Un subsidio para "usurpadores", la salida para poder entregar el barrio donde viene Alberto

El presidente de la Nación vendrá este lunes 7 de noviembre a cumplir con la promesa que hizo en enero del año pasado, cuando trajo financiamiento para las víctimas del terremoto en San Juan. Este complejo, el Sierras de Marquesado, ubicado en Rivadavia, será el primero para atender a los damnificados y hay otro en construcción en Pocito que se terminará alrededor de febrero. El barrio rivadaviense estaba previsto ser entregado en septiembre, pero una de las razones que lo demora es la aparición de 230 familias nuevas que se asentaron en las villas a erradicar, que llegaron posteriormente de las censadas por el sismo, con el fin de también obtener casa.

Según datos difundidos por el IPV meses atrás, un relevamiento de 2019 dejó registradas 644 familias de los asentamientos rivadavienses La Paz, Pellegrini, Evita y La Defensa, ubicadas en las inmediaciones de Calle 5 y Pellegrini. Se inició así la construcción de un barrio para darles respuesta habitacional, lo que se precipitó con el terremoto. La planificación oficial incluyó 725 casas en el complejo Sierras de Marquesado, pero mientras tanto se sumó gente a los asentamientos, alrededor de 230 familias, con lo que se disparó una situación tensa entre el Gobierno y los "okupas".

Una de las reflexiones que hace Garcés sobre los asentamientos es que "cuando se hace el relevamiento se empieza a sumar gente y muchos piensan que la tierra que compramos se hace un elástico y no es así". Una de las reflexiones que hace Garcés sobre los asentamientos es que "cuando se hace el relevamiento se empieza a sumar gente y muchos piensan que la tierra que compramos se hace un elástico y no es así".

Mientras históricamente se aplicó la orden de desalojo judicial para despejar los lotes de "ocupantes ilegales", esta vez se aplica por primera vez el subsidio, una solución que propicia un delicado horizonte a futuro. En este entramado se debaten dos ideas, la de las razones, que apunta a que hay personas necesitadas que son sujetos de derecho de un techo digno; y la del método, que para lograrlo cometen el delito de ocupar un terreno que no les pertenece, lo que muchas veces se usa también como método extorsivo para llegar a la casa propia.

Acuerdo inédito

Quien dio detalles de este abordaje es el secretario de Viviendas de la Provincia, Robert Garcés. En diálogo con Tiempo de San Juan dijo que "ha habido un acuerdo que lo manejó muy bien el ministro (de Desarrollo Humano) Fabio Aballay con su equipo, que es el cumplimiento del subsidio que se va a dar a través del Banco San Juan y con tarjeta. Hemos estado apurando ahora en este viaje que hicimos a Buenos Aires con el gobernador, a través de la gerencia del banco, que a este segundo grupo antes de que hagamos la relocalización van a tener los fondos depositados. El tema es no molestarlos mucho con que no tengan la tarjeta, eso es lo que le pedimos al ministro, y creo que ha sido un acuerdo importante".

Según el funcionario, "también está la cuota de ahorro qué es una resolución que tomó el Instituto Provincial de la Vivienda, que ellos habían hecho el pedido. no sé si está quedando alguien pero no es conveniente que quede nadie, para que no tengamos que tomar alguna medida. No puede pasar una topadora una casa sí y a otra no".

De acuerdo a lo señalado por Garcés, esta salida política permitió tener allanado el camino para proceder a la entrega del barrio y hacer la erradicación de los ranchos. "La mayoría se ha solucionado que es lo que importa y lo que más importa es que hay un compromiso que seguir buscando terreno. De hecho, estamos viendo algún terreno con Planeamiento y está la decisión política del Gobernador de seguir comprando terrenos. La idea de esta política habitacional es seguir resolviendo la demanda de viviendas, específicamente en el tema de relocalización".

El funcionario también citó como ejemplo el trabajo con la villa Pedro Echagüe en Santa Lucía, para cuyos habitantes censados ya se compró el terreno del ferrocarril argentino, transacción en la que se ultiman detalles. Son más de una veintena de hectáreas para poder construir casi 400 viviendas. "Hay muestras acabadas de esta política de respuestas para la relocalización de asentamientos", remarcó.

