Otro bombazo en el escándalo: el fiscal Mallea sumó más sospechosos

Ya están denunciados buena parte de los que consideran una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado con los precios inflados de las expropiaciones: el abogado sospechado como el cerebro de la banda, Santiago Graffigna, su ex socio Horacio Alday, el ex fiscal de Estado (los abogados defensores de la provincia) Mario Díaz, los ex jueces Marún de Sobelvio y Macchi, los miembros del Tribunal de Tasaciones y la perito de fiscalía Ana Melvin. Salvo Alday, todos procesados. De todos los que intervinieron en los procesos presumiblemente fraudulentos, faltaban los peritos que actuaron como parte de Graffigna y que, según este criterio denunciado, también ayudaron a dar el gran golpe.
Por esa razón, el fiscal de Cámara Eduardo Mallea –que subrogó al fiscal general Eduardo Quattropani- presentó esta mañana una nueva denuncia en este escándalo que tuvo la novedad de incluir por primera vez a los tasadores de Graffigna, los ingenieros Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos.
Mallea debuta de esta manera como denunciante en el escándalo, luego de que la Fiscalía de Estado –los letrados que defienden el patrimonio público provincial- presentó primero la megacausa en octubre de 2010 que dio lugar a que se destapara este escándalo, y luego tres ampliaciones de denuncia más con material que se fue acumulando.
En el caso de Mallea, esta denuncia nació como consecuencia de su participación en representación del interés del público en la destitución del juez Carlos Macchi. De esas audiencias y de los fallos de todos los integrantes del jury en el que participó, Mallea extrajo los elementos con los que radicó hoy la denuncia en la fiscalía penal en turno.
Esta nueva denuncia es, en consecuencia, la quinta que se presenta en la justicia provincial para investigar esta supuesta red de ilícitos cometidos en el propio intestino del propio palacio de Tribunales, con jueces y allegados bajo sospecha, y que es considerado el escándalo más grande de la historia provincia.
Recayó esta nueva acusación en el fiscal Fabricio Médici, quien ahora deberá expedirse. Hay que recordar que Médici ya se inhibió en una instancia de este escándalo argumentando tener una relación de amistad con el principal acusado, Santiago Graffigna. Ahora, Graffigna y Macchi también están denunciados junto a los tres peritos de parte. Por lo tanto, habrá que esperar lo que resuelva el fiscal que fue llamado nuevamente a intervenir. La semana pasada, la Fiscalía de Estado presentó una ampliación de denuncia contra Carlos Macchi y lo hizo en la fiscalía de quien lleva adelante la investigación, Carlos Rodríguez. En este caso de la denuncia de  Mallea fue presentada en la fiscalía de Médici porque es la que está de turno, aunque luego podrá agregarse a las actuaciones originales.
En su presentación, Eduardo Mallea fue muy duro en la descripción de la presunta red delictiva detectada dentro de Tribunales. Sostiene que “nada de lo que se hubiera propuesto realizar o ejecutar de manera ilegal el Dr. Graffigna como jefe u organizador de una asociación ilícita hubiese sido posible sin el concurso, complacencia, colaboración o participación de los ahora denunciados, cada uno en sus respectivos roles”. A Graffigna, Mallea los acusa por su rol en el expediente que aún no fue procesado –el Parque de Mayo- y a los peritos los involucra en las maniobras de “Ruiz, Guillermo” (la veredita de Desamparados de 900 m2 por la que pagaron $25 millones), Parque de Mayo (una acción civil para que se paguen $1.500 millones, con fallo de Macchi) y Canal Benavídez (con fallo y confirmación de cámara para que se paguen $100 millones). En todos ellos, los peritos intervinieron en los procesos de tasación, fijando sumas irrisorias a las que luego el tribunal se acercaba con sus fallos y los jueces avalaban también.
Agregó Mallea en su presentación que “nada fue fortuito, casual, accidental o aleatorio, por el contrario, todo fue debidamente pensado, planeado, deliberado y consecuente con la finalidad propuesta: el saqueo de las arcas del Estado provincial en beneficio de unos pocos individuos inescrupulosos”.
Sostiene además que “se trata de una organización estable que se mantuvo en el tiempo” y que hubo “dictámenes falsos de peritos, defraudación, utilización de documentos espurios”.
La investigación penal de este escándalo se encuentra desde hace más de un mes sin juez, luego de la licencia de María Inés Rosellot y las demoras de la justicia en designar un reemplazante.