La Justicia sanjuanina resolvió un caso de alto impacto sobre el patrimonio provincial: confirmó que un extenso terreno de cerca de 37 mil hectáreas, ubicado en la zona de Marayes, departamento Caucete, sigue siendo propiedad del Estado. La decisión fue tomada por la Sala Segunda de la Cámara Civil, que rechazó el intento de un grupo de mujeres que pretendían adjudicarse el inmueble mediante una demanda por usucapión.
Intentaron quedarse con 37 mil hectáreas en Caucete, pero la Justicia frenó la maniobra
Un grupo de mujeres reclamó la propiedad de un inmenso terreno fiscal en Marayes, pero no logró demostrar la posesión. La Cámara Civil falló a favor del Estado y marcó un precedente clave para la protección de tierras públicas.
El conflicto judicial se originó a partir de la causa caratulada como “Turcumán Silvia sobre adquisición de dominio por usucapión”, en la que las demandantes alegaban haber heredado derechos de un supuesto ocupante original del predio. No obstante, no lograron presentar pruebas suficientes que acreditaran una posesión legal, pacífica y continua durante al menos 20 años, como exige la figura de prescripción adquisitiva.
Aunque en primera instancia la sentencia había sido favorable a las reclamantes, la Fiscalía de Estado apeló. En su revisión, la Cámara detectó serias inconsistencias: no había documentación tributaria, servicios registrados a nombre de las supuestas poseedoras, ni planos actualizados o testimonios que respaldaran la ocupación. Además, se descubrió que las demandantes habían cedido esos presuntos derechos a una empresa privada, lo que generó más dudas sobre la legitimidad del reclamo.
Uno de los puntos claves del fallo fue que el terreno no tiene título de propiedad inscripto, lo cual –según la legislación argentina– implica que pertenece al Estado, salvo prueba contundente en contrario. Por este motivo, la Fiscalía actuó en defensa de los bienes públicos para evitar que tierras fiscales sean apropiadas sin un proceso legal válido.
Desde el organismo destacaron que este tipo de decisiones judiciales ayudan a resguardar el patrimonio de todos los sanjuaninos, sobre todo en zonas rurales donde la falta de registros claros puede ser aprovechada para intentos de apropiación irregular.
Aunque aún queda abierta la posibilidad de un recurso extraordinario ante la Corte de Justicia de San Juan, fuentes cercanas al caso consideran que el fallo es sólido y poco probable de ser revertido. El caso también pone en evidencia la necesidad urgente de avanzar con la regularización dominial en la provincia, a fin de prevenir nuevos litigios y brindar mayor seguridad jurídica sobre grandes extensiones de tierra.
(Fuente: El Nuevo Mundo)
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