La novela de la denuncia judicial contra Alfredo Duarte, el histórico secretario general del gremio ATSA en San Juan, sumó un nuevo episodio de incertidumbre y versiones cruzadas. El escenario real de la causa indica que la última audiencia prevista debió suspenderse debido a problemas de salud de Milenko García, abogado defensor de Duarte, quien se recupera de una intervención quirúrgica reciente. Esta postergación dejó en suspenso la definición sobre la aplicación del instituto de la probation, una salida alternativa que la fiscalía y la defensa exploraban pero que cuenta con la oposición de la parte querellante. Así, la investigación penal preparatoria sigue su curso con un plazo que se extiende hasta agosto, por lo que el futuro procesal del dirigente gremial se debate entre un posible acuerdo o la instancia de un juicio oral pero no está nada definido todavía.
Las posturas de los letrados involucrados exponen diferencias en la interpretación del estado actual del proceso. Adrián Berni, abogado de la familia Gómez y representante de la querella, sostuvo en declaraciones a Radio Sarmiento que la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba ya quedó descartada por el fiscal ante la inasistencia de la contraparte y la falta de un acuerdo reparatorio adecuado. Berni afirmó que la causa se encamina indefectiblemente hacia el juicio oral, paso que estima se concretará en un plazo no mayor a tres meses. Por el contrario, Milenko García, el diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, desmintió categóricamente que se haya dispuesto la elevación a juicio en este momento, subrayando que la causa aún permanece en etapa de investigación y que cualquier afirmación sobre un juicio inminente carece de veracidad fáctica al día de hoy. Fuentes calificadas de tribunales ratificaron esta última postura.
Para que Duarte se siente finalmente en el banquillo de un juicio oral, deben cumplirse pasos procesales específicos que aún están pendientes. En primer lugar, debe concluir formalmente el plazo de investigación de seis meses otorgado al fiscal José Plaza, el cual inició con la formalización de la imputación en febrero. Una vez agotada esta etapa, y si no se llega a una salida alternativa como la probation, el Ministerio Público Fiscal deberá presentar el requerimiento de elevación a juicio. Solo tras una audiencia de control de acusación, donde un juez de garantías evalúe las pruebas y los cargos por amenazas y daños, se podrá fijar una fecha para el debate oral y público.
El origen de la denuncia se remonta al 26 de noviembre de 2025, tras la viralización de un video que capturó a Duarte en un violento episodio en la Villa del Salvador, Angaco. En las imágenes se observa al dirigente sindical atacando a piedrazos una camioneta modelo 2026 perteneciente a la familia Gómez, mientras profería insultos y amenazas de muerte.
La querella sostiene que el conflicto se inició por un motivo trivial: el hecho de que las víctimas estacionaran su vehículo bajo la sombra de un pimiento en un predio sin cierre perimetral que el sindicato reclama como propio: "Hay un árbol muy bonito, un pimiento grande que da mucha sombra ahí en Angaco y bueno, mi cliente dejaba la camioneta ahí para protegerla del sol de la siesta san juanina, pero sin molestar y sin realizar ningún daño. Y eso fue lo que molestó al secretario general, vio la camioneta, se bajó del auto y empezó a arrojar piedras, lo produjo una rotura de la óptica trasera de la camioneta y produjo un daño en la pintura. Así que ese fue el problema real", aseguró Berni. Además de los daños materiales valuados en más de cinco millones de pesos, la denuncia se amplió por el hostigamiento telefónico que habría sufrido la pareja de Gómez, incluyendo agresiones verbales contra una menor de edad que requirió asistencia psicológica.
Berni calificó la actitud de Duarte como una violencia injustificada propia de quien se siente por encima de la ley debido a su cargo sindical, equiparando su responsabilidad a la de un funcionario público. El abogado querellante rechazó que el daño se repare con simples tareas comunitarias o donaciones de leche, exigiendo una sanción penal y un resarcimiento civil significativo. Duarte, por su parte, apenas fue denunciado alegó que su reacción fue una defensa legítima de la propiedad de los trabajadores de la sanidad frente a lo que él denomina una "usurpación" histórica por parte de la familia Gómez. Según su versión, el predio fue ocupado ilegalmente durante 40 años y su accionar fue una respuesta desesperada para expulsar a quienes, según sus palabras, actúan con prepotencia en terrenos del gremio.
El trasfondo político también está presente. Berni durante años fue vocal de ATSA y secretario personal del propio Duarte, con quien compartía una relación de estrecha confianza. Sin embargo, en 2025 la relación se quebró cuando Berni decidió encabezar una lista opositora para disputar la conducción del gremio, contienda en la que Duarte resultó ganador, extendiendo su mandato de más de dos décadas. La aparición de Berni como el estratega legal de la familia denunciante se lee como la continuación de aquella interna electoral por otros medios.