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SUSCRIBITE A través del Boletín Oficial de la Nación, se conoció que los colegios y universidades privadas no deberán informar los aumentos de cuotas. Desde 1998, estos establecimientos comunicaban anualmente los importes a la Secretaría de Comercio nacional, pero el Poder Ejecutivo argentino decidió derogar dicha resolución.
La decisión de la gestión presidencial de Javier Milei tuvo impacto en San Juan. Sobre este hecho, referentes manifestaron que conocieron la derogación por los medios nacionales, aunque expresaron que no fijaron posturas.
Desde la Dirección de Educación Privada del Gobierno local, a cargo de Analía Alaniz, y la asociación que nuclea a los colegios parroquiales de la provincia, quien tiene a Silvia Berrino como representante, le indicaron a Tiempo de San Juan que conocieron esta novedad durante la presente semana. A pesar de ello, manifestaron que todavía no llegó ninguna notificación oficial.
Misma situación ocurre con las universidades privadas con sede en la provincia. Según le informaron a este diario, conocieron de la derogación de la resolución, pero deben sentarse a conocer los detalles de las medidas y tomar posturas al respecto.
Las 14.000 escuelas privadas del país, subvencionadas o no, deberán seguir informando sus aranceles a las jurisdicciones, aclararon a Infobae desde la Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA). Representantes de la Asociación se habían reunido la semana pasada con el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño. En esa reunión solicitaron la derogación de la Resolución 678/99 anunciada este lunes.
Según evalúan en AIEPBA, en contextos inflacionarios como lo de los últimos años “resultaba difícil de prever el monto anual de las matrículas y constituía una tarea engorrosa para los responsables administrativos de los colegios”. Desde la Asociación celebraron la derogación por considerar que se trataba solo de “un trámite burocrático”, y explicaron que la norma había sido promulgada durante los noventa, en un contexto sin inflación.
“Los colegios tendrán que seguir notificando el valor de las cuotas y los costos del servicio a cada una de las jurisdicciones provinciales y a las familias, pero ya no deberán cumplir con ese trámite engorroso que todos los años exigía la Secretaría de Comercio de la Nación”, aseguró el secretario ejecutivo de la asociación, Martín Zurita.
La Resolución 678/99 establecía que los establecimientos educativos privados debían informar antes del 31 de octubre de cada año a la Nación el importe de la matrícula de inscripción o reinscripción. Además, debían notificar el valor total de la cuota o arancel mensual, discriminando los conceptos correspondientes a enseñanza programática, extraprogramática y todo otro concepto adicional, conforme a un formulario anexo de cuatro planillas.
Los colegios privados también debían informar a la Secretaría de Comercio la cantidad total de cuotas durante el año lectivo siguiente, la forma y plazo de pago de las cuotas, el monto y criterios de aplicación de los recargos en caso de mora y la cantidad de alumnos.