Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia

En el escrito, Ríos y Fernández calificaron la sanción como "arbitraria e ilegítima" y sostuvieron que fue aplicada sin respetar el derecho de defensa ni el debido proceso. Además, cuestionaron que la medida se haya adoptado cuatro meses después de los hechos y sin una instancia previa en la que pudieran ejercer su descargo.

Los concejales argumentaron que su retiro del recinto respondió a que consideraban ilegal la convocatoria de aquella sesión. Según señalaron, la reunión no reunía los requisitos previstos para una sesión especial y, en todo caso, debió haberse convocado bajo otra figura contemplada por la normativa vigente.

También rechazaron que su conducta pueda ser considerada una falta disciplinaria. En la impugnación sostienen que retirarse de una sesión constituye una herramienta parlamentaria válida para expresar desacuerdo político e institucional y remarcaron que el funcionamiento del cuerpo no se vio afectado porque el quórum se mantuvo con la presencia de cuatro de los seis concejales.

Otro de los puntos centrales del planteo apunta contra las facultades del presidente del Concejo. Los ediles sostienen que Gómez no tiene competencia para aplicar sanciones de este tipo a concejales en ejercicio de sus mandatos y que las atribuciones disciplinarias previstas en la Ley 430-P alcanzan únicamente al personal administrativo del cuerpo.

Además, solicitaron una copia certificada del acta de la sesión del pasado 3 de junio, cuando se resolvió la suspensión, y dejaron planteada una reserva para ampliar la impugnación una vez que accedan a esa documentación.

En el tramo final del escrito, los concejales advirtieron que, si el Concejo Deliberante rechaza el planteo, recurrirán a la Justicia mediante acciones contencioso-administrativas y amparos, al considerar vulnerados principios constitucionales vinculados al debido proceso, la legalidad y el ejercicio de sus funciones como representantes electos.

Una pelea con antecedente

La suspensión tiene como antecedente una fuerte disputa política dentro del oficialismo sarmientino. Gómez llegó al Concejo Deliberante por el mismo espacio político que el intendente Alfredo Castro, aunque con el correr de los meses comenzó a mostrar cercanía con dirigentes de La Libertad Avanza.

La relación terminó de tensarse cuando, en diciembre pasado, logró ser reelegido como presidente del Concejo gracias al respaldo de tres concejales peronistas. La maniobra generó malestar en el entorno del jefe comunal, aunque el reglamento interno no impedía su continuidad en el cargo.

El conflicto luego se trasladó a los tribunales. Primero fue el propio Castro quien intentó cuestionar judicialmente la reelección de Gómez, pero su planteo no prosperó. Más tarde avanzó Ríos con una presentación similar, que también fue rechazada por la jueza Amanda Díaz.

En esa resolución, la magistrada entendió que la concejal pretendía impugnar una decisión adoptada por el mismo cuerpo del que forma parte. El fallo, además, estableció que cada parte debía afrontar los honorarios de sus abogados, por lo que los gastos de la representación legal del Concejo Deliberante deberán ser afrontados con fondos públicos.