Así, el secretario de Viviendas explicó el paso a paso del trato con los "usurpadores": "de acuerdo a un relevamiento previo el subsidio se va a depositar mensualmente hasta que nosotros resolvamos el inicio de un barrio que dé respuesta definitivamente al problema. Se le da a cada familia que se ha censado, que son los que se están yendo de los nuevos 230. Esta gente va a recibir la primera cuota creo que son $50.000, porque ellos argumentan qué tenían que hacer un depósito, y la cuota siguiente es de $25.000 y se va ajustar cada 6 meses. Ellos tendrían que con eso salir alquilar o ver cuál es la solución que les ayude hasta tanto nosotros podemos resolver el tema de fondo", dijo. ¿Cuánto tiempo se va a pagar este subsidio? "Diríamos que no tiene mucho límite, no se puso en el contrato pero sí resuelve el problema", afirmó.

A su vez, los "ocupantes ilegales" de los terrenos, se comprometen a dejarlos libres y a pagar una cuota ahorro de $1.400 al IPV para asegurarse su techo propio. También, prometer que no van a ocupar ningún otro terreno mientras dure la espera de su casa propia.

¿Después, qué?

Garcés dijo que los que entran en este inédito acuerdo "son los que están en el listado que tenemos que respetar cuando se haga el barrio. Nosotros tenemos el compromiso con esa gente de que el barrio que se haga es para ellos, como se respetó el actual".

El funcionario reconoció que es una jugada arriesgada. Si el Estado ya no desaloja y les paga a los que ocupan terrenos para darles luego una casa es de esperar que se abra una compuerta de situaciones similares con cada villa en San Juan.

Sobre esto, Garcés analizó: "esta operatoria es nueva, nunca se hizo. Antes los desalojaban directamente e inclusive muchos se salvaron porque en un terreno privado donde ellos estaban se paró el desalojo porque, sino, se nos venía el problema encima al Gobierno. ¿Dónde se iba a ir esa gente?". Entonces, destacó, "el Gobierno ha hecho todo lo posible y lo imposible por darle una solución a estas personas".

Y destacó el funcionario: "Yo creo que es la decisión política menos dolorosa para el Gobierno". Y destacó el funcionario: "Yo creo que es la decisión política menos dolorosa para el Gobierno".

Sobre si considera que esta medida puede "motivar" a la gente a hacer ocupaciones ilegales, respondió que "vamos a ver qué va a pasar con la Pedro Echagüe en su momento y con el barrio Pampas de Pocito, que ya sabemos de gente que no está censada. Vamos a ver qué medidas aplicar, no lo podemos decir ahora. De cualquier manera lo que queremos es que hay una solución pacífica y que haya compromiso de las partes. Hasta ahora vamos cumpliendo", concluyó.

Casas por el terremoto

Como consecuencia del terremoto, cuya intensidad fue de 6,4 grados en la escala de Richter, muchas familias sanjuaninas sufrieron la pérdida de sus viviendas. Horas después de aquel recordado movimiento telúrico, el presidente Alberto Fernández arribó a San Juan, visitó las zonas más afectadas y prometió la construcción de nuevas viviendas sismorresistentes para todos los damnificados.

Un mes después, el Gobierno de San Juan llamó a licitación para la construcción de los barrios Ingeniero Céspedes y Sierras de Marquesado, con un total de 112 y 725 viviendas, respectivamente. Se trata de barrios llevados adelante por el Instituto Provincial de la Vivienda, a través del programa Casa Propia, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Sobre el barrio Ingeniero Céspedes, el proyecto está integrado viviendas distribuidas en dos sectores. Las unidades habitacionales cuentan con 2 dormitorios, baño y estar, comedor- cocina con espacio para lavarropas en el interior y pileta de lavar en el exterior. Además, estarán provistas de instalaciones eléctrica, gas natural, agua y desagües cloacales.

En cuanto al barrio Sierras de Marquesado, está armado en dos zonas, Este y Oeste. La Zona Este cuenta con 351 viviendas y la Zona Oeste está integrada por 374 viviendas.

Las 837 casas, de ambos complejos, serán entregadas con la instalación eléctrica finalizada y conexiones para gas natural y agua potable. Así mismo, todas las propiedades podrán unirse a la red cloacal.

Se prevé que el operativo de traslado de las familias del asentamiento hacia las nuevas casas lleve 3 días, entre lunes y miércoles.