La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) es la institución que se encarga de realizar estudios sobre el área glaciar y periglaciar en la provincia, a través de investigadores del Instituto de Geología (INGEO) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCFEN) y del Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH) de la Facultad de Ingeniería (FI). Por este motivo, la casa de estudios casi siempre es el epicentro del debate que hay por la actividad minera y la situación ambiental. Lo fue en la primera década del 2000, durante el boom minero por la actividad en la mina Veladero, y lo está siendo en este contexto, en plena disputa por la aclaratoria de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados, a la espera de las audiencias públicas programadas para esta semana. Como en ese entonces, en el sector académico sanjuanino hay un variopinto de opiniones, principalmente divididas entre quienes estudian las ciencias naturales y aplicadas, y las sociales.
Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ
En los últimos días se observó una gran movilización en diferentes sectores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para debatir sobre la aclaratoria de la Ley de Glaciares, que actualmente está en la Cámara de Diputados a la espera de ser tratada. En este contexto, hay distintas posturas dentro de la casa de altos estudios que reviven las discusiones que tuvieron lugar durante la primera década de los 2000, en medio del boom de la primera ola minera en San Juan.
El debate por la aclaratoria de la Ley de Glaciares comenzó el año pasado, antes y después de que el Gobierno nacional enviara el proyecto que modificaba la legislación y le otorgaba mayor autonomía a las provincias sobre la utilización de sus recursos nacionales, además de otras modificaciones clave para la actividad minera. Uno de los primeros conversatorios fue encabezado por el geólogo Silvio Pastore, especialista en geocriología y glaciología de la UNSJ, quien encabezó una charla informativa organizada en la FCEFN, donde expuso sobre la protección de los glaciares, su relación con los recursos hídricos y los desafíos técnicos que plantea la aplicación de la normativa en zonas cordilleranas.
Si bien Pastore defiende la postura "neutral" de la UNSJ ante la aclaratoria de la legislación, lo cierto es que el especialista es uno de los que plantea que los cambios en la misma son necesarios. El principal argumento es que podría ayudar a distinguir mejor qué cuerpos de hielo son verdaderas reservas estratégicas de agua y cuáles no, algo que, según su postura, permitiría aplicar la ley con mayor precisión técnica sin poner en riesgo los recursos hídricos.
Dentro de la misma facultad también está el geólogo e investigador del CONICET Juan Pablo Milana, también docente de la UNSJ, quien participó en charlas y debates públicos sobre la legislación y el rol de los glaciares en ambientes áridos. Durante estas actividades académicas abordó especialmente la importancia de los glaciares de escombros en la regulación del agua en los Andes centrales y el impacto que podrían tener cambios en la normativa que los protege.
Milana fue el expositor durante una conferencia abierta que tuvo lugar la semana pasada en la Catedral. El grupo San Juan Bautista, fuertemente vinculado con la UNSJ (puntualmente con el Secretario de Relaciones Institucionales, Lucas Molina Rojo), le dio continuidad a la postura nacional de la Iglesia, que está fuertemente en contra de la aclaratoria. Este punto es clave, ya que Molina es la mano derecha del rector Tadeo Berenguer, quien paradójicamente es ingeniero en minas.
Está claro que en la FCEFN conviven al menos dos posiciones contrarias. Las autoridades de la facultad plantearon que, según su postura, el debate será “siempre bienvenido el debate”.
Por otro lado, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) se organizó un debate con la participación del diputado y referente del Partido Obrero, Néstor Pitrola. También disertaron, de manera online, los legisladores Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, y Partido Socialista, Esteban Paulón. Los tres referentes nacionales encarnan posturas fuertemente contrarias a la aclaratoria de la Ley de Glaciares. Esta postura dentro de las unidades académicas relacionadas con las ciencias sociales es muy parecida a la que tuvo lugar en las primeras décadas de los 2000.
Finalmente, aparece la postura predominante dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, particularmente en el círculo académico vinculado al Departamento de Minas. En este sector existe, en términos generales, una posición favorable a una aclaratoria de la Ley de Glaciares, ya que consideran que la normativa actual genera dificultades para el desarrollo de la actividad minera. Según plantean, uno de los principales problemas es la falta de precisión en los límites entre la zona glaciar y el ambiente periglaciar, lo que provoca interpretaciones contrapuestas al momento de aplicar la ley. A esto se suma la discusión científica sobre los glaciares de escombros, particularmente en torno a si estas geoformas aportan efectivamente al ciclo hídrico o no. Cabe aclarar que San Juan es una de las pocas provincias donde hay estudios de tercer grado. Particularmente, realizados en la zona del proyecto El Pachón, donde equipos vinculados a la Universidad Nacional de San Juan realizaron análisis glaciológicos de tercer nivel sobre un glaciar de escombros de la microcuenca del río Pachón, cuyos resultados indicaron que la formación no aportaba agua al sistema hídrico desde hace miles de años y que el hielo presentaba altos niveles de sales y metales, por lo que no sería apto para consumo humano.
Un debate que lleva casi 20 años
Este debate en la UNSJ. A fines de la década de 2000, en pleno desembarco de la megaminería metalífera en la cordillera sanjuanina y con proyectos como Veladero ya en marcha, la discusión sobre los impactos de la actividad comenzó a instalarse también en ámbitos académicos. En ese contexto, la Universidad Nacional de San Juan se transformó en uno de los espacios donde se expresaron con mayor claridad las distintas miradas sobre el modelo minero. Entre 2009 y 2010 se organizaron foros, jornadas y debates abiertos que reunieron a docentes, investigadores, estudiantes y organizaciones sociales para discutir el desarrollo de la minería en la provincia y sus implicancias ambientales, especialmente en relación con los glaciares y las reservas de agua de alta montaña. Aquellas discusiones coincidieron con la etapa más intensa del debate nacional que derivó en la sanción de la Ley de Glaciares, en el 2010.