Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEs el resultado de una muestra realizada en el AMBA, donde además perciben que la Justicia favorece a los ricos y a los poderosos.
El Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un estudio de opinión pública sobre corrupción, funcionamiento de la Justicia, que arrojó que el 94,6% de los ciudadanos percibe que los jueces son influenciados por el poder político.
Sobre la ineficiencia, el 94,1% considera a la administración de la Justicia poco o nada eficiente. En segundo lugar, el 88,3% sostiene que la justicia favorece a los ricos y poderosos. Además, el 94,6% percibe que los jueces son influenciados por el poder político o económico.
También, el 73,8% considera que la justicia empeoró en los últimos años y, el 55,8% cree que la justicia empeorará en los próximos años. Por último, el 93,6% sostiene que la corrupción afectó mucho o bastante a su vida cotidiana.
El estudio identifica un mapa de percepciones y opiniones altamente consistentes y fuertemente negativas sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino, revelando un consenso que atraviesa la grieta socio-política e ideológica.
El estudio social se llevó a cabo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en mayo de este año sobre un total de 1.217 casos, abarcando los siguientes seis ítems:
Confianza en el sistema judicial
Del 1 al 10, los votantes del presidente Milei dijeron tener el 2,6 de confianza en la Justicia, mientras que los de Sergio Massa dejaron el número en 2,4. La muestra total del OPSA fue de 2,5.
Sobre este punto, los resultados del informe indican que el 77% de la población consultada está de acuerdo con darle prioridad a los méritos académicos por sobre la negociación política a la hora de la selección de jueces.
Por último, a modo de conclusión general, el informe marca una clara disconformidad social donde “la sociedad argentina expresa una desconfianza estructural hacia el sistema judicial y, por extensión, hacia el conjunto de las instituciones políticas que articulan la vida democrática” y señala que “lo más significativo del relevamiento no es la magnitud del rechazo -que es máxima- sino su transversalidad”, ya que “el malestar atraviesa las divisiones de género, edad, nivel educativo, voto y autopercepción ideológica, evidenciando que el tema escapa por completo a la lógica de la grieta política”.