercial que dan los municipios. 

El funcionario admitió que se complican los controles: “este tipo de entidades requiere supervisión por parte de profesionales calificados, que miren áreas, con competencias técnicas, y no disponemos de personal para tanta demanda”. Agregó que mucho tiene que ver la gente en el funcionamiento correcto del sistema. “Es importante que quien tome cursos que exija las competencias para desarrollar la actividad. La gente los toma sin tomar recaudos, no quiere decir que no se preocupe por la estética, pero que lo haga en un lugar habilitado”.

Por su parte, Federico Ozollo que es el jefe de Saneamiento de Medios de Salud Pública, de donde dependen las habilitaciones primarias, analizó que “a mí no me consta que le pidan el certificado médico a los que van al gimnasio, la Secretaria de Deportes sí dice claramente que tiene que ser así”. Y agregó que “no es una cuestión de inspectores. Tenemos que ser conscientes y una persona debe ir al médico antes de hacer gimnasia. Si no te puede dar un infarto, yo lo he visto con ciclistas en la calle, porque la gente no toma conciencia que debe hacerse al menos una ergometría. Los locales deben tener profesionales, porque por ejemplo hay spas que queman con la depilación definitiva a la gente, pero también hay implicancia en la gente, porque si vas al kinesiólogo vas con receta y te ponen un solo aparato, aquí en este caso es un chaleco con varios impulsos eléctricos”.

Según Ozollo, alrededor de 45 o 50 gimnasios están habilitados en San Juan y apuntó que se dieron pocas clausuras en los últimos años, alrededor de 5 o 6, pero por ruidos molestos básicamente.