Según las pruebas judiciales, creen que los hechos sucedieron así: un abogado le llamó por teléfono a su cliente narco y le advirtió que "limpiara todo” porque era inminente que le cayera la Policía Federal con un allanamiento. Y el profesional le pidió a su cliente que, "por favor”, no avisara a los "otros”. Sin embargo, con o sin intención, le estaba diciendo quiénes eran esos "otros” a los que también iban allanar. Como era de esperar, ni bien cortó la comunicación con su abogado el cliente le llamó por teléfono a esos "otros”, que eran cuatro narcos más que estaban en la mira judicial.
Investigan a un abogado por proteger a cinco narcos
Fue imputado e indagado. Es por el delito de encubrimiento. Hay bronca por quién le filtró internamente la información al profesional, que terminó aguando cinco allanamientos.
En efecto, cuando la Policía Federal hizo los allanamientos a los cinco narcos no encontró nada y el operativo quedó trunco. La bronca fue total porque los venían investigando desde hacía meses y tenían todo listo para atraparlos con la principal evidencia: la droga.
Por ahora no trascendieron más precisiones de la investigación. Pero se supone que, entre el llamado del abogado a su cliente narco y los allanamientos de la policía, hubo poca diferencia de tiempo. Aunque fue lo suficiente como para que los sospechosos hicieran desaparecer toda la evidencia.
Cuando revisaron las escuchas telefónicas a los cinco narcos, los investigadores ataron cabos y se dieron cuenta cómo había sido el circuito de las llamadas telefónicas que les terminó pinchando el golpe a los narcos.
Así fue cómo nació la investigación judicial contra el abogado Darío Tarsicio Amaya por el delito de encubrimiento a los cinco narcos, más allá de que él le hizo el llamado a uno de ellos.
Tras evaluar las evidencias, desde la fiscalía federal se consideró que había pruebas para investigarlo. Y se procedió a la imputación formal por encubrimiento.
Luego el Juzgado Federal decidió citar al abogado a declaración indagatoria, se le informó de la imputación en su contra y se le mostró las pruebas que tenían. El abogado se habría abstenido de dar su versión, un derecho que tiene todo sospechoso.
No trascendió si el juez federal Leopoldo Rago Gallo dictó o no una resolución para resolver la situación legal del profesional, con la cual se determinará si sigue vinculado al presunto delito de encubrimiento o si lo despegan de esa acusación.
Tampoco trascendió de la investigación si los cinco narcos pertenecían o no a una misma banda. Al parecer, eran independientes entre sí, ya que no habría vínculos comerciales entre ellos. De lo que no tienen dudas los investigadores es del sistema de alerta mutua para protegerse ante el inminente allanamiento que les iba hacer la Policía Federal.
Y la bronca interna que hay en la Justicia Federal es enorme. Es que alguien le filtró al abogado sospechado de encubrimiento el dato de que iban allanar a los cinco narcos. Esa información, y el procedimiento para emitir las órdenes de allanamiento, son elementos que se manejan en un circuito muy cerrado y entre gente de mucha confianza.
De lo que no hay dudas es que alguien filtró la información y eso tiene dos frentes: los empleados de la justicia o los policías que iban realizar los allanamientos.
¿Estará involucrado el empleado Sergio Puentedura, detenido por el robo de casi 40 kilos de droga al juzgado, a quien ahora también le descubrieron que frenó al menos dos juicios a narcos?
Dato
El abogado investigado es hincha de San Martín de San Juan, club para el que organizó un agasajo en septiembre del año pasado por los 107 años. También defendió a los jugadores Bueno y Covea en el escándalo por las lesiones graves que le hicieron a un joven músico.
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El delito
El artículo 277 del Código Penal Argentino establece una pena de 6 meses a 3 años de prisión para el que "tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta”.
En el caso de que se pruebe que haya involucrado un empleado del Juzgado Federal o un policía de la Federal, la pena es mayor porque se agrava por su condición de funcionario público.
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