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SUSCRIBITEEl Ejecutivo se mantiene firme en su decisión de bloquear cualquier iniciativa que no surja de sus propias filas. El rechazo incluye el proyecto que busca modificar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles, respaldado por los 24 mandatarios provinciales.
El presidente Javier Milei no avalará ninguna ley que no tenga origen en el oficialismo, incluso si cuenta con un amplio respaldo político, como ocurre con el proyecto que propone cambios en el régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y en la distribución del impuesto a los combustibles. La iniciativa, impulsada en conjunto por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, será vetada en caso de ser sancionada por el Congreso.
Desde Casa Rosada fueron categóricos: “No está en duda el veto. Javier va a vetar las leyes que impulsan los gobernadores”, aseguró una fuente oficial.
El planteo contrasta con las recientes declaraciones de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien sostuvo que, en su opinión, el Presidente debería permitir la aprobación de la propuesta. Según el funcionario, eso permitiría avanzar más fácilmente con una reforma integral de la Coparticipación Federal. Sin embargo, dentro del Gobierno minimizaron sus dichos y los interpretaron como una estrategia política: “Lo de Federico fue una chicana. Coincidimos en que hay que modificar ese régimen, pero no de esta forma”, expresó un asesor cercano al Presidente.
Ambas iniciativas, la referida a los ATN y la que propone redistribuir los fondos del impuesto a los combustibles, fueron aprobadas en el Senado y ahora deben pasar por la Cámara de Diputados. No obstante, fuentes parlamentarias aseguran que Martín Menem, presidente del cuerpo y referente libertario, recibió la instrucción de dilatar el tratamiento lo más posible. Pese a esto, las provincias podrían reunir los votos necesarios para tratar los proyectos sobre tablas.
Según un informe elaborado por equipos técnicos de las provincias, el costo fiscal conjunto de ambas medidas representa un 0,11% del PBI. Aun así, destacan que el Gobierno nacional podría cumplir con el superávit del 1,6% del producto previsto para este año, incluso por encima del 1,3% acordado con el FMI.
Aún con ese margen, la postura oficial se mantiene inalterable. “El superávit fiscal no se toca”, repiten desde Balcarce 50, donde consideran que permitir avances desde la oposición en temas financieros socavaría uno de los pilares centrales del programa económico de Milei.
El mismo criterio se aplicará a otras leyes recientemente sancionadas, como la de movilidad jubilatoria, la reincorporación de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El Poder Ejecutivo tiene hasta el 30 de julio para vetarlas, plazo que comenzará a correr una vez que el Senado envíe formalmente las leyes.
“Sería inmoral no vetar lo de los jubilados”, argumentan cerca del Presidente. Y explican: “Hoy hay más niños pobres que jubilados pobres. Por eso, por ahora, elegimos priorizar recursos para los primeros”.
Las provincias presentaron un proyecto de ley que busca reformar dos aspectos clave del esquema fiscal: el régimen de los ATN y la distribución del impuesto a los combustibles líquidos.
En cuanto a este último, el texto plantea modificar el artículo 19 de la ley 23.966 para incrementar el porcentaje que reciben las provincias del total recaudado. Actualmente, solo el 10,4% va a las jurisdicciones, mientras que el resto se divide entre el Tesoro Nacional, FONAVI, el sistema previsional y varios fideicomisos. La propuesta de los gobernadores apunta a elevar ese porcentaje al 58,36%, disolviendo los fideicomisos existentes y transfiriendo los fondos directamente a las provincias.
Respecto a los ATN, la iniciativa busca eliminar la discrecionalidad del Gobierno nacional en su asignación. Plantea mantener los porcentajes históricos, pero establece que el fondo se distribuya automáticamente y de manera diaria. Además, incluye una compensación especial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego.
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